Archivos para 23 diciembre 2013

La trama de los cursos de formación troceó contratos para evitar controles

EL PAÍS

Las subvenciones públicas por empresa no superaban los 60.000 euros

La trama de los cursos de formación, que supuestamente ha hecho desaparecer 4,4 millones de euros públicos en la Comunidad de Madrid, burlaba los controles con un sistema utilizado en otros casos de corrupción: el troceo de los contratos.

El procedimiento era el siguiente: una treintena de asociaciones empresariales —la mayoría de ellas de la patronal CEIM— solicitaba subvenciones anualmente a la Comunidad para dar cursos de formación a sus trabajadores. Con ese dinero se contrataba a la empresa que iba a impartir los cursos, la mayoría de ellos de teleformación; es decir, a través de una plataforma virtual en Internet.

Los contratos con esas empresas nunca superaban los 60.000 euros ni el 20% del total de la subvención. La ley establece que si se sobrepasan esos límites, es necesario presentar tres ofertas distintas. De esa forma, todos los contratos iban a parar a las distintas empresas de José Luis Aneri. Por ahora la investigación lo señala como el hombre encargado de solicitar las subvenciones en nombre de las asociaciones empresariales, el desarrollador de los planes de formación y el encargado de rendir cuentas a la Administración y justificar con documentos cada euro recibido.

Los investigadores señalan que la estafa no es obra de un único hombre

Pero a medida que la investigación avanza, la figura de José Luis Aneri cobra menos relevancia en este modelo de apropiación de fondos públicos. Ese sistema se sostenía gracias a las mordidas que recibían los responsables de las asociaciones empresariales. En última instancia, la investigación apunta a una finaciación irregular de las patronales. Según eso, Aneri era solo el empleado que permitía que todo el dinero de las subvenciones retornara a las asociaciones que las habían solicitado. El dinero público se transformaba en privado sin que las distintas administraciones pudieran controlar lo que se estaba haciendo. Fuentes de distintas instancias regionales y estatales señalan que la falta de controles es lo que permite que este tipo de sistemas de defraudación funcione desde hace años.

Además del caso de la Comunidad de Madrid, la policía investiga otros 6,6 millones de euros en subvenciones concedidas por el Estado a las mismas asociaciones empresariales. En ambos casos, la trama funcionaba gracias a la red de empresas que organizaban los cursos. Todas compartían oficinas, teléfonos y figuraban en la mayoría de los casos con el mismo administrador único: el empresario José Luis Aneri. Entre 2010 y 2012 constan 18 entidades que se reparten el dinero entre Córdoba y distintas sedes de Madrid. La mayoría de esos cursos, según fuentes de la investigación, no se hacían o utilizaban un sistema informático para replicar identidades de alumnos con los que poder solicitar más dinero.

Según la investigación, las supuestas beneficiarias de esos cursos, las asociaciones empresariales, sabían de esas irregularidades y cobraban comisiones por mantener vivo el sistema.

No solo eso. En las sedes de Sinergia Empresarial, una de las principales de la red, se encontraron documentos de estas asociaciones, a los que este periódico ha tenido acceso. En muchos casos eran comunicaciones dirigidas a la Administración para informarles de algún cambio en el procedimiento de las subvenciones.

Para que el sistema funcionase, las asociaciones recibían  mordidas

Para explicar la dejadez en sus negocios y la falta de control que tenían sobre las subvenciones que solicitaban, las asociaciones explican que fueron estafadas. Pero fuentes de la investigación señalan que, como es lógico, todo ese sistema de financiación no es obra de un único hombre.

Entre las 28 entidades involucradas hay al menos 17 que pertenecen a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), organización presidida por Arturo Fernández y que está integrada en la patronal CEOE. Además, nueve de las asociaciones empresariales forman parte de otras dos organizaciones integradas a su vez en la CEIM: la CECOMA y Fedecam. Ambas organizaciones están dirigidas por Alfonso Tezanos. Según varias fuentes del sector, fue Tezanos el que recomendó a las asociaciones de su entorno que hicieran los cursos con las empresas de Aneri. El vínculo entre ambos se remonta a 2007. La primera empresa de Aneri, prevención de Riesgos Laborales, surgió en Fedecam. Ambas tenían la misma sede, según consta en el Registro Mercantil.

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La cúpula de la CEA se repartió los fondos de formación

EL PAÍS ANDALUCIA

Directivos de la patronal acapararon los cursos pagados por la Junta

La entidad atraviesa una grave crisis antes del relevo en la presidencia

Santiago Herrero (segundo por la derecha) y Antonio Carrillo (a su izquierda), en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. / GARCÍA CORDERO

“Santiago, que es muy amigo mío, me ha dado de vivir muchos años. No lo veo un problema porque un empresario puede colocar a una sobrina en su empresa y no pasa nada”. El desparpajo de Federico Muela, vicepresidente de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) para explicar el nepotismo por parte del presidente de la patronal, Santiago Herrero, es muy ilustrativo. Durante años Muela ha sido el vértice de un grupo de amigos que han copado la cúpula de la CEA y acompañado a Herrero en un viaje que ha durado tres décadas.

