Archivos para 27 febrero 2014

La policía detiene a José Luis Aneri por la estafa de los cursos de formación

El País

Los agentes le han arrestado a las nueve de la noche y han registrado su domicilio

José Luis Aneri.

La policía ha detenido esta noche aJosé Luis Aneri, el empresario cordobés investigado por una supuesta estafa en cursos de formación profesional subvencionados con fondos públicos. La Unidad Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla le ha arrestado sobre las nueve de esta noche y ha registrado su domicilio en la calle de Rosario Pino.

Aneri es el principal sospechoso de ladesaparición de 4,4 millones de euros de subvenciones de la Comunidad de Madrid destinadas a la realización de cursos de teleformación que se realizaban a través de Internet. El empresario, que llegó a Madrid en 2007, se hizo en pocos años la gestión de las ayudas que recibían varias organizaciones empresariales. Él figuraba ante las Administraciones como la persona de contacto para pedir y tramitar las ayudas y se encargaba de dar los cursos a través de una red de empresas encabezadas por Sinergia Empresarial. A la presunta estafa en el ámbito de Madrid hay que añadir 11 millones de ayudas concedidas por el Ministerio de Empleo a otras organizaciones representadas por el empresario.

Aneri se dedicaba sobre todo a los cursos no presenciales, que se realizaban a través de una plataforma digital. En realidad no había cursos; y tampoco los alumnos eran reales. Eran los trabajadores de su empresa Sinergia Empresarial los que, con el mandato de Aneri, diseñaban las actividades con lo que encontraban en internet o copiando libros. En cuanto a los alumnos, salían de listados que Aneri conseguía. Luego multiplicaba sus identidades en todos los planes de formación que podía. Cuantos más alumnos, más dinero.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/27/madrid/1393536206_745851.html
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Empleo destituyó al alto cargo que colaboraba con la policía en el ‘caso Aneri’

El País

La consejería entorpeció la investigación de la estafa en cursos de formación

“No se notifica nada y que todo pase por aquí”, dijo su superior al subdirector

La Consejería de Empleo ha estado entorpeciendo presuntamente la investigación de la estafa de los cursos de formación. Una serie de correos prueban que responsables de la Dirección regional de Empleo obviaron los avisos de funcionarios que alertaban de un posible fraude de 4,4 millones de euros y pedían una denuncia pública.

Esos correos no surtieron efecto durante meses. En una escueta línea, semanas antes de que el escándalo saltara a las noticias, la directora general de Formación de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, Patricia Herrero, dio instrucciones en un email: “No se notifica nada y que todo pase por aquí por favor”. La directora respondía así a otro correo de un subordinado en el que este señalaba la necesidad de dar aviso a la Fundación Tripartita, el organismo del Ministerio de Empleo en el que participan la patronal, los sindicatos y la Administración, para la formación de trabajadores y desempleados.

Eso ocurrió el 15 de noviembre de 2013. Para entonces, el empresario cordobés José Luis Aneri ya está en el centro de todas las sospechas en la Viceconsejería de Empleo, situada en Vía Lusitana, 21 (Carabanchel). Aneri ha defraudado supuestamente millones de euros de las arcas públicas. Tramita subvenciones para cursos de formación a una treintena de asociaciones empresariales madrileñas que, según fuentes de la investigación, en algunos casos reciben mordidas de un 20% a cambio de su complicidad y su silencio. La cifra supera los 4,4 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid. Aneri también está siendo investigado por otro agujero en las arcas del Estado de otros 11 millones.

La Consejería de Empleo no acudió ni entonces ni ahora a la Policía Nacional ni a la Fiscalía a denunciar el presunto fraude millonario. No solo eso, ha destituido al autor de ese correo que, además, según los correos que aportó a la policía, había pedido que se pusiera todo en manos de la Fiscalía y se cooperase con la policía. El funcionario acudió a testificar finalmente y facilitó a los agentes documentación sobre los cursos de Aneri para que estos pudieran investigar. Ese funcionario se llama Joaquín Velázquez y hasta hace dos semanas era subdirector de Formación Continua y Emprendedores. Velázquez fue destituido el viernes 14 de febrero, tres días después de declarar ante la policía. El motivo que dio la consejería para explicar el cese oficial fue el de la “pérdida paulatina de confianza”.

Reunión con Tezanos

El viceconsejero de Empleo, Juan van Halen, convoca a la directora de Empleo a una reunión con Alfonso Tezanos, presidente de los comerciantes y exsocio de Aneri, el 15 de octubre. El subdirector destituido declara ante la policía que es la primera reunión en la que se da un aviso del caso Aneri. Empleo dice que el encuentro fue el 18 de octubre y que se trató otro asunto. Tezanos señala que “nunca” habló de este caso con Van Halen.

