EL MUNDO. La UGT de Méndez se financia con fondos para la formación

 http://www.elmundo.es/espana/2013/11/13/5282b86963fd3dc2218b456a.html?a=a919173a7ed62bc7235c18452dea6e3f&t=1384348501
A. BRAVO Madrid
M. RECUERO Madrid

Actualizado: 13/11/2013 06:06 horas

Nicolás Redondo lo gestó hace 27 años para dar formación a trabajadores y parados y Cándido Méndez lo ha convertido en una vía de financiación del sindicato alimentada con subvenciones públicas. Se trata del Instituto de Formación y Estudios Sociales, conocido por sus siglas IFES. Dicho de otra manera, un grupo empresarial, etiquetado bajo el calificativo de fundación cultural privada, que se alimenta de dinero público y de los ingresos del negocio de dos empresas filiales relacionadas con la formación.

El mecanismo es el siguiente. UGT solicita subvenciones para formación y contrata los cursos a esa fundación, de la que es propietario en un 100% el sindicato. A su vez, la organización sindical dispone de dos filiales, dependientes del instituto, que usa para comprar y vender el material didáctico que emplean los alumnos y alquilar los locales donde se imparten las clases.

Hasta aquí, todo correcto, si no fuera porque UGT debe 23,3 millones de euros al IFES, gestó un patrimonio de 13,21 millones a través de esas dos filiales y tiene a su tesorero ocupando el cargo de secretario del IFES.

Sus dos empresas filiales acumulan un patrimonio de 13,2 millones

UGT es propietario de IFES en un 100% y tiene participaciones directas del 5% y del 20% en Formación 2020 y Localmur, respectivamente. Esto es, las dos filiales que completan el negocio de formación que gestiona el instituto. Antonio Retamino Megías fue la persona designada por Méndez para gestionar la fundación IFES, junto con Teresa Muñoz Rodríguez, presidenta de la misma y secretaria de Formación de la Comisión Ejecutiva Confederal.

En poco menos de siete años, las filiales de la fundación dispararon su patrimonio acumulado en un 200,2%, según lo revelan las cuentas de IFES, disponibles en el Registro Mercantil. En 2005, Formación 2020 y Localmur registraron unos fondos propios totales de 4,4 millones de euros. Esa cifra se convirtió en 13,21 millones el año pasado, después de incrementar su volumen una media de un millón de euros cada año desde 2005.

La sorpresa es que las cuentas de ambas empresas revelan que, en plena crisis, se erigen como unas de las sociedades más rentables del tejido empresarial español. Y no es un rumor, hay datos que lo corroboran. Así, Formación 2020 registró una ratio de beneficio sobre facturación del 24,03% en 2012 comprando y vendiendo libros. Ingresó 5,1 millones y se anotó unas ganancias de 1,83. Es más, ese porcentaje fue mayor incluso que un año antes, cuando llegó a ser del 23,36%. En los últimos cinco años, esa ratio no bajó del 23%, superando el 27% en 2008.

La nota la pone el hecho de que Formación 2020 tiene un único cliente, que es el IFES. En este sentido, fuentes conocedoras de las operaciones de la empresa precisaron a este diario que la estrategia de la sociedad radica en vender los libros a precio de mercado a IFES, pese a haberlos comprado al por mayor con descuentos que oscilan entre un 40% y un 60%.

En el caso de Localmur, centrada en el alquiler de bienes inmuebles, las cuentas reflejan una situación similar a las de Formación 2020, salvo en los resultados correspondientes al año pasado, cuando perdió dinero. Fue en 2009 cuando la ratio de beneficio sobre facturación de esta empresa alcanzó un 16,23%. El año pasado, Localmur perdió 57.604 euros.