En ese viaje, que acaba tras las Navidades con el relevo de Herrero, empresarios como Muela, su cuñado Baltasar Fernández o el exvicepresidente Juan Salas, han acaparado los millonarios fondos que la Junta transfirió por la formación continua (para trabajadores) y la ocupacional (para parados), gracias a las cuotas estatales de formación profesional que aportan las empresas. Los fondos han oscilado entre los 15 y los 25 millones cada ejercicio de los años de vacas gordas, según las fuentes consultadas. Pero la transparencia ha sido inexistente y la CEA siempre ha adjudicado estos cursos a una decena de firmas, la mayoría de ellas vinculadas a sus directivos.

El crepúsculo del poder para ese círculo de amigos se cierra con una crisis inesperada, pero muy grave. En todos los ámbitos. El judicial es el mayor dolor de cabeza después de la imputación de Herrero, el secretario general y número dos Antonio Carrillo y Salas, por un delito de estafa en la construcción de 583 viviendas de protección oficial en Sevilla. En esta misma promoción la Sareb (Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha denunciado a estos mismos directivos por un desfase de entre 12 y 14 millones de un crédito de 50 millones. Herrero es vicepresidente de la patronal nacional CEOE, y su permanencia en el cargo supone contravenir el reciente código ético aprobado tras el escándalo de su expresidente Gerardo Díaz Ferrán. Mientras, la CEA carece de código ético.

Al margen de este frente que pone en jaque a la patronal después de la investigación bajo secreto de la juez Mercedes Alaya sobre el mayor sindicato, UGT Andalucía, figura la delicada situación financiera de la organización. El año pasado la CEA presentó pérdidas por 12,5 millones mientras facturaba solo cuatro millones, y en 2013 ha reducido su plantilla a la mitad (de 70 a 34 trabajadores) con un ERE.

Favores a los amigos

Un grupo de directivos y exdirectivos de la CEA se han beneficiado al facturar a la institución desde sus empresas por los cursos de formación. Desde los años 80 Federico Muela, su cuñado Baltasar Fernández y Juan Salas Tornero, amigos del presidente Santiago Herrero han gestionado los cursos para trabajadores y parados que contaban con fondos públicos. Eso sí, parte de la cuantía para la formación profesional procede de las cuotas anuales que aportan tanto las empresas (0,6%) y los trabajadores (0,1%) a la Seguridad Social.

La crisis que atañe a la patronal tiene varios frentes. El principal ha supuesto la imputación por estafa de Herrero, su número dos Antonio Carrillo y el exvicepresidente Juan Salas por la construcción de 583 viviendas de protección oficial en Sevilla. Además, la institución presentó al final de 2012 unas pérdidas de 12,5 millones pese a que solo facturó cuatro millones. La cúpula de la institución debe tener un plan de viabilidad después del ERE que redujo la plantilla a la mitad (hasta 35 trabajadores), pero no se ha hecho público.

Ante este panorama sombrío, la mirada atrás en la gestión de Herrero es muy desigual y las acusaciones de los empresarios críticos subrayan el gusto por el lujo de la cúpula, unos gastos que se ha ido reduciendo en los últimos tiempos.

Estos directivos identificaron pronto dónde estaba el negocio. “En 1983 dejé la Junta de Andalucía y Santiago nos dijo ‘¿Quién se quiere venir conmigo a crear asociaciones de empresarios? Y ahí estaba yo con Luis Amate, Rafael Ávila y Antonio Carrillo”, recuerda Muela. Desde entonces, este vicepresidente creó su empresa Gaesa, con la que ha facturado hasta ocho millones al año, la mayoría gracias a los fondos de la patronal, en cuyo departamento de formación estaba su cuñada Patricia Morón, posteriormente ascendida a directora general de la CEA hasta el pasado verano.

Una mesa de contratación decidía la adjudicación de los cursos a los empresarios, pero las evaluaciones nunca trascendieron. “No es un mercado transparente. En algunos casos ha sido un inconveniente, pero puedo entender el agravio comparativo por parte de otras empresas”, admite Fernández, ex director general de Comercio en la Junta entre 1983 y 1985. En los años de bonanza el grupo GDT, pujante en la enseñanza por Internet, contó con 110 trabajadores (hoy reducidos a 30) y sucursales en Chile, Colombia, México y Brasil. Muela rememora los inicios de su cuñado como empresario tras su etapa como alto cargo socialista: “Baltasar no tenía nada y a Santiago le hacían falta empresas para la formación. Le dijo que no encontraba empresas que hiciera formación. Y así empezó”.