Un portavoz oficial de Empleo rechaza que exista una relación causa efecto entre la destitución de este cargo y su testificación policial. “La confianza se pierde paulatinamente por motivos diversos. Además, la responsable de la Dirección general [Patricia Herrero] no estaba satisfecha con el desempeño de sus funciones”. Si no lo estaba, hay varias cuestiones que quedan en el aire. ¿Por qué el cese no se produce antes? ¿Por qué Empleo permite entonces que sea Velázquez quien acuda a dar explicaciones a la policía en representación de la Comunidad de Madrid?

En una segunda declaración, el 19 de febrero, Velázquez sostiene que su destitución es “una consecuencia clara” de su colaboración con la justicia. Velázquez presenta ese día en las oficinas policiales una relación de 21 correos electrónicos con su inmediata superior, Patricia Herrero, con la policía y con la Agencia Tributaria para reforzar su testimonio.

“De enorme gravedad”

El 13 de noviembre de 2013, antes de que el escándalo salte a la prensa, el subdirector de Formación Continua le remite un correo a la directora general de Formación, Patricia Herrero, en el que le dice: “Para que los dos estemos al corriente de las presuntas andanzas de Aneri”. Adjunta una comunicación previa de los técnicos en la que piden “instrucciones claras” de cómo deben actuar en este tema, porque “parece deducirse que las irregularidades son de una enorme gravedad” y alude a un “presunto fraude informático”. En su declaración policial, Joaquín Velázquez entrega correos previos en los que comunica a su inmediata superiora distintos aspectos del caso, como ejemplos de expedientes gestionados por el empresario.

“A raíz de colaborar con la Policía y con la Agencia Tributaria para ayudar a esclarecer las irregularidades y potenciales responsabilidades del fraude de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, una vez puesto en conocimiento de su directora general de Formación por escrito, esta ha procedido a cesarle del puesto como consecuencia clara de esta colaboración”, recoge la declaración policial.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Empleo tuvo conocimiento al menos desde inicios de 2013 de distintos problemas con los cursos de formación gestionados por las empresas de Aneri. En junio inicia los expedientes de revocación para que las asociaciones devuelvan las ayudas, pero no presenta denuncia. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.

Uno de los primeros correos es del 31 de octubre de 2013. Velázquez se lo manda a su superiora para contarle que Aneri es “socio de más de 20 empresas”, que se detectó que los beneficiarios de las ayudas “podían estar siendo estafados” y que Aneri se ha presentado en las oficinas de Vía Lusitana para que los técnicos avalen “su trabajo”; recomienda, así, que las entidades “denuncien de una vez a Aneri”. “Espero tus instrucciones”, se despide.

El 13 de noviembre, Velázquez envía otro email a su directora en el que da cuenta de un informe de la Unidad de Evaluación que avisa de un “presunto fraude informático” y que “parece deducirse que las irregularidades son de una enorme gravedad”. “Puede tratarse de una falsificación masiva de datos en relación a los alumnos formados a través de esta plataforma digital”, dice. El funcionario alerta de que puede afectar a otras autonomías y recomienda contactar con la Fundación Tripartita. El 15 de noviembre, Herrero responde: “No se notifica nada y que todo pase por aquí, por favor”.

El 19 de noviembre, Velázquez pide a su jefa que se revoquen las subvenciones que se habían concedido a las organizaciones representadas por el principal sospechoso y que se “adopten las medidas legales oportunas si se demuestra que ha habido mala fe”. Reclama que se pida un informe urgente en 24 horas a los letrados de la consejería y que se notifiquen las actas a la Fundación Tripartita, “a fin de que inicie su propia investigación”. Fuentes de la Fundación Tripartita indican que no recibieron ningún aviso por parte de la Comunidad de Madrid y que conocieron el caso Aneri por la prensa.

“No se notifica nada”

El caso Aneri aún no es público. Los técnicos proponen una reunión con la Fundación Tripartita —el organismo estatal que gestiona cursos y que integra a patronal, sindicatos y Administración— para comunicar que han detectado “irregularidades” en los expedientes de Aneri. Alertan de que el presunto estafador gestiona planes de formación estatales y añaden que en su plataforma aparecen logotipos de la Junta de Andalucía o la Xunta de Galicia que pueden esconder otras irregularidades. Antes de cerrar ese encuentro, el 15 de noviembre de 2013 piden el visto bueno de la directora general. “No se notifica nada y que todo pase por aquí”, responde ella. Un portavoz de Empleo dice que se decidió no comunicarlo porque ya habían “puesto en marcha la revocación de los cursos no justificados” y se estaba coordinando una investigación entre el departamento de Herrero y la Dirección General de Estrategia. No aclara por qué no se alertó de un posible fraude a otras comunidades o al Estado.

