El negocio de la formación y la complicidad de las instituciones

Libro: Soy formadora. Y me niego al negocio de la formación.
Investigación y lucha contra el fraude en formación.
Fondos públicos de formación convertidos en negocio.
foto portada 3El caos de la formación en España, un sistema privatizado y orientado al lucro. Sin regulación, sin transparencia. Servicios de Empleo niegan los derechos de los formadores y de los ciudadanos.
Comisión europea y Agencia europea niegan responsabilidad, Ministerio no quiere saber nada, Servicios de Empleo no están para regular los fondos públicos.
Formadores sin derechos y en abuso, y callan.
Tu dinero lo convierten en lucro y negocio mientras te niegan tus derechos. Formación para el empleo, el abuso consentido y cómplice.

http://www.amazon.es/Soy-formadora-negocio-formaci%C3%B3n-empleo-ebook/dp/B00KBF8YOS

 

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“No se sabe qué pasa con los cursos a parados”

SALVADOS | AVANCE

En España se invierten al año 2.100 millones de euros en la formación de los trabajadores. De esa cifra, aproximadamente la mitad se destina a los cursos para desempleados. En el programa del domingo,Salvados se fija en este sistema de formación de parados y cómo el fraude y la corrupción lo han afectado.

Parados y defraudados, en Salvados

Jordi Évole cuenta con varios testigos que han experimentado este fraude en primera persona. Sus testimonios darán a conocer la mecánica de la estafa: “El director de mi centro me acompañaba al banco a cobrar mi nómina y se quedaba una parte”, cuenta Lucía, una formadora.

Las afirmaciones de todos ellos comprueban cómo el fraude se da en distintas comunidades autónomas y se sigue produciendo hoy. Para conocer cómo funciona el sistema español, Jordi Évole visita uno de los centros que ofrecen cursos, en el que una profesora universitaria, formadores y alumnos -algunos parados de larga duración- cuentan su experiencia con el sistema.

Salvados viaja también a Dinamarca para conocer el funcionamiento de su sistema, con más control de la eficacia y un seguimiento más personalizado a los parados.

El espacio cierra con la entrevista de Jordi Évole a Mogens Lykketoft, presidente del Parlamento danés, quién hablará de este fraude de la formación en España y cómo Dinamarca ha conseguido ser uno de los países con menos corrupción en el mundo.

 

http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/sabe-que-pasa-cursos-parados_2014103100202.html

 

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La semana que viene, más Salvados… Con el fraude de los cursos de formación a los parados ( y a los no parados)

https://www.facebook.com/SalvadosTV

 

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Profesores de los cursos de formación devolvían en ‘B’ parte de sus nóminas

ElAlmería.es
Onda Cero saca a la luz el testimonio de uno de los formadores de empresas bajo sospecha por fraude en las subvenciones

IVÁN GÓMEZ | ACTUALIZADO 09.09.2014 – 01:00

La caja B de las empresas en el ojo del huracán al descubierto. Uno de los profesores de los cursos de formación que desde hace meses están siendo investigados por la justicia ha narrado de manera anónima a la emisora Onda Cero Almería el modus operandi de una de las empresas implicadas en el fraude de las subvenciones para cursos organizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital almeriense. Con su testimonio revela que le ingresaban una nómina muy alta a cambio de devolver la mitad de su salario en un sobre -en negro- bajo la mesa. Según cuenta este profesor que no quiso revelar su identidad a la radio almeriense, “habíamos acordado que de la nómina que me ingresarían, que era extremadamente alta, yo les devolvería el 50% del importe bajo la mesa”. Reconoce, en este sentido, que era una práctica habitual y que todas las academias que conoce piden un tanto por ciento diferente a los profesores que imparten los cursos de formación investigados por cometer presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y falsedad documental. La exclusiva de Onda Cero viene a confirmar las prácticas ilegales sobre las que se tendrán que depurar responsabilidades en los próximos meses. El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha incoado recientemente diligencias previas para investigar una denuncia particular que refiere presuntas irregularidades en relación a “unos” cursos de formación organizados por el SAE en la capital, un procedimiento penal es independiente al que instruye desde junio la titular del juzgado número 4 de Almería a raíz de la denuncia que formuló la Fiscalía Provincial en el marco de conocido como caso ‘Edu’ al apreciar indicios de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias en las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 con respecto a un total de cuatro empresas.

