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La gran estafa española

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/15/actualidad/1402842749_308339.html

La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales

Fuente: elaboración propia a partir de presupuestos de SEPE 2013 y normativa de Formación para el Empleo. / EL PAÍS

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS en marzo

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Ramilo, tras anunciar su dimisión. / EFE

LA TARTA DE LOS CURSOS

21.000 millones en 10 años

El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la administración central y de los fondos europeos. Las proporciones varían cada año, pero la mayor parte del dinero la aportan las cuotas destinadas a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2010, año en el que se destinaron 2.594 millones para la formación, el 84% procedía de la Seguridad Social, Europa dio un 10% (250 millones) y el Estado, un 6% (149 millones).

El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas laborales. Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.

ALUMNOS FALSOS

La estafa

Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas. Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.

Alonso Tezanos, presidente de Cecoma, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, en la firma de un convenio con Fedecam

¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración. La ley permite que se devuelva a una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de financiación a través de las ayudas públicas.

Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la subvención. Imaginemos que era de 100 euros. De ellos, 20 se destinaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10 euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados, oficinas, plataformas, publicidad… El resto (70 euros) era ganancia neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la investigación.

“HOY VIENE EL INSPECTOR”

Colaboración administrativa

La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación. Es suficiente con que la Administración mire para otro lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide anonimato, como la mayoría de las personas consultadas para esta información.

Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos

Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.

Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que impartir en 2011. El momento de justificar y entregar todos los papeles que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente, 2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen, suelen tardar algunos años más en revisarlo todo.

LOS ORÍGENES

Un sistema perverso

Es imposible saber cuánto de todo el dinero concedido desde que se inició el sistema de la formación ha sido defraudado, pero los casos se han ido repitiendo año tras año. El sistema empezó a fraguarse en el año 1984. Patronal y sindicatos firmaron entonces el Acuerdo Económico y Social, un documento en el que se diagnosticaba que la causa del deficiente mercado laboral era la falta de formación de los trabajadores. La solución fue fijar unas cuotas que trabajadores y empresarios aportarían a la Seguridad Social y que se destinarían a cursos de formación.

Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El sistema empezó a dar problemas desde el principio.

La Guardia Civil registra la sede de UGT Andalucía. / JULIAN ROJAS (EL PAÍS)

Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, saltó el caso del Imefe en 1998, en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones. En 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la organización que presidía.

Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100 millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. El caso acabó prescribiendo. El escándalo se repitió: “Después de la Forcem, pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía experto en este tipo de fraudes.

LOS ROBOTS DE ANERI

Los alumnos perfectos

El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012.

En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún mayor. Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri, detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos.

Fidel Pallerols saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona. / © MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

HERRAJES PARA CABALLOS

La utilidad de los cursos

Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde plataformas online demuestra que, aun sin fraudes, el sistema no cumple su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de España, que firmó acuerdos con Aneri por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas mecánica para conductores o el uso del GPS. Pero también se ofrecían cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear alumnos”, asegura el empresario.

OTRA VUELTA DE TUERCA

La nueva reforma

Los últimos casos de corrupción —el más reciente en Málaga, donde la UDEF investiga a 20 empresas que recibieron 1,7 millones del Gobierno andaluz— coinciden con la negociación que el Ministerio de Empleo ha abierto con sindicatos y patronal para la enésima reforma de los cursos.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral

Francia modificó en marzo su normativa tras un escándalo de 2007 en la gestión de los fondos de formación por una patronal metalúrgica que malversó unos 20 millones. Se creó una comisión parlamentaria, se elaboró un informe muy crítico y diseñaron un sistema de financiación transparente de los agentes sociales separado de la formación.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral. Allí, el gasto público tiene poca importancia en los programas. Los costes directos los paga el participante. Y, desde 2007, existe un programa adicional de financiación por el que los beneficiarios están obligados a invertir al menos el mismo dinero que reciben.