El 8 de enero, Velázquez reenvía a su jefa un correo del jefe de área, Vicente Ferreras, en el que este le indica que ha recibido una llamada a su móvil personal de un hombre que se identifica como “un inspector de policía que está encargado de investigar el tema de la estafa de José Luis Aneri”, al que el funcionario le recomienda que siga el cauce reglamentario y se dirija a sus superiores.

El viernes 10 de enero, Joaquín Velázquez le dice a la directora general que se debería “poner el asunto en manos de la fiscalía para que instruyan un procedimiento judicial, a fin de que haya pruebas válidas ante un tribunal”. El 11 de febrero, martes, le escribe para informarle de que ha sido citado por un subinspector de la Policía Nacional. “Debo estar en los juzgados a las 16.30. Para tu información. Si quieres venir dímelo por favor”.

El miércoles 12 de febrero, le informa de que le ha entregado a la policía los expedientes y la información “que necesitan para investigar a Sinergia Empresarial y a su administrador José Luis Aneri, y nos han agradecido enormemente la colaboración de la Comunidad de Madrid”. Le reitera que la Comunidad debería personarse en las causas contra Aneri o abrir su propia causa “si es necesario a juicio de letrados”.

En su declaración ante la Policía Nacional, Velázquez asegura que Patricia Herrero no contestó a los correos que le mando el 11 de febrero antes de ir a testificar. “Ante la extrañeza del dicente por la importancia que este le da a la colaboración con la policía y con la AEAT [Agencia Tributaria] procede a personarse en el despacho de la directora general. La directora general le indica que ella no va a asistir, que le proporcione lo justo, y él le dice que va a entregarlo todo”.

“En manos de la fiscalía”

En enero de 2014, el subdirector dice a su superior que se debería trasladar el asunto a la fiscalía. El caso Aneri ya es público. Hay una investigación policial abierta por un expediente nacional y otra en un juzgado por la denuncia de una asociación. Empleo, que no ha ido a la policía ni al fiscal, señaló a este periódico que “está en contacto” con los agentes por estas y otras investigaciones.

Ese mismo día, por la tarde y durante más de dos horas, Velázquez y su jefe de servicio dan a la policía toda la información de la que disponen en ese momento y se emplazan a remitir el resto por correo electrónico. La directora general, según Velázquez, no se interesa por conocer el resultado de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la policía, en ningún momento y por ningún medio. El subdirector manifiesta que en muchos correos que envía a Patricia Herrero, no hay respuesta por escrito. Empleo señala oficialmente que la policía citó directamente al subdirector y que, “a pesar de ello, la directora general se ha puesto en contacto personalmente con el inspector responsable para reiterarle su colaboración en la investigación”.

Tres días después de su primera declaración, Velázquez es destituido. Antes de que el subdirector declarase ante la policía, fuentes policiales habían señalado ya a este diario que la Comunidad ha prestado escasa colaboración.

El ex subdirector general indica además en su declaración policial que en octubre de 2013 hace acto de presencia en Vía Lusitana Alfonso Tezanos, un alto cargo de la patronal Ceim que también se dedica a la formación y que, según ha podido comprobar este periódico, ha usado métodos similares a los de Aneri, es decir, multiplicación de identidades para conseguir más subvenciones.

A pesar de ello, Tezanos comunicó las irregularidades que estaba cometiendo Aneri. Según Velázquez, Tezanos mantiene un encuentro con el viceconsejero de Empleo, Juan van Halen, y con la directora Patricia Herrero, según consta en un correo aportado en la declaración. Dice que se trató el tema de Aneri, punto que niega la consejería, que asegura que solo se habló “de las ayudas al plan de Empleo”. Otras fuentes señalan que Tezanos ya había hablado a finales de 2012 con Velázquez sobre Aneri.

El 20 de febrero, dos meses y medio después de que EL PAÍS publicara la primera información sobre el fraude y al menos 11 meses más tarde de que los técnicos detectaran el caso, la consejera Ana Isabel Mariñoofreció explicaciones públicas en la Cámara regional. La Comunidad de Madrid anunció que está investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindicales, que realizaban cursos de formación tanto presenciales como a distancia. Mariño afirmó en la Asamblea de Madrid que va a ser “implacable” y va a “controlar toda la formación, no solo en el fondo, sino también en la forma, no solo en el control del gasto, sino también en la ejecución de los cursos de formación”.