Sobre la política impuesta por Herrero, Muela recuerda la respuesta deHerrero cuando un empresario se quejó de los privilegios de la cúpula al recibir fondos: “Si tienes dos presupuestos iguales, ¿a quién se lo das, a uno que es amigo tuyo o a uno que no conoces de nada?”. Y los directivos recuerdan que la patronal de empresas de formación (CECAP) nunca protestó en las asambleas anuales por este reparto desigual. “Era una cuestión interna. La CEA lo ejecutaba a través de empresas con las que siempre trabajó”, alega su expresidente Juan Antonio Ocaña. Félix Martín preside ahora la federación, que representa a 2.000 empresas, y asegura que ha defendido sin éxito la concurrencia competitiva “en todos los foros”. “Los sindicatos y la patronal tienen sus centros habituales. Se lo dices y no vale de nada. Somos súper minoritarios y no tenemos fuerza para posibilitar los cambios, la dirección es impenetrable. Por mucho que yo quiero decir, no vale de nada”.

Ante la procedencia de los fondos desde la Junta, Salas rebate la sospecha de malversación de fondos públicos: “¿Es dinero público cuando se construye una carretera? ¿Conoce alguna constructora que subcontrate mediante concurso? El que responde es el contratista”. Salas descarta el nepotismo que ha perjudicado a todos los empresarios de la formación sin amistad con Herrero. “’Si a los 10 años no eres eficaz, te echan a la calle por mucha amistad que tengas con el presidente ¡Claro que conozco a Santiago! Si usted no conoce a Santiago, comprendo que esté jodido ¡Pero cada uno se busca la vida¡ Es su problema (…) No entra dentro del mundo comercial lo de ética o no ética. El dinero para la CEA es público, para nosotros es privado”, responde.

La Junta ha rechazado informar de la cuantía de los fondos transferidos a la CEA para que la patronal adjudicara estos cursos. De momento, la Ley de Transparencia es un proyecto de futuro y no de presente para el Gobierno andaluz.

Por su parte, desde la presidencia Herrero ha rechazado ofrecer su opinión sobre la crisis que sufre la institución. Y tampoco ofrece cifras que cuantifiquen el agujero económico que sufre la entidad y los planes para salvarla de la quiebra. Ante la imputación de esta semana por la fallida construcción de la promoción de VPO, un empeño del expresidente fallecido Rafael Álvarez Colunga, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, censura: “No estamos para crear empresas y desarrollar negocios que compitan con nuestros propios asociados”, dice sobre la construcción asumida por la patronal. El exalcalde Monteseirín ofreció tres solares en Sevilla Este a la CEA, UGT y CC OO, y tras el rechazo de los sindicatos, Álvarez Colunga se empeñó en acometer en solitario la construcción de las 583 viviendas en los tres solares.

Durante años, la Junta destinó fondos millonarios para lograr la paz social. “Todos repetían el mantra ‘el sistema es así’. La Junta te daba dinero y no había capacidad de gastarlo”, ilustra un veterano trabajador de la patronal. Y añade con sorna: “Cuando estás en la orgía, nadie quiere ponerse un condón”.

Un silencio revelador

El silencio del presidente de la patronal, Santiago Herrero, es total. Y similar al del último secretario general de la UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, que dimitió hace un mes acuciado por el caso de las facturas falsas. Herrero cesará tras las Navidades y por ahora el único candidato para sucederle es Javier González de Lara, que aspira a dar un vuelco al modelo de gestión que incluya un “relevo generacional” y “aire fresco” para “levantar las alfombras”.

La Junta cortó el grifo de los fondos para la formación en 2011, y aún mantiene impagos con las empresas beneficiadas de ejercicios como 2009. Y el Gobierno central mantiene pendiente de firmar el último acuerdo nacional de formación para el reparto de los fondos estatales, ya que el anterior caducó hace ya dos años. Toda esta situación de incertidumbre ha dañado la economía de estas compañías, cuya facturación ha caído en picado.

Sobre la elección de las empresas de formación desde la CEA, González ve con buenos ojos mejorar la transparencia y la concurrencia pública para acabar con “hábitos desacertados”. Y pretende que se asuman los errores: “Lamentaré lo que se ha hecho mal y cada uno que responda por lo que ha hecho”.

El exvicepresidente Muela ha tenido un peso específico en la gestión de la confederación empresarial y su hermano, Nicolás Muela, ha sido responsable de relaciones externas y comunicación de la CEA hasta este otoño. “Mi empresa ha guardado dinero pensando en mis hijos y no tengo créditos, aunque mi pagador haya sido mejor o peor. Ahora le pago a mis trabajadores del banco. Y mantengo abierta la empresa, cuando podía haber cerrado hace dos años y dejar a mi hijo en la oficina. Nunca he tenido créditos”.

Esta dualidad en la cúpula y al frente de una empresa que factura a la misma patronal es lo que prohíbe el código ético que se ha impuesto la CEOE, también reproducido en federaciones provinciales como la sevillana y en la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). “Se trata de proteger a las instituciones de las personas que las gestionamos”, explica un cargo de una patronal provincial.