España quiere ahora aplicar una adjudicación de cursos por concurso público y un sistema en el que participen directamente, sin intermediarios, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como consultoras privadas. El tiempo dirá si es el cambio definitivo o una vez más todo cambia para que todo siga igual.

 

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Aneri: “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que me encargaban”

EL PAÍS

El empresario, acusado de una estafa en las subvenciones, cuenta por carta su versión

    El empresario cordobés José Luis Aneri Molina.

     A medida que se conocen nuevos detalles de las subvenciones para cursos de formación en Madrid, va quedando más claro que el empresario José Luis Aneri es solo una pieza más dentro de un complicado engranaje que servía para que las ayudas públicas pasaran a manos privadas.

    La Comunidad de Madrid le señala en distintos informes como el hombre quegestionó en 2012 unos 4,4 millones de euros que estaban destinados a la formación y cuya justificación nunca se ha completado. Ninguna de las asociaciones afectadas ha denunciado, pese a que ahora tienen que devolver grandes cantidades que ponen en peligro su supervivencia. Guardan silencio oficial y tratan de desvincularse del empresario, hasta ahora en paradero desconocido. Dos semanas después de que EL PAÍS publicara la investigación interna llevada a cabo por técnicos de la Comunidad de Madrid, es Aneri quien cuenta su propia versión de los hechos.

    “Solo facturé a las asociaciones por los cursos que estas me encargaban”, señala el empresario cordobés, de 34 años, a través de una carta remitida a EL PAÍS por su abogado. En la misiva recuerda que él no es apoderado “de ninguna asociación”, no le han sido otorgados “poderes de ningún tipo” ni tampoco ha pedido ayudas de forma directa. Sin embargo, según los datos del Ejecutivo, eran las asociaciones las que solicitaban las ayudas a la Comunidad de Madrid, en muchos casos dejando como persona/ lugar de contacto a Aneri y las sedes de sus empresas, principalmente Sinergia Empresarial.

    El empresario atribuye esa decisión a las propias asociaciones que son, añade, “las que ponen el dato de persona de contacto en el impreso de solicitud que ellas redactan, firman y aportan al ente administrativo correspondiente”.

    Aneri asegura que su única función con las asociaciones era impartir cursos y que lo hizo “siguiendo las directrices y condiciones de la asociación que ha conseguido que se le conceda la subvención”. Los informes de la Comunidad de Madrid lo señalan como el responsable de la duplicación de alumnos en los cursos subvencionados. Algunos llegaron a hacer 30 cursos en un solo mes, según los datos regionales.

    El empresario añade que el control y la justificación de las ayudas corresponden “por ley” a las asociaciones. Las convocatorias oficiales añaden que esa verificación deben de hacerla también las Administraciones durante la celebración de los cursos, pero la Comunidad de Madrid no detectó las supuestas irregularidades hasta que comenzaron a vencer los plazos de requerimiento para la justificación de ayudas.

    Según los informes de la Comunidad, Aneri y sus empresas figuraba como persona de contacto para reclamar toda esa documentación, aunque el empresarios señala en su defensa que es la asociación la que debe justificar “por sí misma en primera persona sin delegación y / o subcontratación” esa ayuda.

    Legalmente son las asociaciones las que deben responder por el dinero supuestamente defraudado y así se lo reclama ahora la Comunidad de Madrid, que pide la devolución de 4,4 millones. Hasta el momento ninguna de las afectadas ha presentado denuncia ni en los juzgados ni en la policía. Distintas fuentes señalan que todo este sistema se apoyaba en las mordidas que cobraban las asociaciones, en torno a un 20% de las subvenciones.

    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/19/madrid/1387486223_194081.html

     

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    El universo empresarial de UGT

     

    • El sindicato participa en 35 empresas, otras 46 están gestionadas por dirigentes históricos

    • Tiene dos fundaciones que llegan a manejar más de 54 millones en subvenciones en un año

     

    Los miembros del comité ejecutivo confederal de UGT en su última...