Lo que dicen las normas

Ley General de Subvenciones

La Comunidad de Madrid nunca acudió ni a la policía ni al fiscal para denunciar las supuestas irregularidades en los cursos de formación. Se basa en que ha seguido lo que dicta la Ley de Subvenciones y estos son los artículos en los que se ampara:

Artículo 52. Concepto de infracción. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en esta ley y serán sancionables incluso a título de simple  negligencia.

Artículo 53. Responsables. “Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de esta ley, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley […]”. Entre ellos, la normativa cita a los beneficiarios de subvenciones, las entidades colaboradoras, el representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Empleo tuvo conocimiento al menos desde inicios de 2013 de distintos problemas con los cursos de formación gestionados por las empresas de Aneri. En junio inicia los expedientes de revocación para que las asociaciones devuelvan las ayudas, pero no presenta denuncia. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/23/madrid/1393187536_618484.html

 

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El presidente de los comerciantes se contrató a sí mismo para dar cursos

El País

Un informe de la Comunidad destapa que la actuación de Tezanos vulnera la ley

Arturo Fernández (primer plano) y Alfonso Tezanos (centro) entregan diplomas de cursos de la Cámara de Comercio.

Alfonso Tezanos, hombre fuerte de la patronal madrileña, usaba alumnos falsos y se contrataba, además, a sí mismo para justificar subvenciones públicas, según un informe de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso EL PAÍS. Su modus operandi es similar al que empleaba José Luis Aneri, el empresario cordobés sospechoso de encabezar una trama de cursos de formación fraudulentos que suponen, de momento, el desvío de más de 11 millones de fondos públicos.

Aneri no es el único empresario que inventa planes de formación y alumnos para cobrar unas ayudas y justificar luego unos cursos que no se imparten. La investigación de la Comunidad apunta ahora a las empresas y organizaciones de Tezanos, que acumula varios cargos en el mundo empresarial madrileño. Es presidente de la confederación de comerciantes Cecoma, presidente de la federación de empresarios Fedecam, presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, vocal de la directiva de CEIM (patronal madrileña) y directivo de empresas de formación.

Este empresario ha utilizado, siempre según los informes oficiales, algunas de las organizaciones que preside para contratar la formación a sus propias empresas o a las de sus socios. Uno de ellos es Víctor Porta Chacón, hombre de confianza de Tezanos. Porta figura en los expedientes de cursos subvencionados como contratador, como contratado y como profesor, a través de la empresa Pymes y Desarrollo, que es propiedad de Tezanos, según el informe oficial. No obstante, en el Registro Mercantil, Tezanos aparece como exadministrador. Los expertos de la Comunidad de Madrid sostienen que esta relación entre las organizaciones y las empresas vulneran lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Subvenciones.

Pero además de esas irregularidades, algunos cursos organizados por Tezanos no se han impartido. O al menos, no los han recibido muchos de los alumnos que figuran en los listados que se presentan a la Comunidad de Madrid. “Yo no he hecho ningún curso”, señala una feriante autónoma cuyo nombre aparece en uno de los cursos organizados por las asociaciones de Tezanos. Media docena de personas, todas feriantes, confirman a este diario que tampoco hicieron esos cursos. Distintos profesionales de este sector explican que facilitaron los datos a las asociaciones para acreditar que tenían los papeles en regla y poder poner un stand en una feria. “Solo he dado datos a las empresas que organizan ferias, estoy al día de pagos y envío la documentación que me solicitan, pero no he hecho ningún curso”, señala otro de los que aparecen en el listado.

Tezanos niega estos hechos y asegura que ninguna de las empresas que imparten los cursos está a su nombre. Tezanos añade que el 95% de los cursos que gestionan las consultoras vinculadas a organizaciones que él preside (Fedecam o Cecoma) son presenciales y que “es prácticamente imposible que haya fraude porque están sometidos al control de la Administración”. La larga historia de estafas en cursos de formación muestra que sí es posible el fraude y que en ocasiones se falsificaban las firmas.

Tezanos y Víctor Porta introdujeron a José Luis Aneri en el mundo de los cursos de formación en 2007. Este último está siendo investigado por la Policía Nacional por un agujero de más de 11 millones de euros en subvenciones públicas estatales y regionales. Se investiga también si estafó a una treintena de asociaciones empresariales que pidieron las ayudas y a las que la Comunidad reclama ahora el dinero.