Los gastos inconvenientes que UGT remitió a la Junta con facturas falsas pueden haber tenido su reflejo en la CEA. “Hemos llevado ministros de Suramérica al Rocío y a la Feria de Abril para tocarle las palmas… ¿Voy a pagar eso yo? Pues se adjunta al presupuesto de internacionalización de las empresas. Pero nosotros hemos hecho las cosas bastante mejor que UGT”, expone un directivo. La Intervención General de la Junta investiga ahora a la Fundación Laboral de la Construcción (formada por la CEA y los sindicatos UGT y CC OO). Pero de momento, la Junta no está revisando los expedientes de la CEA de forma genérica. “Lo malo no es hacerlo, lo malo es hacerlo con un presupuesto no adecuado. Si la Junta quiere pedir facturas, que pidan, aquí estamos”, añade este directivo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/21/andalucia/1387657811_917496.html

 

 

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Aneri: “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que me encargaban”

EL PAÍS

El empresario, acusado de una estafa en las subvenciones, cuenta por carta su versión

    El empresario cordobés José Luis Aneri Molina.

     A medida que se conocen nuevos detalles de las subvenciones para cursos de formación en Madrid, va quedando más claro que el empresario José Luis Aneri es solo una pieza más dentro de un complicado engranaje que servía para que las ayudas públicas pasaran a manos privadas.

    La Comunidad de Madrid le señala en distintos informes como el hombre quegestionó en 2012 unos 4,4 millones de euros que estaban destinados a la formación y cuya justificación nunca se ha completado. Ninguna de las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio oficial y tratan de desvincularse del empresario, hasta ahora en paradero desconocido. Dos semanas después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por técnicos de la Comunidad de Madrid, es Aneri quien cuenta su propia versión de los hechos.

    “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”, señala el empresario cordobés, de 34 años, a través de una carta remitida a EL PAÍS por su abogado. En la misiva recuerda que él no es apoderado “de ninguna asociación”, no le han sido otorgados “poderes de ningún tipo” ni tampoco ha pedido ayudas de forma directa. Sin embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que solicitaban las ayudas a la Comunidad de Madrid, en muchos casos dejando como persona/ lugar de contacto a Aneri y las sedes de sus empresas, principalmente Sinergia Empresarial.

    El empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente”.

    Aneri asegura que su única función con las asociaciones era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.

    El empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden “por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa verificación deben de hacerla también las Administraciones durante la celebración de los cursos, pero la Comunidad de Madrid no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas.

    Según los informes de la Comunidad, Aneri y sus empresas figuraba como persona de contacto para reclamar toda esa documentación, aunque el empresarios señala en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.

    Legalmente son las asociaciones las que deben responder por el dinero supuestamente defraudado y así se lo reclama ahora la Comunidad de Madrid, que pide la devolución de 4,4 millones. Hasta el momento ninguna de las afectadas ha presentado denuncia ni en los juzgados ni en la policía. Distintas fuentes señalan que todo este sistema se apoyaba en las mordidas que cobraban las asociaciones, en torno a un 20% de las subvenciones.

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/19/madrid/1387486223_194081.html

     

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    Un programa informático rellenaba los cursos ‘online’ que cobraba Aneri

    EL PAÍS

    El fraude del empresario fue descubierto al detectarse que no había absentismo

    Oficinas de Sinergia. / KIKE PARA

    La estafa diseñada por el empresario José Luis Aneri para quedarse con dinero de las arcas públicas para cursos de formación —se investiga el destino de 11 millones de euros— fue posible gracias a un programa informático. El sistema, diseñado por técnicos contratados por sus sociedades, le sirvió para replicar datos ficiticios de alumnos y para conseguir así más dinero en subvenciones para cursos online.

    Aneri conseguía las ayudas del Estado y de la Comunidad para una treintena de asociaciones empresariales a las que supuestamente ha estafado. Gestionaba todo el proceso desde sus empresas, la más importante de ellas Sinergia Empresarial en la calle de Orense. Parte esencial de ese proceso era lograr clientes; cuantos más alumnos, más capacidad de conseguir subvenciones para las asociaciones. Sin embargo, Aneri no solía captar clientes. Sus alumnos procedían de bases de datos de alumnos reales que le daban las asociaciones o bien directamente se los inventaba.

    Pero fuentes de las investigación observaron que había un patrón en el sistema de Aneri. Se trataba de una falsificación masiva de datos a través de su plataforma digital. Ese patrón es tan regular y perfecto que no es humano. Es decir, los falsos alumnos de Aneri cumplían todos los requisitos de la convocatoria para ser considerados alumnos finalizados. Por ejemplo, se exige que los estudiantes hayan realizado, al menos, el 75% de los ejercicios. Los alumnos reales de otras convocatorias suelen ajustarse a ese porcentaje. Pero los esforzados alumnos virtuales de Aneri rellenaban todos el 100% de los ejercicios. También todos solían conectarse a la plataforma digital de Aneri en las mismas horas y todos tenían más o menos el mismo número de conexiones. Todos esos alumnos virtuales tenían números de NIF reales.