‘Prácticas no legales’

Ambas empresas fueron creadas en 1997 con el objeto de maximizar la gestión de los fondos de formación que recibía el instituto. El IFES es propietario directo de un 95% de Formación 2020 que, a su vez, es dueña del 80% de Localmur. Las políticas de gestión y contratación que emplean ambas sociedades provienen “directamente” del instituto, según reconocieron a este diario fuentes conocedoras de sus operaciones. Es más, un antiguo trabajador del IFES manifestó a este periódico que, en sus primeros años, “había prácticas que no eran 100% legales y, a menudo, en connivencia con la Administración”, precisó.

Desde la creación de sendas filiales, el mandato para los trabajadores del IFES era contratar los servicios necesarios con sendas firmas, según consta en una circular de la fundación. En concreto, la 3/97.

UGT tiene una deuda de 23,3 millones con el instituto por cursos

Las cuentas del instituto de formación reflejan que UGT tiene una deuda con esta fundación de 23,3 millones, tomando como referencia las últimas cuentas disponibles correspondientes a 2012. Es más, el sindicato llegó a deberle casi el doble hace apenas tres años, en 2010, cuando la deuda era de 40,38 millones. La clave está en que las subvenciones que recibe el IFES pueden llegarle de manera directa, a través de administraciones públicas por concurso, o indirecta, mediante UGT. En este caso, fuentes conocedoras de las gestiones del IFES advirtieron de que, aunque esa deuda tienen origen variado, “lo habitual es que UGT contrate con el instituto la realización de cursos de formación por subvenciones que consigue el sindicato y que luego no abona de manera automática”.

“La mayor parte de sus cuentas a cobrar se corresponden a distintos organismos de la UGT y organismos públicos, por lo que no se estima necesario adoptar medida alguna para minimizar los riesgos que pudieran derivarse de las cuentas a cobrar”, consta en el apartado 16.a de las cuentas consolidadas del IFES correspondientes a 2012.

Este diario se puso en contacto con la organización sindical que preside Cándido Méndez para conocer el motivo de esa abultada deuda. Un portavoz oficial reconoció la misma y la definió como “asiento contable”. En palabras de esa fuente, “cuando UGT contrata la realización de cursos con el IFES, los fondos de formación son finalistas y el total no se va liberando hasta que no se van ejecutando los cursos”. Es decir, el dinero para organizar la formación no llega hasta que no se finaliza la misma, según explicó esta fuente oficial.

No obstante, minutos después reconoció que, “en algunos casos, se adelanta el dinero de los cursos cuando se trata de convocatorias a nivel estatal“. En este sentido, fuentes oficiales del Gobierno consultadas corroboraron que las subvenciones que se otorgan a cursos de formación se entregan antes de impartirlos y que, al finalizar, se pide justificar el montante de las ayudas a través de facturas.

48,1 millones de euros en subvenciones

La fundación llegó a gestionar el año pasado un total de 48,1 millones de euros en concepto de subvenciones. Dos años antes, en 2010, esa cantidad fue de 64,8 millones. Y en 2011, cerró el ejercicio tras haber gestionado en torno a 58,2 millones. Las cuentas del instituto revelan que las ayudas que obtiene para formación proceden de gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo que forman el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

El Instituto de Formación y Estudios Sociales cuenta con una plantilla de 1.082 personas, de las cuales 19 son directivos. El resto se divide en personal docente y administrativos, con 725 y 338 personas, respectivamente, en cada colectivo.

La fundación está liderada por un patronato compuesto por 20 miembros. A excepción de la presidenta y el secretario, que forman parte de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, los 18 restantes son los responsables de formación de delegaciones regionales del sindicato y de algunas federaciones.

De hecho, están representadas UGT Euskadi, UGT Galicia, UGT Asturias, Baleares, UGT Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Navarra, Murcia, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), la Federación de Servicios (FeS-UGT), la del metal MCA-UGT y la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar (TCM). Es más, está el vicesecretario del PSOE de Villarobledo (Albacete), José María Rubio Valero, secretario de formación del sindicato manchego.

Fuentes próximas al IFES no dudaron en calificar este entramado de empresas como “una manera de lucrarse con las subvenciones” y una “vía para desviar fondos”.

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