    Los miembros del comité ejecutivo confederal de UGT en su última reunión, con la presencia del secretario general Cándido Méndez (quinto por la izqda., en la fila de arriba) JAVIER BARBANCHO

     

    MARISA RECUERO Madrid

    Actualizado: 08/12/2013 04:15 horas

     

    La UGT dejó de ser un simple sindicato para convertirse en un grupo empresarial capaz de mover 106 millones de euros anuales y gestionar 81 empresas y dos fundaciones de las que dependen más de 1.600 trabajadores. No son meros números, son datos objetivos que constan en el Registro Mercantil y corroboran las cuentas de las propias sociedades. Sólo las dos fundaciones, consideradas sin ánimo de lucro, recibieron en un año más de 54 millones de euros en subvenciones. Se trata del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

     

    Dicho de otra manera, y tomando como referencia las definiciones que la Real Academia Española da a las palabras sindicato y empresa, la UGT que preside Cándido Méndez dejó de ser sólo «una asociación de trabajadores constituida para la defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus miembros» para erigirse en «una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos» que ingresa dinero y tiene a sus responsables sindicales como miembros de los órganos de administración de sus empresas.

     

    Los datos revelan que casi la mitad de esas sociedades -en concreto, 35- están participadas de manera directa por UGT y gestionadas por dirigentes de sus federaciones. Las 46 restantes no tienen participación directa del sindicato, pero están controladas por responsables del mismo. En los órganos de las empresas consultadas hay miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal; dirigentes de la UGT de Madrid y de Andalucía; miembros de las cúpulas de las federaciones de Servicios Públicos (FSP-UGT), la de Servicios (FeS-UGT) y la de Trabajadores para la Enseñanza (FETE-UGT); así como veteranos dirigentes sindicales de las unidades territoriales de la organización.

     

    El tesorero del sindicato, Antonio Retamino Megías; el secretario de Organización de Méndez, José Javier Cubillo; su secretaria de Igualdad, Almudena Fontecha; y los secretarios generales de la FSP-UGT y la FeS-UGT, Julio Lacuerda Castelló y José Miguel Villa Antoñana, respectivamente, forman parte de los órganos de administración de empresas del sindicato.

     

    47,5 millones de euros en subvenciones

     

    UGT es dueña en un 100% del instituto IFES, que gestionó 47,5 millones de euros en subvenciones el año pasado, y del ISCOD, que ingresó 6,9 millones en un año, atendiendo a las últimas cuentas disponibles de 2011. Es más, es accionista mayoritaria de cuatro empresas dedicadas a la edición de libros, el comercio de materias primas agrícolas, actividades jurídicas y la promoción inmobiliaria.

     

    En concreto, se trata de Publicaciones Unión -dirigida por Antonio Retamino-, Servicios UGT Madrid, Soralpe i Mas P Asociados y Proyectos Inmobiliarios Novasur, respectivamente. Precisamente, estas dos últimas -la primera es la matriz y la segunda, la filial- son gestionadas por el ya ex secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, que consiguió que Soralpe facturara 1,7 millones de euros en 2011.

     

    División geográfica de las empresas

     

    A través de sus direcciones territoriales y federaciones, el sindicato es también propietario en un 100% de otras 16 empresas. La UGT de Madrid es accionista mayoritario de Masercisa, una sociedad que gestiona cursos de formación y que llegó a facturar 2,8 millones en 2011. La UGT de Valencia es dueña de la empresa de publicidad Recolzament Integrat a la Gestio y de la inmobiliaria Habitat de Qualitat.

     

    La UGT de Castilla-La Mancha participa en un 100% en Insercastisman, centrada en el comercio al por menor de muebles, y la publicista Revuelta Creativa, de la que depende una filial de promoción inmobiliaria llamada Educable Innovación y Desarrollo. La UGT de Aragón tiene una empresa de servicios financieros y contables, Unión Aragonesa de Servicios, y la territorial de Baleares es dueña de otra inmobiliaria.