El Ministerio Público abrió en julio diligencias de investigación tras recibir la citada denuncia y resolvió enviarlas al Decanato de los Juzgados de Almería para solicitar la incoación de un procedimiento penal encaminado a la comprobación de los hechos denunciados y la averiguación de los responsables. La juez del caso ‘Edu’ resolvió este mes prorrogar por segunda vez durante un mes el secreto de las actuaciones que decretó en junio a la espera de recibir el informe “más en profundidad” solicitado a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF. En un segundo informe, “se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería” aunque matiza que “no se realiza una investigación profunda y detallada”. Sí hace mención a que en el citado informe se citan “varias” empresas en las que se “han detectado diversas irregularidades” y recoge cuatro en concreto: “Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL”.

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El Gobierno fuerza a los agentes sociales a cambiar el modelo de formación para acabar con el fraude y hacerlo eficaz

lainformacion.com

Quique Rodríguez

viernes, 01/08/14 – 22:28

  • Sindicatos, empresarios y Empleo negocian desde hace más de medio año una reforma del sistema de formación para el empleo anunciada por Rajoy.
  • La intención era alcanzar un acuerdo en julio, pero los agentes sociales lo rechazaron y Empleo ha buscado una fórmula para introducir los cambios de facto.
Engracia Hidalgo
Se acabó el monopolio de los agentes sociales en la impartición de la formación continua de los trabajadores. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado ya en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación la intención de su Ejecutivo de reformar el sistema de formación para el empleo de nuestro país en busca de mayor eficacia y transparencia. Un  modelo cuya eficiencia ha sido cuestionada de forma casi permanente desde su nacimiento y cuyo prestigio social está en caída libre debido a los numerosos escándalos de corrupción y fraude que vienen detectándose desde hace tiempo.

Ya en 2012, el Gobierno Popular introdujo cambios para que las entidades de formación debidamente acreditadas pudieran competir con los agentes sociales en la adjudicación de estos planes de formación, que cuentan en la actualidad con un presupuesto anual de 180 millones de euros, sufragados casi en su totalidad a través de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional de trabajadores (0,6%) y empresas (0,1%). Hace tan sólo unos años, antes de la caída del número de cotizantes por la destrucción de empleo y de las políticas de austeridad en los presupuestos públicos, esos planes de formación recibían más del doble de financiación, unos 400 millones de euros anuales.

El pasado año, en torno al 30% del presupuesto ya se sometió a la libre concurrencia de los centros de formación autorizados, por lo que los agentes sociales perdieron parte de su monopolio. Pero según ha podido saber Lainformacion.com, la convocatoria de este año 2014 no se había aprobado hasta el mediodía de este viernes 1 de agosto porque estaba supeditada al acuerdo sobre la reforma del sistema, el porcentaje del presupuesto que se abrirá a la libre competencia de cualquier centro de formación, en competencia con los agentes sociales, será el 50% en la formación denominada de oferta (la que proponen las organizaciones sociales, con un presupuesto de 140 millones de euros). A ello hay que añadir que en los planes de formación dirigidos a los jóvenes, de 40 millones de euros, se adjudicarán al 100% mediante esa política de libre concurrencia en los concursos.

Negociaciones sin acuerdo por el momento

La intención del departamento de Empleo, en unas negociaciones que está liderando de manera personal la secretaria de Estado de Empleo,Engracia Hidalgo, era tener perfilada la reforma del modelo de formación durante este mes de julio, antes de la interrupción del curso político por las vacaciones, como ha sucedido con la nueva Ley de Mutuas, el portal único de ofertas de empleo o el modelo de colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.

No obstante, desde el Ejecutivo se ha priorizado que esa reforma del modelo de formación de los trabajadores se lleve a cabo de forma consensuada con losinterlocutores sociales. Pero éstos han rechazado los términos del acuerdo en los últimos contactos mantenidos esta misma semana. Y ello a pesar del pacto entre Gobierno y los mismos agentes sociales para poner en marcha un plan de crecimiento y empleo que aludía a la reforma de este sistema de formación, y que tuvo su puesta de largo el pasado martes 29 de julio en una reunión al más alto nivel en Moncloa con la presencia de Rajoy, la ministra Báñez, Rosell, Toxo, Méndez y Terciado (presidente de Cepyme).

