Empleo destituyó al alto cargo que colaboraba con la policía en el ‘caso Aneri’

El País

La consejería entorpeció la investigación de la estafa en cursos de formación

“No se notifica nada y que todo pase por aquí”, dijo su superior al subdirector

La Consejería de Empleo ha estado entorpeciendo presuntamente la investigación de la estafa de los cursos de formación. Una serie de correos prueban que responsables de la Dirección regional de Empleo obviaron los avisos de funcionarios que alertaban de un posible fraude de 4,4 millones de euros y pedían una denuncia pública.

Esos correos no surtieron efecto durante meses. En una escueta línea, semanas antes de que el escándalo saltara a las noticias, la directora general de Formación de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, Patricia Herrero, dio instrucciones en un email: “No se notifica nada y que todo pase por aquí por favor”. La directora respondía así a otro correo de un subordinado en el que este señalaba la necesidad de dar aviso a la Fundación Tripartita, el organismo del Ministerio de Empleo en el que participan la patronal, los sindicatos y la Administración, para la formación de trabajadores y desempleados.

Eso ocurrió el 15 de noviembre de 2013. Para entonces, el empresario cordobés José Luis Aneri ya está en el centro de todas las sospechas en la Viceconsejería de Empleo, situada en Vía Lusitana, 21 (Carabanchel). Aneri ha defraudado supuestamente millones de euros de las arcas públicas. Tramita subvenciones para cursos de formación a una treintena de asociaciones empresariales madrileñas que, según fuentes de la investigación, en algunos casos reciben mordidas de un 20% a cambio de su complicidad y su silencio. La cifra supera los 4,4 millones de euros solo en la Comunidad de Madrid. Aneri también está siendo investigado por otro agujero en las arcas del Estado de otros 11 millones.

La Consejería de Empleo no acudió ni entonces ni ahora a la Policía Nacional ni a la Fiscalía a denunciar el presunto fraude millonario. No solo eso, ha destituido al autor de ese correo que, además, según los correos que aportó a la policía, había pedido que se pusiera todo en manos de la Fiscalía y se cooperase con la policía. El funcionario acudió a testificar finalmente y facilitó a los agentes documentación sobre los cursos de Aneri para que estos pudieran investigar. Ese funcionario se llama Joaquín Velázquez y hasta hace dos semanas era subdirector de Formación Continua y Emprendedores. Velázquez fue destituido el viernes 14 de febrero, tres días después de declarar ante la policía. El motivo que dio la consejería para explicar el cese oficial fue el de la “pérdida paulatina de confianza”.

Reunión con Tezanos

El viceconsejero de Empleo, Juan van Halen, convoca a la directora de Empleo a una reunión con Alfonso Tezanos, presidente de los comerciantes y exsocio de Aneri, el 15 de octubre. El subdirector destituido declara ante la policía que es la primera reunión en la que se da un aviso del caso Aneri. Empleo dice que el encuentro fue el 18 de octubre y que se trató otro asunto. Tezanos señala que “nunca” habló de este caso con Van Halen.

Un portavoz oficial de Empleo rechaza que exista una relación causa efecto entre la destitución de este cargo y su testificación policial. “La confianza se pierde paulatinamente por motivos diversos. Además, la responsable de la Dirección general [Patricia Herrero] no estaba satisfecha con el desempeño de sus funciones”. Si no lo estaba, hay varias cuestiones que quedan en el aire. ¿Por qué el cese no se produce antes? ¿Por qué Empleo permite entonces que sea Velázquez quien acuda a dar explicaciones a la policía en representación de la Comunidad de Madrid?

En una segunda declaración, el 19 de febrero, Velázquez sostiene que su destitución es “una consecuencia clara” de su colaboración con la justicia. Velázquez presenta ese día en las oficinas policiales una relación de 21 correos electrónicos con su inmediata superior, Patricia Herrero, con la policía y con la Agencia Tributaria para reforzar su testimonio.

“De enorme gravedad”

El 13 de noviembre de 2013, antes de que el escándalo salte a la prensa, el subdirector de Formación Continua le remite un correo a la directora general de Formación, Patricia Herrero, en el que le dice: “Para que los dos estemos al corriente de las presuntas andanzas de Aneri”. Adjunta una comunicación previa de los técnicos en la que piden “instrucciones claras” de cómo deben actuar en este tema, porque “parece deducirse que las irregularidades son de una enorme gravedad” y alude a un “presunto fraude informático”. En su declaración policial, Joaquín Velázquez entrega correos previos en los que comunica a su inmediata superiora distintos aspectos del caso, como ejemplos de expedientes gestionados por el empresario.