    Los alumnos eran demasiado perfectos para ser humanos

    Según fuentes del caso, era difícil pillarlo porque al tratarse de una plataforma virtual, si alguien intentaba investigar más profundamente, solo veía que había gente conectada haciendo los cursos.

    Aneri se valió de la tecnología y de la falta de control de la Comunidad de Madrid en los planes de cursos de teleformación para realizar su estafa a las asociaciones que recibieron el dinero del organismo regional. Estas deben ahora mucho dinero a la Comunidad, que les reclama cantidades de hasta 300.000 euros. No pagarlas puede suponer el embargo y, en algunos casos, la desaparición de algunas de las asociaciones.

    La CEIM se reúne para buscar soluciones a la estafa millonaria

    El jueves hubo una reunión en la CEIM para tratar el asunto. La mayoría de las asociaciones estafadas pertenecen a la patronal madrileña. Algunas de ellas aseguran que aún no han denunciado el asunto porque están esperando a crear una plataforma con la que interponer una querella conjunta contra Aneri y porque aún están tratando de justificar parte de lo estafado. Afirman estar revisando documentación.

    Es el hermano de Aneri, Joaquín Aneri, y un socio de aquel, Leonardo del Rey Aranda, quienes revisan los expedientes de Sinergia para ver si encuentran papeles con los que justificar parte del dinero perdido. Lo hacen a través de Integral Learning Consultores, una empresa con sede en Córdoba creada a finales de octubre de este año.

    Esa fecha coincide prácticamente con el momento en el que las empresas se enteraron de lo ocurrido. La Comunidad les concedió entonces varios meses para que justificaran las ayudas, según señalas fuentes de las asociaciones. Eso ocurrió poco después del verano, cuando los técnicos de la Comunidad les llamaron para que justificaran el dinero concedido ya que no se sabía nada de Aneri. Este había entrado en una espiral de gastos suntuosos y drogas y no daba señales de vida a sus allegados.

     

    Robo sin denuncia en la oficina

    RODRIGO CASTELEIRO

    El misterio que rodea a la persona de José Luis Aneri adquirió el sábado pasado una nueva capa de nebulosa. Según el relato que hicieron ayer varios vecinos del inmueble donde está situada la oficina de Sinergia Empresarial Avanzada, unos desconocidos entraron en la finca, ubicada en el número 24 de la calle de Orense, y tras romper la cámara de seguridad del vestíbulo, reventaron la cerradura del local de Aneri y accedieron a su interior. Se desconoce lo que los cacos buscaban y lo que pudieron llevarse. Las imágenes de los ladrones no quedaron registradas porque la cámara de vigilancia no era de grabación.

    Además, nadie denunció los hechos a pesar de los daños y de lo supuestamente sustraído. De hecho, la policía no tiene registrada ninguna denuncia.

    Ayer, y a pesar de que las luces del local estuvieron todo el día encendidas, nadie contestó ni al timbre ni al teléfono. “No las apagan nunca y eso que lleva sin haber actividad ahí desde hace, al menos, tres meses”, señala un comercial de la zona. Según dijo este testigo, los inquilinos de Sinergia Empresarial ocuparon la oficina en junio e hicieron unas obras de reforma. Antes estaban en otro local de la misma calle. Pero a pesar de la remodelación del local, desde septiembre no ha habido ningún tipo de trasiego laboral.

    “Solo había un empleado con acento del este que iba por la mañana y se iba por la tarde. Al tal Aneri no se le ha visto el pelo por aquí”, asegura el comercial. Esta persona dijo conocer al empresario desde hace tiempo. “Es un tipo que llama la atención por la calle. Viste muy elegantemente: traje entallado, buenas corbatas, zapatos muy brillantes, moreno de rayos UVA, pelo engominado… Parecía más Tony Montana [el protagonista de Scarface],que un ejecutivo”, bromeó.

    Pero este no es el único incidente que ha registrado la oficina en los últimos meses. Un vecino lo relata así: “Oímos gritos en la puerta del local. Miramos y había dos tipos muy corpulentos que estaban buscando a alguien. La verdad es que tuvimos miedo y cerramos la puerta”.

     

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/madrid/1386969651_545377.html

     

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    Aneri logró 11 millones para cursos de formación de Madrid y del Estado

    EL PAÍS

    El empresario ha recibido dinero de las Administraciones, al menos, desde 2010

     

     

    José Luis Aneri

    Las cuentas de las empresas de José Luis Aneri se amplían en tiempo y cuantía. El empresario que presuntamente ha estafado millones de euros a la Comunidad de Madrid y al Estado en cursos de formación lleva recibiendo fondos de las Administraciones, al menos, desde 2010. En concreto, unos 11 millones de euros. Y es que distintas asociaciones empresariales solicitaban, a través de Aneri y su red de sociedades, las subvenciones para realizar los cursos, pero luego no se hacían.