Así las cosas, esta misma mañana se ha convocado una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias, las mismas que se reunieron con Rajoy el martes.

En esa reunión se ha abordado la convocatoria pendiente de los planes de formación para este año 2014 y en ella se han introducido, de facto, los cambios sobre los que el acuerdo había sido imposible horas antes y que cambian a partir de ahora el modelo de formación de trabajadores 

Libre competencia entre centros de formación y fin al monopolio de los agentes sociales

Además de la citada ampliación de la libre competencia al 50% de los planes para este año 2014, en el documento aprobado hoy por unanimidad por el patronado de la Tripartita se adelanta que “la presente convocatoria será la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo”. Y se añade que “con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos”. Es decir, a partir del próximo año, los agentes sociales pierden por completo el monopolio de este tipo de formación y el 100% del presupuesto estará abierto a la libre competencia entre los centros de formación autorizados.

El documento también señala que “el nuevo modelo deberá estar operativoy resultar de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015”. De esta forma se pone fecha máxima para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo.Las negociaciones con los agentes sociales se retomarán en septiembrey si no se alcanzase un acuerdo para la definitiva reforma del sistema de formación, el Ejecutivo ha asegurado en público en sucesivas ocasiones que legislará por su cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que a finales de año nos encontraremos ante las puertas de un año electoral, por lo que está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si no llega a ese pacto con los agentes sociales.

Los cambios introducidos en el sistema de formación para el empleo

No obstante, el resto de cambios principales que se introducirían en el modelo para luchar contra el fraude y buscar una mayor eficacia de la formación para el empleo, ya se han incluido de facto en la convocatoria aprobada hoy, en una reunión que ha sido tensa, larga e intensa.

Sindicatos y patronales ya no serán juez y parte

Entre estos cambios destaca que los sindicatos y organizaciones empresariales dejan de formar parte del órgano colegiado que supervisa los concursos de los planes de formación, de forma que dejan de ser juez y parte, una de las principales acusaciones que se les han hecho históricamente.

Nueva unidad especializada de la Inspección de Trabajo para evitar fraudes

Además, se recoge en el documento aprobado hoy la futura creación de unaunidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude: “Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya, entre otras cuestiones, la imposibilidad para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo”.

No se adelantará el 100% del importe de la subvención y habrá que acreditar su ejecución

Hasta ahora las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían por adelantado el cien por cien del presupuesto de los proyectos, algo que ya no sucederá. Ya en este año 2014, los adjudicatarios percibirán de entrada el 50% de la financiación y dos plazos del 25% cuando se comuniquen los participantes en las acciones formativas una vez hayan comenzado a desarrollarse, y cuando se acredite su total ejecución.

No hay que olvidar que una de las formas de fraude consistía en recibir esas subvenciones para cursos que no llegaban a celebrarse y en los que se inscribía a falsos alumnos.

Límites a la subcontratación de cursos

Por último, la convocatoria de este año recoge otro cambio importante en aras de la lucha contra la corrupción y en busca de la efectividad de los planes de formación. Hasta ahora, las entidades adjudicatarias solían subcontratar a terceras empresas de formación la ejecución de los planes, generando unasituación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios necesarios y creando una red de pleitesías, dependencias, favores e intereses.

Para poner coto a esta situación se limita al 50% el importe de las subvenciones para cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar a terceros, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación sin subcontratarlos. En ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-gobierno-fuerza-a-los-agentes-sociales-a-cambiar-el-modelo-de-formacion-para-acabar-con-el-fraude-y-hacerlo-eficaz_d0uaXf3VVlYT9J6eCXaGi2/

 

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Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA

  • El sindicato llevaba ‘años sin justificar’ los cursos pero siguió obteniendo ayudas

  • La CEA impidió de facto revisar sus aulas al convocar 100 cursos la víspera de su inicio

  • UGT-A ordenó borrar el nombre de Manuel Pastrana en la factura de un viaje

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco...

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco Carbonero (CCOO), la semana pasada. J. M.

La confesión de un alto funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto en el disparadero judicial no sólo a UGT y sus facturas falsasdestapadas por EL MUNDO, sino también a CCOO y a la patronal andaluza, a los que el empleado autonómico acusa también de irregularidades en los cursos de formación.

Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional -adscrito ahora a la Consejería de Educación de la Junta que dirige el socialista Luciano Alonso-, denunció en agosto de 2013 (justo en medio de las revelaciones de EL MUNDO sobre la financiación ugetista) las “graves irregularidades” en la gestión de los cursos de formación que habrían consentido los sucesivos gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.

En su declaración ante los especialistas en Delincuencia Económica de la Guardia Civil -que figura en el segundo tomo del sumario que terminó asumiendo el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla tras pasar por las manos de la juez Mercedes Alaya-, no deja títere con cabeza.

Despreciar la inspección

Además de señalar con el dedo a UGT, Montes acusa en firme al otro sindicato mayoritario, CCOO, y a la patronal andaluza, la CEA, dedespreciar y burlar sin ningún complejo a los funcionarios de la Administración regional encargados de inspeccionar y controlar los cursos de formación, principalmente porque «los informes negativos o con impedimentos» que elevaban a los antiguos responsables de la Consejería de Empleo no tenían «ningún efecto», puesto que, «al contrario de lo que pudiera pensarse», la Junta les beneficiaba «con más adjudicaciones» de cursos al año siguiente.

Esa impunidad ha provocado que, según este jefe de departamento, «CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones». Cobra sentido que los responsables de UGT de Andalucía hayan estado presumiendo, desde que estallara el caso de las facturas falsas, de haber sido la organización que más cursos había realizado y justificado ante la Junta: una forma sutil de acusar al resto de firmantes de los acuerdos de la concertación social impulsados sucesivamente por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mucho antes de comprobar la justificación efectiva de los cursos celebrados, la Administración regional tenía que homologar los centros de formación donde se iban a impartir aquéllos. Pero esa fase de control previa tampoco era efectiva, entre otras razones por artimañas de los agentes sociales. Ahí Montes señala con el dedo a la patronal andaluza, ya que la CEA habría llegado a presentar «más de cien cursos justo el día anterior» de su comienzo, «lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo».

Malos controles

El funcionario resalta que, paradójicamente, sindicatos y empresarios han llegado a alegar ante la Junta que, si iniciaban los cursos sin tener los centros homologados, era «por el mal funcionamiento del departamento de control». Y al final salían ganando, ya que los responsables de la Consejería de Empleo mantuvieron abierto el generoso grifo de las ayudas para la formación mientras internamente se dedicaban a dar «órdenes» para poner «todo tipo de impedimentos» a la labor inspectora.

El Gobierno andaluz también habría ajustado la ley a la medida de los presuntos infractores. Como las ayudas concedidas eran multimillonarias, se comprobó que «los agentes sociales no eran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas». Con esa reforma, asegura el alto funcionario, se permitió a sindicatos y empresarios cobrarle a las subcontratas una «comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%», justo el porcentaje al que apelaba el pasado viernes la líder de UGT-A, Carmen Castilla.

En el resumen de la declaración de Montes remitido por la Guardia Civil al juzgado, se resalta que «pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes», destacando los agentes de la UCO que éstas «permitían que los fondos dedicados a cursos de formación se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta».

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/22/53ce0197e2704e35058b456c.html

 

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Operación contra el fraude de los cursos de formación en UGT en Andalucía

Entre los detenidos, exlíderes sindicales y directivos de empresas que falseaban y cargaban facturas a la Junta

ANA TERRADILLOS / MERCEDES DÍAZ   24-06-2014 – 09:48 CET

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está desarrollando una operación en Andalucía contra un presunto fraude de los cursos de formación de UGT en Andalucía. La operación, coordinada por el juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García, afecta a la anterior cúpula de UGT. Según fuentes cercanas a esta investigación, va a haber una decena de detenidos y alrededor de diez registros. La operación se está desarrollando en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. A esta hora, la Guardia Civil registra la sede de la compañía de viajes con la que habitualmente viajaba UGT Andalucía.

Viajes Macarena, en Sevilla

La sede de la agencia de viajes Macarena con la que habitualmente viajaba UGT Andalucía- (GOOGLE STREET VIEW)

Entre los detenidos hay exlíderes sindicales de UGT y también directivos de empresas que según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil supuestamente inflaban y falseaban facturas para cargarlas a la Junta Andaluza.