Tezanos es un hombre de Arturo Fernández en la CEIM y estos días ha recibido su respaldo. “Es un miembro muy digno de la CEIM, y serán las actuaciones judiciales las que digan si tiene algo ver con Aneri”, dijo.

Tezanos también ha aparecido en las informaciones sobre el caso Aneri porque fue él quien acudió a la Dirección General de Empleo en Vía Lusitana para reunirse con el subdirector general de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez e informar supuestamente de las irregularidades. Este último ya ha encontrado otra ubicación en Asuntos Sociales.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/19/madrid/1392841092_896041.html?rel=rosEP

 

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Un cargo de la Comunidad, primera víctima de la trama de los cursos falsos

El País

El subdirector de Formación, Joaquín Velázquez, es destituido por el ‘caso Aneri’

La trama de los falsos cursos de formación se ha cobrado su primera víctima política, un cargo de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. Se trata del subdirector general de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, recién destituido de su cargo, según confirmó ayer un portavoz de la consejería, aduciendo pérdida de confianza en el cargo. La Policía investiga el paradero de más de 11 millones de euros de fondos públicos, procedentes de las arcas del Estado y de ayudas gestionadas en la Comunidad, que supuestamente fueron desviados por las sociedades de José Luis Aneri, el empresario cordobés y principal sospechoso del caso.

A finales de 2012, el subdirector de Formación se reunió con el empresario Alfonso Tezanos, vocal de la Confederación de Empresarios de Madrid y presidente de la Comisión de Formación en la Cámara de Comercio.

En aquel encuentro, Tezanos le alertó supuestamente del modus operandi de José Luis Aneri, del que había sido socio hasta 2011. La Comunidad de Madrid no investigó durante todo un año a pesar de tener indicios de que se estaba produciendo una posible estafa, que en el caso regional supera los 4,4 millones de euros. A través de sus empresas, Aneri suplantaba identidades y multiplicaba la presencia de alumnos en los listados elaborados para justificar las ayudas que recibieron una treintena de asociaciones de la patronal madrileña.

La estafa supera de momento 11 millones de euros de fondos públicos

La Consejería de Empleo, que dirige Ana Isabel Mariño (PP), no denunció ante la policía ni ante la fiscalía la supuesta estafa ni informó públicamente del posible extravío millonario. El Servicio Público de Empleo Estatal sí remitió uno de los expedientes gestionados por las empresas de Aneri a la policía tras detectar varias irregularidades.

El asunto saltó a la prensa el pasado diciembre. Un portavoz regional de Empleo dijo entonces que el procedimiento de control se había activado en los plazos que señala la Ley de Subvenciones y que no hubo inacción. La consejería no ofreció más explicaciones públicas, pese a las reiteradas peticiones de este periódico conforme avanzaba el caso, hasta el pasado miércoles.

Ese día, el director de Estrategia y Fomento de Empleo de la Comunidad, Valentín Bote, compareció en la Asamblea para defender la actuación “diligente” de la consejería y anunciar una querella cuando concluya la investigación interna. Añadió que sus funcionarios estaban trabajando como policías, y no mencionó la destitución de Joaquín Velázquez, que llegó días después.

La trama conseguía nombres y DNI y los asignaba a cursos no dados

Distintas fuentes han resaltado la estrecha relación entre Joaquín Velázquez y Alfonso Tezanos, un aspecto que este último niega de forma tajante. Tezanos también preside la Confederación de Comercio Minorista (Cecoma) y la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, que integra a parte de las asociaciones estafadas. Pese a conocer el caso y haber avisado supuestamente a la Comunidad, Tezanos no avisó de las irregularidades a sus asociados. Algunos han señalado que conocieron la supuesta estafa casi un año después, cuando los técnicos de la consejería comenzaron a avisarles para que justificaran las ayudas, de las que Aneri se había desentendido.

Las investigaciones posteriores han salpicado a Tezanos, que fue quien introdujo a Aneri en el mundo empresarial madrileño, y que también gestiona empresas de formación. Estas utilizaban supuestamente el mismo método que las de Aneri: conseguían nombres y números de DNI y los asignaban a distintos expedientes de planes de formación. Tezanos, a quien la cúpula de Cecoma ha pedido la dimisión, ha negado tajantemente estar implicado en la trama.