     

    La investigación que ha llevado por ahora la Comunidad de Madrid, solo sobre lo solicitado por Aneri en 2011, señala una estafa de 4,4 millones de euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Empleo, está revisando las subvenciones concedidas a las empresas en 2012: 2,2 millones. Este periódico ha podido constatar que la cantidad concedida por el Estado se amplía al menos a casi siete millones de euros entre 2010 (con Gobierno del PSOE) a 2013 (con Ejecutivo del PP). En total, y sin aún revisar todo el dinero que gestionó Aneri, la cuenta supera ya los 11 millones.

     

    Al menos, una treintena de empresas contrataron cursos on line y presenciales con las firmas de Aneri tras recibir fondos de la Consejería de Empleo de la Comunidad. En un informe de la Dirección General de Empleo se explica que el empresario se hizo con el control de las subvenciones que la Comunidad daba a asociaciones empresariales para cursos de formación. Es un dinero que proviene de las cuotas que los trabajadores y las empresas aportan a la Seguridad Social. La investigación señala, de momento, que Aneri no justificó las subvenciones de 2011 ejecutadas en 2012 y que duplicaba alumnos y suplantaba identidades de sus estudiantes para lograr más fondos.

     

    Última conexión, Brasil

    José Luis Aneri —el empresario que contrató 10 millones de euros con las Administraciones públicas en cursos de formación— tuvo hasta ayer un perfil de usuario en la red Facebook. En él colgó varias fotografías suyas siempre rodeado de atractivas jóvenes y un vídeo, en el que se veían las imágenes de una fiesta multitudinaria celebrada en un gran pabellón brasileño. Aneri no aparecía en las imágenes, aunque sí estaba etiquetado en ellas.

    En su perfil también se podían ver fotografías de lugares paradisíacos, hoteles de lujo y celebraciones con amigos o conocidos. Algunos de los comentarios estaban escritos en portugués. De hecho, varias de las personas que se encontraban entre sus amigos en la red social son de nacionalidad brasileña. En el último de los comentarios recibidos por Aneri en Facebook, fechado el 30 de noviembre, una joven rubia de entre 20 y 30 años, le decía: “Felicidades, papi”.

    Este periódico intentó ponerse en contacto con él mediante mensajes, ya que según esta red social se encontraba en una localidad brasileña. Aneri leyó supuestamente la petición enviada. Su respuesta fue el cierre del perfil.

    Aneri, de 34 años, lleva al menos un año sin contactar con sus dos hijos. Su exmujer, Celia Jariol, señala que en febrero tramitó el divorcio, pero que él nunca se presentó. “Él llevaba una doble vida”, señala Celia Jariol. “Mi vida con él fue un engaño tras engaño. Sé que puso mi nombre en algunas de sus empresas, pero no sé nada porque él me dejaba al margen de todo”, dice la exesposa de Aneri, que ha puesto el asunto en manos de su abogado.

     

    Ni la Comunidad ni las asociaciones afectadas han denunciado hasta la fecha al empresario. Es más, la propia Comunidad otorgó a la principal firma de Aneri, Sinergia Empresarial Avanzada, un sello de calidad de Madrid Excelente. Estos días se multiplican las reuniones entre afectados para intentar abordar el asunto. La Comunidad reclama a los empresarios las cantidades otorgadas.

     

    A los fondos recibidos a través de la Comunidad, se suman 6,9 millones de 14 asociaciones empresariales que contrataron los cursos con las empresas de Aneri tras solicitar dinero del SEPE (Ministerio de Empleo) y de la Fundación Tripartita, un organismo adscrito a este ministerio, entre 2010 y 2013. Son fundaciones y asociaciones con distintos perfiles: alimentación, mobiliario, autónomos, transportistas…

     

    La Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional abrió en diciembre de 2012 una investigación a una de ellas, Ucotrans, por irregularidades en la gestión de los cursos, según confirman fuentes del SEPE. Ucotrans es la federación de cooperativas del transporte y agrupa a más de 350 socios y 25.000 transportistas, según informa en su web. En su solicitud de ayudas públicas, habilitaban a trabajadores de las empresas de Aneri como personas de contacto para la recepción de los fondos.

     

    Ucotrans recibió más de tres millones de euros de fondos del SEPE en 2010. Dos años después, en 2012, percibió otros 326.653 euros en dos partidas para cursos de formación. En ese año se centra la investigación policial abierta desde hace un año.

     

    Pese a estas pesquisas, la cooperativa volvió a recibir una subvención por 65.119 en 2013. Un portavoz del Ministerio de Empleo explica que no se puede retirar legalmente la subvención a una empresa o entidad hasta que no conste o una sanción o una sentencia firme contra ella. Añade que, si finalmente se demuestran irregularidades en las gestión de Ucotrans, se reclamará la devolución de los fondos. La Policía solicitó información adicional sobre este expediente la semana pasada. EL PAÍS intentó ayer sin éxito, contactar con los responsables de Ucotrans.