Es una operación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, contra la presunta trama montada por UGT para usar de forma irregular dinero de la Junta de Andalucía destinado a cursos de formación. Las subvenciones de la Junta de Andalucía nunca se destinaron a cursos de formación y el dinero según cercanas a esta investigación se utilizaron para comidas, fiestas y enriquecimiento personal.

El sindicato supuestamente falseaba e inflaba facturas para cargarlas a los fondos de formación del gobierno andaluz. Entre esas facturas están una cena en la feria para ciento cincuenta personas que costó más de doce mil setecientos euros y se cargó a una subvención para manutención de sindicalistas durante las negociaciones de convenios colectivos. También se pagaron maletines falsificados en china y mil bolígrafos en el congreso de UGT Andalucía de 2009. Regalos que se cargaron a subvenciones destinadas a la publicidad de planes formativos para parados.

La operación la está ejecutando la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Agentes del Instituto Armado están registrando la sede de Viajes Macarena, compañía con la que viajaba habitualmente UGT Andalucía, en la calle Feria 134, de Sevilla.

La Guardia Civil registró en diciembre la sede de UGT Andalucía y tres sociedades vinculadas al sindicato: Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo.

Soralpe paga las nóminas de algunos empleados y gestionaba los cursos de formación. Geosur está participada al 70% por el sindicato y al 30% por el exalcalde socialista de Sevilla, Manuel del Valle.

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La gran estafa española

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/15/actualidad/1402842749_308339.html

La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales

Fuente: elaboración propia a partir de presupuestos de SEPE 2013 y normativa de Formación para el Empleo. / EL PAÍS

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS en marzo

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Ramilo, tras anunciar su dimisión. / EFE

LA TARTA DE LOS CURSOS

21.000 millones en 10 años

El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la administración central y de los fondos europeos. Las proporciones varían cada año, pero la mayor parte del dinero la aportan las cuotas destinadas a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2010, año en el que se destinaron 2.594 millones para la formación, el 84% procedía de la Seguridad Social, Europa dio un 10% (250 millones) y el Estado, un 6% (149 millones).

El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas laborales. Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.

ALUMNOS FALSOS

La estafa

Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas. Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.

Alonso Tezanos, presidente de Cecoma, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, en la firma de un convenio con Fedecam

¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración. La ley permite que se devuelva a una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de financiación a través de las ayudas públicas.

Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la subvención. Imaginemos que era de 100 euros. De ellos, 20 se destinaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10 euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados, oficinas, plataformas, publicidad… El resto (70 euros) era ganancia neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la investigación.

“HOY VIENE EL INSPECTOR”

Colaboración administrativa

La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación. Es suficiente con que la Administración mire para otro lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide anonimato, como la mayoría de las personas consultadas para esta información.

Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos

Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.

Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que impartir en 2011. El momento de justificar y entregar todos los papeles que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente, 2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen, suelen tardar algunos años más en revisarlo todo.

LOS ORÍGENES

Un sistema perverso

Es imposible saber cuánto de todo el dinero concedido desde que se inició el sistema de la formación ha sido defraudado, pero los casos se han ido repitiendo año tras año. El sistema empezó a fraguarse en el año 1984. Patronal y sindicatos firmaron entonces el Acuerdo Económico y Social, un documento en el que se diagnosticaba que la causa del deficiente mercado laboral era la falta de formación de los trabajadores. La solución fue fijar unas cuotas que trabajadores y empresarios aportarían a la Seguridad Social y que se destinarían a cursos de formación.

Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El sistema empezó a dar problemas desde el principio.

La Guardia Civil registra la sede de UGT Andalucía. / JULIAN ROJAS (EL PAÍS)

Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, saltó el caso del Imefe en 1998, en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones. En 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la organización que presidía.

Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100 millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. El caso acabó prescribiendo. El escándalo se repitió: “Después de la Forcem, pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía experto en este tipo de fraudes.

LOS ROBOTS DE ANERI

Los alumnos perfectos

El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012.

En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún mayor. Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri, detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos.

Fidel Pallerols saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona. / © MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

HERRAJES PARA CABALLOS

La utilidad de los cursos

Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde plataformas online demuestra que, aun sin fraudes, el sistema no cumple su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de España, que firmó acuerdos con Aneri por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas mecánica para conductores o el uso del GPS. Pero también se ofrecían cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear alumnos”, asegura el empresario.