Este periódico contactó en dos ocasiones con Joaquín Velázquez antes de conocer su destitución. El subdirector no quiso confirmar ningún aspecto relacionado con la reunión con Tezanos y señaló que “todo era mentira”, sin aclarar a qué se refería. Tras la destitución, este periódico ha intentado sin éxito recabar su versión.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/16/madrid/1392573391_214223.html

 

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Un alto cargo de la patronal, salpicado por la trama de cursos de formación

El País

La investigación de la Comunidad señala que las empresas de Alfonso Tezanos, presidente de los comerciantes, también suplantaban supuestamente identidades

La Comunidad tardó un año en reaccionar ante la estafa

Alfonso Tezanos, presidente de CECOMA, y Arturo Fernández, presidente de CEIM, en junio de 2011.

La estafa de los cursos de formación de la patronal era hasta hace unos días una historia que solo tenía un sospechoso con nombres y apellidos:José Luis Aneri. Este empresario cordobés era el eje central de una trama que servía para hacer desaparecer cantidades millonarias de subvenciones públicas destinadas a la formación. Pero en los últimos días han surgido nuevos indicios que apuntan a que otros empresarios del sector utilizaban los mismos métodos. Es el caso de Alfonso Tezanos, socio de Aneri hasta 2011, uno de los hombres de Arturo Fernández en la patronal Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), presidente de la organización de comerciantes CECOMA, presidente de la comisión de Formación de la Cámara de Comercio y responsable de Fedecam y otras empresas dedicadas a la formación.

Tezanos y su mano derecha, Víctor Porta Chacón, fueron los que introdujeron a Aneri en el mundo de los cursos de formación en 2007. En esa fecha crearon con él una empresa llamada Prevención de Riesgos Laborales, que en 2011 cambiaría a Sinergia Empresarial, la principal empresa de la trama que implica a José Luis Aneri.

Tezanos niega tajantemente estar implicado en la trama de Aneri

Las actividades de Tezanos y Aneri en el mundo de la formación han corrido paralelas. Sus empresas han usado supuestamente el mismo método:conseguían nombres y números de DNI y los asignaban a distintos expedientes de planes de formación. Con eso lograban multiplicar el número de alumnos y por tanto la cuantía de la subvención. La investigación iniciada en el seno de la Comunidad de Madrid señala que, al igual que ha ocurrido con Aneri, supuestos alumnos de los cursos gestionados por empresas de Tezanos han comunicado que tampoco habían hecho esos cursos. Es el caso de dos trabajadoras de Cecoma (Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid), entidad que preside Tezanos.

Las empresas de Alfonso Tezanos también recurrían a listados de trabajadores que tenían a su alcance para justificar los cursos, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. “Hasta donde yo sé, no se ha recurrido a listas”, señaló ayer a EL PAÍS Tezanos, que niega que sus empleadas figuren en falsos cursos impartidos por sus empresas y ha rechazado en varias ocasiones estar vinculado con ninguna estafa de cursos de formación.

Por otra parte, un antiguo profesor de las academias de Tezanos señala que él mismo rellenaba los cursos en la modalidad no presencial, aquellos que se hacían a través de plataformas digitales. “Se usaban los nombres que tenía en la base de datos de antiguos alumnos presenciales”, dice este exempleado que trabajó para una de las empresas de Tezanos en 2008 y que pide mantener el anonimato. El empresario indica que no sabe a qué cursos se refiere el extrabajador y añade que “en ocasiones” se ha subcontratado a terceras academias.

Pero las relaciones entre los dos empresarios van más allá de un mismo modus operandi. El cuñado de Tezanos ha trabajado para Aneri hasta que la empresa echó el cierre dejando a los trabajadores con sueldos pendientes y sin finiquito.

El empresario fue socio de Aneri, el principal sospechoso del fraude

Otro vínculo se encuentra en el expediente en el que de momento centra su atención la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Los agentes investigan un supuesto agujero millonario en las ayudas estatales que recibió la federación de cooperativas de transportes, Ucotrans. Esta organización consiguió, entre otras subvenciones, más de un millón de euros de una convocatoria de formación dirigida específicamente a jóvenes en 2011. Esa solicitud la cursó Aneri. En la petición oficial figuran como empresas colaboradoras del proyecto dos firmas relacionadas con Tezanos y su socio Víctor Porta, que aparecen como centros de trabajo donde los supuestos alumnos debían realizar las prácticas: Gestión y Ayuda empresarial S.L. y Star Pymes S.L. Tezanos señaló ayer que no disponía de detalles para responder a este asunto por encontrarse en un evento y añadió que ofrecería más datos cuando pueda revisar esa documentación.