     

    Desde el ministerio defienden que los procedimientos de control para evitar fraudes son contundentes. Incluyen desde la revisión pormenorizada de facturas a la actuación de funcionarios, que se personan en los cursos y en las sedes donde se gestiona la formación online. Empleo ha doblado el control presencial desde 2012. Antes se controlaban el 5% de las actividades. Ahora, la revisión llega al 10%.

     

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/12/madrid/1386881980_248078.html

     

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    El sindicalista despedido por el borrado de archivos asegura que la dirección de UGT-A “miente”

     

    Sostiene que los ficheros que manejaba no pueden ser eliminados y que en todo caso “¿dónde están las copias de seguridad?”.

    Peleará por su readmisión en los juzgados para volver, pero asegura que el sindicato necesita “una catarsis”.

     

     

    El secretario general de UGT-A despedido acusa a la dirección de mentir sobre el borrado de los ficheros

    El sindicalista despedido acusa a la dirección de mentir sobre el borrado de los ficheros.

     

     

    El secretario general de la sección sindical de trabajadores de UGT de Sevilla, Laureano Conde García, despedido por el borrado de 1.756 archivos de la organización en plena investigación de la contabilidad de la misma, no se rinde. Ha asegurado este martes que peleará para conseguir la nulidad del despido ordenado por la dirección de UGT-A porque señala que el secretario de Organización, Manuel Ferrer, “miente y lo sabe”.

    En este sentido, emprenderá acciones por la vía laboral y penal contra la dirección del sindicato porque, según ha señalado, no va contra UGT-A. “El sindicato no tiene nada que ver, sino contra la dirección que ha tomado esta decisión”, ha subrayado. Sí ha insistido en que “el sindicado necesita una catarsis”.

    También ha reprochado que la dirección “pretenda desmentir y tapar posibles irregularidades cometidas”, por lo que ha pedido autocrítica. “Tiene que quitarse la venda y dejar de tapar las vergüenzas que muchos en la dirección han cometido diciendo que esto es una campaña mediática de la derecha”, ha continuado, al tiempo que ha criticado que se haya hecho del sindicalismo “una profesión” y ha reclamado que se limiten los mandatos.

    Según su versión, los ficheros desaparecidos “no pueden ser borrados” y si así fuera, “¿dónde están las copias de seguridad?”. Ha recordado que cuando se cierra un año contable esté queda bloqueado en un servidor, es decir, que “la contabilidad no queda registrada en ningún ordenador personal de trabajadores” y, por tanto, “no se puede modificar y sólo se puede abrir pidiendo un permiso a la empresa de mantenimiento”.

    Respecto al programa informático supuestamente utilizado para borrar estos archivos, a juicio de la dirección del sindicato “sofisticado”, ha afirmado que este programa se encuentra “en multitud de puestos” en el sindicato y se utiliza para borrar archivos temporales de internet en cada ordenador.

    En este contexto, se ha definido como “un hueso duro de roer” y va a pelear en los juzgados para que se declare “no la improcedencia del despido sino su nulidad”, es decir, “pelear por la readmisión y volver a entrar por la puerta”

     

    http://www.eldiario.es/andalucia/sindicalistas-despedido-archivos-direccion-UGT-A_0_205779922.html

     

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    Tengo un título de un curso de 300 horas de UGT al que no asistí

     

    FINANCIACIÓN SINDICAL Un trabajador de la UGT en Alicante destapa las irregularidades del sindicato

    ‘Tengo un título de un curso de 300 horas de UGT al que no asistí’

    • Un ex secretario comarcal asegura que hay cursos que no se hacen y se cobran

    • Me dijeron ‘firma como si hubieses venido todos los días y lo tienes'”

    José Miguel Montoro Ruiz, ex secretario de Organización de MCA-UGT...

    José Miguel Montoro Ruiz, ex secretario de Organización de MCA-UGT en la comarca del Valle del Vinalopó y la Montaña (Alicante). CARLOS BARAJAS

    Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

    «Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchel acudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

    Llamadas anónimas

    Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

    «Se contratan personas allegadas que no puedan irse de la lengua»

    Este sindicalista fue secretario de Organización de MCA-UGT en la comarca del Valle del Vinalopó y la Montaña, en Alicante, además del responsable de Acción Sindical y el encargado de organizar cursos de formación para delegados sindicales. Estuvo vinculado a UGT durante 22 años y presenció «muchas, muchas situaciones irregulares».

    – ¿Se cometían irregularidades en la realización de los cursos?

    – Sí, claro. Los cursos conllevaban unos gastos y había veces que terminábamos a mediodía y no nos quedábamos a comer. Pero como había que justificar una serie de gastos, yo, cuando iba a un restaurante, pedía una nota por 30 o 40 menús, cuando estaba comiendo yo solo. Esa nota se pasaba a Madrid.

    José Miguel responde sin miedo, pese a haber sido el responsable de la programación de esos cursos. Es más, reconoce que, a veces, se buscaban personas de confianza para que actuasen como alumnos y poder justificar las ayudas que llegaban para formación.