OTRA VUELTA DE TUERCA

La nueva reforma

Los últimos casos de corrupción —el más reciente en Málaga, donde la UDEF investiga a 20 empresas que recibieron 1,7 millones del Gobierno andaluz— coinciden con la negociación que el Ministerio de Empleo ha abierto con sindicatos y patronal para la enésima reforma de los cursos.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral

Francia modificó en marzo su normativa tras un escándalo de 2007 en la gestión de los fondos de formación por una patronal metalúrgica que malversó unos 20 millones. Se creó una comisión parlamentaria, se elaboró un informe muy crítico y diseñaron un sistema de financiación transparente de los agentes sociales separado de la formación.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral. Allí, el gasto público tiene poca importancia en los programas. Los costes directos los paga el participante. Y, desde 2007, existe un programa adicional de financiación por el que los beneficiarios están obligados a invertir al menos el mismo dinero que reciben.

España quiere ahora aplicar una adjudicación de cursos por concurso público y un sistema en el que participen directamente, sin intermediarios, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como consultoras privadas. El tiempo dirá si es el cambio definitivo o una vez más todo cambia para que todo siga igual.

 

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Formación para el empleo

diariodesevilla.es
La tribuna

Jesús Cruz Villalón | Actualizado 10.05.2014 – 01:00

  EL sistema de formación profesional para el empleo (es decir para los que ya están fuera del sistema reglado de formación, bien ya trabajando o bien parados) se ha vuelto a poner en discusión, con críticas importantes respecto de los resultados materiales producidos, aparte de los ya recurrentes y desgraciados asuntos de sospechas de posible corrupción en el uso de los fondos destinados al efecto. Dejando al margen este último asunto, por cuanto que los datos disponibles en estos momentos son confusos e insuficientes como para poder hacer una valoración, resulta especialmente importante afrontar la cuestión de fondo relativa a los objetivos y eficacia de las políticas públicas en materia de formación para el empleo.
No cabe la menor duda de que el sistema que ha venido rigiendo hasta el presente ha dejado mucho que desear y, a pesar de la cantidad de fondos destinados a tales políticas y del elevado número de cursos impartidos, los resultados han sido muy inferiores a los esperables y deseables. Eso sí, con todas las críticas que merezca el sistema actual, debe partirse de tres advertencias previas: una, que los problemas de eficacia del sistema son comunes a todas las comunidades autónomas, incluso a la propia gestión estatal, sin que las cosas sean muy diferentes en Andalucía más allá de que el punto de partida es el de unos niveles formativos de base inferiores derivados de tasas de fracaso escolar más intensas; dos, que la efectividad de la formación profesional no puede calibrarse sólo a resultas de las tasas de desempleo existentes, porque por mucha preparación que tengan los parados no vamos a lograr superiores tasas de ocupación, dado que las oportunidades de empleo dependen principalmente del crecimiento económico y no la empleabilidad de los demandantes de trabajo; tres, que los malos resultados de la formación para el empleo no deben llevarnos a la conclusión de que ésta resulte innecesaria, ya que existen intensas carencias formativas en la población en edad de trabajar que perjudican la productividad de las empresas, que la crisis del sector de la construcción exige todavía de un importante proceso de reciclaje de los parados que necesariamente tendrán que buscar empleo en otras actividades profesionales, así como que un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación requiere de una formación permanente de la población ocupada.

Por lo demás, los problemas se aprecian con independencia del modelo de gestión existente, que es lo único que se discute en estos momentos. Se trate de gestión pública, privada o por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, las ineficiencias y uso poco positivo de los fondos destinados a la formación se detectan por igual. Por ello, es necesario ir más al fondo del asunto, para romper ciertas prácticas y culturas que están lastrando el sistema.