     

    Hubo empresas que facturaron hasta 8,5 millones en plena crisis

     

    A este listado se suma Foro de Formación y Ediciones, propiedad en un 100% de la FSP-UGT y accionista mayoritario de cinco filiales autonómicas. Esta empresa llegó a facturar 8,5 millones hace dos años, en plena crisis económica. Es más, la federación en cuestión es también propietaria de FES Gestión, una sociedad de actividades jurídicas dirigida por la cúpula de la FeS, que controla también el grupo Fondo de Promoción y Desarrollo Profesional. FeS-UGT es accionista en un 70% de la división de formación de esta sociedad y de un 30% de su filial de alquiler de inmuebles Fondo de Promoción y Desarrollo Profesional Activos.

     

    El paquete de empresas participadas directamente por el sindicato lo completa Formación de Investigación y Desarrollo de Enseñanza, una editora de libros propiedad de FETE Servicios y Consulting, participada, a su vez, en un 100%, por la ETE-UGT que dirige Carlos López Cortiñas.

     

    En plena crisis, hubo empresas que llegaron a facturar en un año entre un millón y esos 8,5 millones que registró Foro de Formación y Ediciones. Es más, entre las sociedades vinculadas de manera indirecta al sindicato, algunas llegaron a registrar ingresos que superaron los cinco millones de euros.

     

    En concreto, éste fue el caso de Gallega de Papel, participada en un 50% por Teresa Rodríguez Beltrán, miembro del patronato del IFES, secretaria de Formación de UGT en La Rioja y apoderada, a su vez, de una empresa de alquiler de bienes inmuebles (Humanis Servicios Inmobiliarios) que ingresó el año pasado 1,04 millones de euros.

     

    Los líderes sindicales y sus empresas

     

    En torno a 15 personas vinculadas con el sindicato se convirtieron en empresarios independientes, creando su propia empresa. El secretario de Administración y Finanzas de FSP-UGT, Manuel Mora Moreno, es miembro de los órganos de administración de una sociedad dedicada al asesoramiento de la gestión empresarial y otra al comercio. Iniciativa y Evaluación y Artensa Central de Compras, respectivamente. Es más, su socio es apoderado de una empresa dedicada al comercio al por menor de juguetes, vestidos, calzado, artículos de deporte, armas y cartuchería.

     

    El que fuera secretario general de UGT Navarra durante 15 años, Miguel Ángel Ancízar Eceolaza, es ahora el dueño del grupo inmobiliario Gestión Social e Inversiones, con ocho filiales inmobiliarias. La matriz facturó 1,47 millones en 2012 y una de sus filiales llegó a ingresar 1,4 millones en el mismo año, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

     

    Rafael Recuenco, que fuera secretario general de UGT Valencia durante 20 años, es el presidente de la Fundación Pascual Tomás de la Comunidad Valenciana, dedicada a la enseñanza y que facturó un millón de euros en 2012.

     

    Federico Fresneda, veterano de UGT de Andalucía en el equipo del anterior secretario general del sindicato en esta comunidad autónoma, Manuel Pastrana, forma parte de la inmobiliaria Geosur, y Emilio Hernández Rabanaque, sindicalista en MCA hasta 2009, es administrador de Painso 21, la matriz de un grupo de empresas inmobiliarias y de asesoramiento.

     

    La sorpresa la da Antonio Deusa Pedrazo, secretario general de la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios (Fitag), que es el presidente de una empresa dedicada a hacer estudios de mercado que está siendo investigada por su presunta relación con el caso de los ERE de Andalucía. Se llama Temiqui y dispone de cuatro trabajadores, según consta en el Registro. En 2012 facturó 877.525 euros.

     

    El entramado de empresas descrito cuestiona las distintas vías de financiación de las que dispone UGT. Es más, corrobora que detrás del sindicato se ha levantado un grupo de empresas relacionadas con la organización de manera directa e indirecta.