“A raíz de colaborar con la Policía y con la Agencia Tributaria para ayudar a esclarecer las irregularidades y potenciales responsabilidades del fraude de los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid, una vez puesto en conocimiento de su directora general de Formación por escrito, esta ha procedido a cesarle del puesto como consecuencia clara de esta colaboración”, recoge la declaración policial.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Empleo tuvo conocimiento al menos desde inicios de 2013 de distintos problemas con los cursos de formación gestionados por las empresas de Aneri. En junio inicia los expedientes de revocación para que las asociaciones devuelvan las ayudas, pero no presenta denuncia. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.

Uno de los primeros correos es del 31 de octubre de 2013. Velázquez se lo manda a su superiora para contarle que Aneri es “socio de más de 20 empresas”, que se detectó que los beneficiarios de las ayudas “podían estar siendo estafados” y que Aneri se ha presentado en las oficinas de Vía Lusitana para que los técnicos avalen “su trabajo”; recomienda, así, que las entidades “denuncien de una vez a Aneri”. “Espero tus instrucciones”, se despide.

El 13 de noviembre, Velázquez envía otro email a su directora en el que da cuenta de un informe de la Unidad de Evaluación que avisa de un “presunto fraude informático” y que “parece deducirse que las irregularidades son de una enorme gravedad”. “Puede tratarse de una falsificación masiva de datos en relación a los alumnos formados a través de esta plataforma digital”, dice. El funcionario alerta de que puede afectar a otras autonomías y recomienda contactar con la Fundación Tripartita. El 15 de noviembre, Herrero responde: “No se notifica nada y que todo pase por aquí, por favor”.

El 19 de noviembre, Velázquez pide a su jefa que se revoquen las subvenciones que se habían concedido a las organizaciones representadas por el principal sospechoso y que se “adopten las medidas legales oportunas si se demuestra que ha habido mala fe”. Reclama que se pida un informe urgente en 24 horas a los letrados de la consejería y que se notifiquen las actas a la Fundación Tripartita, “a fin de que inicie su propia investigación”. Fuentes de la Fundación Tripartita indican que no recibieron ningún aviso por parte de la Comunidad de Madrid y que conocieron el caso Aneri por la prensa.

“No se notifica nada”

El caso Aneri aún no es público. Los técnicos proponen una reunión con la Fundación Tripartita —el organismo estatal que gestiona cursos y que integra a patronal, sindicatos y Administración— para comunicar que han detectado “irregularidades” en los expedientes de Aneri. Alertan de que el presunto estafador gestiona planes de formación estatales y añaden que en su plataforma aparecen logotipos de la Junta de Andalucía o la Xunta de Galicia que pueden esconder otras irregularidades. Antes de cerrar ese encuentro, el 15 de noviembre de 2013 piden el visto bueno de la directora general. “No se notifica nada y que todo pase por aquí”, responde ella. Un portavoz de Empleo dice que se decidió no comunicarlo porque ya habían “puesto en marcha la revocación de los cursos no justificados” y se estaba coordinando una investigación entre el departamento de Herrero y la Dirección General de Estrategia. No aclara por qué no se alertó de un posible fraude a otras comunidades o al Estado.

El 8 de enero, Velázquez reenvía a su jefa un correo del jefe de área, Vicente Ferreras, en el que este le indica que ha recibido una llamada a su móvil personal de un hombre que se identifica como “un inspector de policía que está encargado de investigar el tema de la estafa de José Luis Aneri”, al que el funcionario le recomienda que siga el cauce reglamentario y se dirija a sus superiores.

El viernes 10 de enero, Joaquín Velázquez le dice a la directora general que se debería “poner el asunto en manos de la fiscalía para que instruyan un procedimiento judicial, a fin de que haya pruebas válidas ante un tribunal”. El 11 de febrero, martes, le escribe para informarle de que ha sido citado por un subinspector de la Policía Nacional. “Debo estar en los juzgados a las 16.30. Para tu información. Si quieres venir dímelo por favor”.