En los últimos años, Tezanos ha acaparado poder dentro del mundo empresarial. Preside la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, entidad presidida también por Arturo Fernández. Desde ahí gestiona cursos que se le encomiendan a la Cámara de Comercio. Esta subcontrata a empresas para dar la formación, entre ellas, algunas de las empresas de Tezanos: Star Pymes, Centro de Soporte y Soluciones Tecnológicas o Type Technologies.

Crisis en la Confederación de Comercio Minorista

La investigación del caso y las informaciones aparecidas en prensa que vinculan a Alfonso Tezanos y Juan Luis Aneri han causado una crisis en la organización de comerciantes Cecoma, que Tezanos dirige desde 2012. El pasado 10 de febrero, el vicepresidente de la organización, Eduardo Morán, con el respaldo de varios miembros de la directiva de Cecoma, envió una carta a sus asociados pidiéndoles conformidad para pedir al secretario general que convoque una reunión de la junta directiva. “Para que todos podamos expresarnos y trasladarle al presidente nuestra inquietud por la situación actual y nuestro deseo de que asuma este esfuerzo que le pedimos en aras de buscar lo mejor para nuestra Confederación”, argumenta el vicepresidente en ese escrito. Morán relata también que él mismo le pidió en días previos a Tezanos que “dejara la presidencia y permaneciera en segunda fila en la Confederación hasta que estos temas se aclaren”. Tezanos aparecía en las informaciones publicadas hasta ahora por EL PAÍS como el empresario que dio entrada Aneri en Madrid y también como la persona que supuestamente alertó a la Comunidad de su modus operandi hace más de un año.

Tezanos considera que la petición de dimisión responde a una estrategia de sus enemigos para quitarle la presidencia de Cecoma aprovechando el caso de la estafa de los cursos de formación, con la que niega tener ninguna relación.

El 24 de marzo están convocadas las elecciones para elegir al presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid. Por primera vez, hay dos aspirantes. Hilario Alfaro y actual presidente Arturo Fernández, que aún no ha formalizado su candidatura. Tezanos considera que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, hay gente que está maniobrando para hacer daño a Arturo Fernández a través de él para beneficiar así al segundo candidato.

“Alfaro y yo somos competidores”, aseguró ayer Tezanos a este periódico. “Están intentando darle un golpe de mano a Cecoma por la importancia de nuestra organización dentro de CEIM”.

La investigación policial sobre la supuesta estafa encabezada por Aneri, centrada en los cursos con financiación estatal, comenzó hace más de un año. La Comunidad de Madrid inició sus propias pesquisas en septiembre de 2013, aunque tenía constancia, al menos un año antes de supuestas irregularidades en las ayudas concedidas a una treintena de asociaciones empresariales madrileñas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/12/madrid/1392239042_156482.html

 

 

 

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Los cursos de formación no sirven

El Mundo

Nueve de cada 10 ‘no mejoraron su situación’ tras recibirlos

  • Sindicatos, patronal y Gobierno analizaron el estudio, pero ignoraron sus condiciones

ANA BRAVO CUIÑASMadrid

Actualizado: 31/01/2014 02:35 horas

Gobierno, patronal y sindicatos conocen bien que el impacto de la formación para el empleo es muy limitado. Lo evidente a tenor de las estadísticas lo ratificaron los informes de evaluación de la Fundación Tripartita de 2010 y 2011, que arrojaron que nueve de cada 10 trabajadores afirmaban que la formación que recibieron no les había servido para nada.

Las evaluaciones se presentaron siendo Corbacho y Gómez ministros de Trabajo

Los demoledores resultados fueron en su momento puestos en conocimiento de sindicatos y patronal en el seno de la fundación, en una época que coincidió con el final del mandato deCelestino Corbacho y el comienzo deValeriano Gómez al frente del Ministerio de Trabajo del Gobierno socialista. La intención era abrir un debate en profundidad sobre lo que constituía un modelo fallido, tal y como refiere uno de los responsables de la entidad en aquel momento al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Pero el esfuerzo fue en vano: los impulsores de la iniciativa no tardaron en ser cesados en sus responsabilidades en la fundación y las evaluaciones fueron colgadas en la página web de la Tripartita… E ignoradas.

«No sólo es corrupción que la formación sirva para completar la financiación de patronales y sindicatos, corrupción es también que todos esos ingentes recursos no sirvan para nada. O, al menos, que no sirvan para el fin para el que fueron destinados», opina este antiguo responsable de la Fundación Tripartita en esos años.