    «El hecho es que hay ocasiones en las que no se hacían todos los cursos solicitados, y para no devolver el dinero conseguido se buscaba a afiliados de otras comarcas para que cumplimentaran la información, ya que si no justificas la ayuda, el dinero hay que devolverlo».

    – ¿Por qué permitía que se firmasen cursos que no se realizaban?

    Inmerso en un ‘mercadeo’

    – Porque estaba en un engranaje donde todas las piezas tenían que encajar. Si tú eras díscolo y esa pieza no encajaba bien, lo que se hacía era apartar la pieza, es decir, cambiar la pieza por una nueva. Estabas inmerso en ese mercadeo.

    – El dinero que llegaba para esos cursos ¿era dinero público?

    – Por supuesto. Podían venir financiados por el Gobierno autonómico, por el Gobierno central, incluso se podía dar la paradoja de que viniesen financiados por la Unión Europea. Al sindicato de Valencia se le llegó a pedir la devolución de dinero porque no podía justificarlo.

    Míchel cuenta que por cada curso podía haber 15 alumnos y que, «a veces, se hacía la jornada continua y se terminaba a las tres [del mediodía] para evitar gastos», ya que «cuanto más justifiques, pero menos gastes, el beneficio siempre es mayor», advierte.

    Las ganancias

    – ¿Cuánto se puede sacar por un curso de formación sindical?

    «El caso de los ERE es una práctica habitual y cotidiana en el sindicato»

    – Mucho dinero.

    – ¿Eso cuánto es?

    – Depende del curso. Por ejemplo, técnico en prevención de riesgos laborales, nivel intermedio, es un curso de unas 600 horas. Yo tengo un título de este curso, de 300 horas presenciales, y yo no he asistido. Este curso no es verdad. Yo no he estado allí presente para tener esta titulación, pero la tengo. A mí se me dijo: ‘Aquí tienes una plaza, si quieres el título, firma como si hubieses venido todos los días y lo tienes’. Me tiré una tarde firmando papeles de días y días. El curso se financió con fondos de la Unión Europea.

    «Este curso tenía un coste importante», prosigue Míchel, que detalla que por cada alumno que terminara el curso eran unas 266.000 de las antiguas pesetas, es decir, unos 1.600 euros por cada persona. El curso se realizó en la sede de UGT de Alicante, en junio de 2003.

    – En estos años que tuvo un cargo en el sindicato, ¿se cometieron más irregularidades?

    – Sí, por supuesto. Tener personas contratadas a media jornada que estaban trabajando todo el día. Una parte del salario se les pagaba en limpio, con la nómina, y la otra parte se les pagaba en negro, más unos complementos.

    Dinero negro

    – Ese presunto dinero en negro ¿de dónde salía?

    – De muchos sitios, pero hay que pensar que salía de la formación.

    El proceso de contratación dentro del sindicato se basa en buscar a personas «muy allegadas, un familiar o un amigo, alguien de confianza que después no pudiera irse de la lengua y contar las intimidades y lo que se hacía», denuncia Montoro, que asegura que «cuando se hacía este tipo de irregularidades se usaba a gente así, gente que no pudiera hablar».

    Míchel optó por hablar y contar lo que sabe y lo que vio cuando estuvo en UGT. En este sentido, no pasa por alto el caso de los ERE destapado en Andalucía. «A mí no me suena de nuevas, porque eso ya se estaba haciendo», asegura. «Lo que está saliendo a la luz en Andalucía es algo que se está haciendo en otros sitios y se ha hecho en otros sitios, aunque no a ese nivel tan elevado y con tantas personas implicadas. Hay gente que dentro de esa negociación se lleva siempre un dinero. Es una práctica habitual y cotidiana».

    – ¿Cómo permitía todo esto?

    Si no lo hacía, no podía continuar.

    ‘Quien diga que no sabe, miente’

    «Estoy convencido de que las conoce». Así responde ‘Míchel’ cuando se le pregunta si cree que Cándido Méndez es consciente de las presuntas irregularidades que afloraron en el seno de UGT. Es más, no duda al asegurar que «cualquier persona que haya estado en el sindicato durante un tiempo, con un cargo de responsabilidad, sabe lo que se está haciendo dentro. Y quien diga que no, está mintiendo». Este ex sindicalista reconoce que UGT «tiene una estructura bastante compleja, donde cada sindicato se supone autónomo, pero todo se supedita a lo que dictamina el confederal». La comunicación en la estructura de UGT se rige de la siguiente manera, atendiendo a la descripción que realizó a este diario José Miguel Montoro: «Se canaliza como en un régimen militar, de una escala inferior, a una superior. Del sindicato comarcal pasa al regional -en este caso, el valenciano-; de ahí, a los máximos responsables de la organización en Madrid; y de ahí, al confederal». «Es como una dictadura. Nadie sale del sillón, todos mueren en la cama y Cándido Méndez dice que morirá en la cama».
    http://www.elmundo.es/espana/2013/12/09/52a4fc9363fd3df6588b457a.html?a=42fe00431883b70cda3c1bc06e70928d&t=1386579910

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