El miércoles 12 de febrero, le informa de que le ha entregado a la policía los expedientes y la información “que necesitan para investigar a Sinergia Empresarial y a su administrador José Luis Aneri, y nos han agradecido enormemente la colaboración de la Comunidad de Madrid”. Le reitera que la Comunidad debería personarse en las causas contra Aneri o abrir su propia causa “si es necesario a juicio de letrados”.

En su declaración ante la Policía Nacional, Velázquez asegura que Patricia Herrero no contestó a los correos que le mando el 11 de febrero antes de ir a testificar. “Ante la extrañeza del dicente por la importancia que este le da a la colaboración con la policía y con la AEAT [Agencia Tributaria] procede a personarse en el despacho de la directora general. La directora general le indica que ella no va a asistir, que le proporcione lo justo, y él le dice que va a entregarlo todo”.

“En manos de la fiscalía”

En enero de 2014, el subdirector dice a su superior que se debería trasladar el asunto a la fiscalía. El caso Aneri ya es público. Hay una investigación policial abierta por un expediente nacional y otra en un juzgado por la denuncia de una asociación. Empleo, que no ha ido a la policía ni al fiscal, señaló a este periódico que “está en contacto” con los agentes por estas y otras investigaciones.

Ese mismo día, por la tarde y durante más de dos horas, Velázquez y su jefe de servicio dan a la policía toda la información de la que disponen en ese momento y se emplazan a remitir el resto por correo electrónico. La directora general, según Velázquez, no se interesa por conocer el resultado de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la policía, en ningún momento y por ningún medio. El subdirector manifiesta que en muchos correos que envía a Patricia Herrero, no hay respuesta por escrito. Empleo señala oficialmente que la policía citó directamente al subdirector y que, “a pesar de ello, la directora general se ha puesto en contacto personalmente con el inspector responsable para reiterarle su colaboración en la investigación”.

Tres días después de su primera declaración, Velázquez es destituido. Antes de que el subdirector declarase ante la policía, fuentes policiales habían señalado ya a este diario que la Comunidad ha prestado escasa colaboración.

El ex subdirector general indica además en su declaración policial que en octubre de 2013 hace acto de presencia en Vía Lusitana Alfonso Tezanos, un alto cargo de la patronal Ceim que también se dedica a la formación y que, según ha podido comprobar este periódico, ha usado métodos similares a los de Aneri, es decir, multiplicación de identidades para conseguir más subvenciones.

A pesar de ello, Tezanos comunicó las irregularidades que estaba cometiendo Aneri. Según Velázquez, Tezanos mantiene un encuentro con el viceconsejero de Empleo, Juan van Halen, y con la directora Patricia Herrero, según consta en un correo aportado en la declaración. Dice que se trató el tema de Aneri, punto que niega la consejería, que asegura que solo se habló “de las ayudas al plan de Empleo”. Otras fuentes señalan que Tezanos ya había hablado a finales de 2012 con Velázquez sobre Aneri.

El 20 de febrero, dos meses y medio después de que EL PAÍS publicara la primera información sobre el fraude y al menos 11 meses más tarde de que los técnicos detectaran el caso, la consejera Ana Isabel Mariñoofreció explicaciones públicas en la Cámara regional. La Comunidad de Madrid anunció que está investigando a un centenar de organizaciones, tanto empresariales como sindicales, que realizaban cursos de formación tanto presenciales como a distancia. Mariño afirmó en la Asamblea de Madrid que va a ser “implacable” y va a “controlar toda la formación, no solo en el fondo, sino también en la forma, no solo en el control del gasto, sino también en la ejecución de los cursos de formación”.

Lo que dicen las normas

Ley General de Subvenciones

La Comunidad de Madrid nunca acudió ni a la policía ni al fiscal para denunciar las supuestas irregularidades en los cursos de formación. Se basa en que ha seguido lo que dicta la Ley de Subvenciones y estos son los artículos en los que se ampara:

Artículo 52. Concepto de infracción. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en esta ley y serán sancionables incluso a título de simple  negligencia.

Artículo 53. Responsables. “Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de esta ley, que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley […]”. Entre ellos, la normativa cita a los beneficiarios de subvenciones, las entidades colaboradoras, el representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar y las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Empleo tuvo conocimiento al menos desde inicios de 2013 de distintos problemas con los cursos de formación gestionados por las empresas de Aneri. En junio inicia los expedientes de revocación para que las asociaciones devuelvan las ayudas, pero no presenta denuncia. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/23/madrid/1393187536_618484.html

 

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