Las clamorosas conclusiones de los informes de evaluación dejaban en muy mal lugar tanto a la conocida como formación de la oferta o subvencionada, es decir, los cursos de formación que se ofrecen, de manera gratuita, por las organizaciones empresariales, sindicales, de economía social, trabajadores autónomos y centros de formación; como a la llamada formación de la demanda, que realizan las empresas con cargo a la cuota de formación que pagan dentro de las nóminas de sus empleados.

‘Renunciaremos a los cursos si hace falta’

  • >Tanto CCOO como UGT, ante los escándalos por la gestión de los cursos de formación, han manifestado públicamente su disposición a no impartir este tipo de cursos de forma directa.
  • >Según apuntó recientemente la secretaria confederal de UGT, Teresa Muñoz, su sindicato está dispuesto a «renunciar a impartir cursos si con ello se despejan las sombras y las dudas sobre la financiación».
  • >En la misma línea se pronunció poco antes el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, entrevistado por EL MUNDO: «No me importaría en absoluto que CCOO renunciase a los cursos de formación. No reportan beneficios económicos al sindicato y hay otras fórmulas distintas a la gestión directa que pueden ser tan útiles o más».
  • > Según ha podido saber este periódico, el Gobierno está dispuesto a revisar el funcionamiento y la propia existencia de la Fundación Tripartita, que constituye uno de los ejes del modelo de formación.

Pero más sangrante en sí era el hecho de que las evaluaciones correspondieran al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Unos años en que la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria habían provocado que el mercado laboral afrontase una destrucción de empleo sin precedentes y que los parados engrosaran las estadísticas por decenas de miles mes a mes.

Respecto a la formación de la oferta, un 87,5% de los trabajadores que participaron en ella concluyeron que no se había producido cambio alguno en relación con el trabajo que venían desempeñando. En el caso de la formación de la demanda, el poder de transformación resultaba aún más limitado: sólo un 9,5% de los trabajadores encuestados afirmaron que la formación había generado alguno de esos cambios.

La evaluación del impacto de formación también distingue entre el tipo de plan en que tomaron parte los encuestados. Y los resultados fueron igual de homogéneos y mediocres: Planes Sectoriales (12,75%), Planes Intersectoriales (10,47%), Planes de Economía Social (13%) y Planes para Trabajadores Autónomos (11%).

Pero todos estos discretísimos porcentajes de aceptación están referidos a los resultados de las evaluaciones de 2011. En la correspondiente a 2010, la Fundación Tripartita extrajo incluso que las acciones impulsadas desde la propia empresa «no generan impacto». «El resultado era 0% en una encuesta tan grande y exhaustiva como aquella. Y ni a unos ni a otros parecía importarle», refiere este antiguo responsable de la entidad.

No es de extrañar que los informes concluyeran que existe «una gran bolsa de trabajadores para los que no existe ninguna conexión entre la formación que llevaron a cabo y alguna variación experimentada en lo laboral». Otra de las perlas de los estudios pone en solfa otro concepto ampliamente aceptado como clave en la prosperidad futura de la empresa: «no se puede afirmar que la formación mejore de forma sustancial la productividad y competitividad de las empresas, por lo que el logro de este objetivo queda en entredicho».

Un error también de concepto

El Real Decreto 395/2007 que regula la Formación para el Empleo en su actual configuración, plantea cinco fines del subsistema de formación para el empleo. En primer lugar, «favorecer la formación de trabajadores desempleados y ocupados». El segundo y más importante consiste en «proporcionarles conocimientos y prácticas adecuados a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de la empresa. El tercero es «contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas». El cuarto es «mejorar la empleabilidad de los trabajadores». Y el quinto y último es «promover que las competencias adquiridas a través de procesos formativos y de la experiencia laboral sean objeto de acreditación». Estos cinco fines están en la norma equiparados, cuando es el segundo, es decir, la adquisición de conocimientos y prácticas que requiera la empresa y el mercado de laboral, el que es verdadero eje central y que debería ser eje de los informes de evaluación. «No es relevante si los trabajadores han hecho las horas previstas, ni las pruebas, ni las lecturas, ni si se ha adquirido un certificado. La formación sólo es relevante si mejora los resultados en el trabajo y aún más, si éstos compensan el esfuerzo realizado», sostiene este antiguo responsable de la Tripartita para quien, y en todo caso, «si se financia con fondos públicos se debería exigir rigor en la evaluación y que ésta mida lo que es relevante: si el que aprende es más competente y si tiene mejores resultados en el trabajo». En su opinión, «ni este Gobierno ni el anterior entienden el fondo del asunto». Los resultados son también muestra de ello.

http://www.elmundo.es/economia/2014/01/31/52eae207e2704ee35d8b456d.html

 

 

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