Así, ante todo se aprecia una escasa cultura de la formación, más allá de lo que se diga públicamente, de modo que ninguno de los agentes y destinatarios asumen internamente su real utilidad. Las empresas en las más de las ocasiones no se sienten involucradas en la mejor formación de sus trabajadores, entre otras razones porque existe una muy alta rotación de sus empleados que no les incentiva a formarlos, porque de manera inmediata en las más de las ocasiones no asumen los costes de la formación y porque no perciben realmente la necesidad de incorporar cambios innovadores que les lleven a exigir mayor formación a sus empleados. Los trabajadores porque asisten desmotivados a los cursos, pues no acaban de percibir que su formación real esté conectada en la práctica con sus expectativas de estabilidad en el empleo, de recolocación o de progreso profesional, de modo que acuden a los cursos para cumplir un trámite burocrático o simplemente para obtener un título que incorporar a su currículo. Las empresas de formación porque están poco controladas en cuanto a la calidad de la formación ofrecida y sólo respecto de los datos cuantitativos de horas impartidas y trabajadores inscritos. A la propia Administración, por cuanto que está más interesada en los datos estadísticos del número de cursos impartidos y de la ratio que ello representa respecto del conjunto de la población activa, que a los resultados efectivos en términos de mejora de la formación de los trabajadores.

El resultado de todo ello es que se organizan cursos de carácter general, que son los más fáciles de ofrecer y que pueden dirigirse a un mayor número de empresas y trabajadores, cuando se constata que son los más ineficaces al tiempo que se muestra que los realmente efectivos son los especializados. En definitiva, no se acaban de tomar como referencia los estudios sobre previsiones de demanda de cualificaciones profesionales para la anticipación de las demandas de formación tanto de los ocupados como de los desempleados.


http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1769532/formacion/para/empleo.html


 

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El precio de la paz social

El Mundo

CARLOS CUESTA

Actualizado: 26/04/2014 11:33 horas

ERE, fondos de formación, subvenciones en general. Todo un universo de recursos carentes de control que debían pasar por unas mismas manos: las sindicales. Manos que repartían con políticos y empresas, como sostiene la acusación; o que directamente se financiaban con los fondos, como apunta la juez. Y manos que ya hoy desfilan ante Alaya como imputados, tanto de CCOO como de UGT.

Y es ahí donde surge la gran pregunta: ¿cuál era el poder de los sindicatos para convertirse en eje de ese triángulo? Y la respuesta no debe buscarse sólo en el patio socialista, sino en el del PP y del resto de formaciones con poder en cada territorio español. Porque la moneda de cambio ofrecida por los sindicatos ha sido la misma en todos los casos: la supuesta paz social. Una moneda que han comprado nuestros políticos de una manera tan generalizada como irresponsable y que ha permitido llegar a los actuales escándalos.

Los fraudes estallan ahora porque la gente denuncia al verse fuera del barco

Porque resulta impensable que fraudes como los que ahora explotan hayan permanecido invisibles durante décadas a los ojos, sí, de los gobernantes autonómicos, pero también de los nacionales; de la Fiscalía; o de los cargos municipales de unos y otros partidos. Y porque si ahora estallan no es por un alarde de celo investigador, sino porque la crisis y el inevitable recorte de subvenciones han llevado a los gigantescos aparatos sindicales a tener que despedir gente: gente que ha denunciado las tramas al verse fuera del barco.

Por eso hoy descubrimos que un sindicato como CCOO, junto a algunos de sus principales sindicalistas, han llegado a sumar activos empresariales por más de 292 millones de euros. Activos distribuidos en una red societaria que supera las 110 empresas, capaz justificar una facturación anual de 63,6 millones. ¿Es posible juntar semejante estructura en dos noches sin que nadie se entere? ¿Es posible ocultarlo cuando los datos se pueden comprobar en el Registro Mercantil?

O descubrimos que UGT, más algunos de sus grandes afiliados, comparten la afición empresarial hasta el punto de rebasar los 314 millones en activos en un centenar de sociedades muy, pero que muy eficaces: su facturación anual alcanza los 68,5 millones.

¿Tampoco nadie se enteraba? ¿A nadie le extrañaba semejante capacidad para generar beneficios en áreas tan dispares como los seguros, hoteles, promoción inmobiliaria, reprografía, programación informática, contratación de valores mobiliarios, servicios televisivos, comercio al por menor de alimentación o bebidas, salones recreativos o arquitectura?

Nos ha salido cara la pretendida paz social. Muy cara.

http://www.elmundo.es/espana/2014/04/26/535ac1a522601d614e8b4582.html

¿Una paz social o empresarial?

Sindicatos, patronal y gobierno configuran el sistema tripartito.

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