     

    http://www.elmundo.es/economia/2013/12/08/52a220ba0ab740981f8b457a.html

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    CCOO. La verdadera historia de los sindicatos y la formación

    http://www.ccoo.es/csccoo/Informacion:Noticias:539037–La_verdadera_historia_de_los_sindicatos_y_la_formacion#!

    La verdadera historia de los sindicatos y la formación

    Ciertos medios utilizan la formación para deteriorar la imagen de sindicatos y conseguir que lo que ahora es un derecho, se convierta en una mercancía

    Un lector desprevenido que haya ojeado estas últimas semanas los periódicos de Madrid habrá creído que durante dos décadas ha existido una corrupta red sindical destinada a quedarse con los dineros de la formación. Esa red, liderada por la UGT, haría cosas tan malvadas como impartir cursos de “Corte y cata de jamón serrano” para trabajadores de hostelería o de “Arreglos florales” para los de comercio; ofertarlos gratuitamente a través de sus propios centros de formación acreditados y dedicar a su preparación, difusión, evaluación y gestión un 19% del presupuesto de los planes de formación, a pesar de que, en 2011, estaba permitido facturar un 20% por ese concepto.

    Como tapadera, esos sindicalistas habrían constituido la Fundación Tripartita, en cuyo patronato están presentes, junto a CCOO y UGT, la Confederación Intersindical Galega, CEOE, CEPYME y el Gobierno, con voto de calidad. Y logrado, mediante una perversa creación llamada negociación colectiva, que más de cien organizaciones empresariales –de ASAJA a CONFEMETAL y de la CNC a la CECAP– firmaran Acuerdos Sectoriales de Formación y constituyeran “Comisiones Paritarias” para analizar las necesidades de cualificación de su ámbito. Es más, en el colmo de la audacia, la red habría conseguido que esas mismas patronales y otras entidades, solicitaran y recibieran subvenciones por un importe superior al que los propios sindicatos recibían.

    Si el mismo lector, desocupado, hubiera consultado la normativa, los presupuestos y los beneficiarios de la formación para el empleo, advertiría que esos medios de comunicación desconocen o evitan mencionar algunos datos que no encajan con la tesis de la trama sindical.

    Para empezar, exageran enormemente el importe de las subvenciones que reciben CCOO y UGT para hacer formación y, al mismo tiempo, ocultan que muchas otras organizaciones y empresas también las reciben; de esa manera se quiere trasladar al público la idea de que los fondos de formación son un chiringuito sindical. Pero no es así. En 2012, CCOO gestionó el 3,06% y UGT 3,18% del presupuesto de la Tripartita, que ascendía a 742 millones de euros, mientras que por ejemplo los centros de formación privados, obtuvieron un 6%, las organizaciones de economía social (COCETA, CONFESAL…) y las de autónomos (ATA, CEAT, etc.) un 2% y CEOE, CEPYME y otras patronales un 7%.

    Las tres cuartas partes de los fondos, algo más de 570 millones de euros, las reciben directamente las empresas a través de bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. A diferencia de las organizaciones sindicales y empresariales, las empresas, para financiar sus cursos, no necesitan obtener la aprobación de planes de formación, ni incluir en ellos un alto porcentaje de colectivos desfavorecidos y acciones prioritarias, ni comunicar la lista de alumnos antes de iniciar cada acción formativa, para facilitar el trabajo de los verificadores, ni siquiera necesitan presentar facturas para justificar los costes en que incurren (sólo se piden a una muestra aleatoria de ellas).

    La web de la Fundación Tripartita no proporciona el listado de empresas bonificadas, aunque sí datos estadísticos que demuestran su espectacular aumento. En menos de diez años, han pasado de 33.181 a 459.620. Incluso la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, un periódico tradicionalmente muy crítico con la formación para el empleo, ofrece “Cursos de desarrollo profesional” que pueden financiarse a través de esta iniciativa aunque, como su precio supera los 80 euros por hora y alumno, la bonificación de las empresas no alcance para cubrir todos los costes.

    Tampoco suele mencionarse que el presupuesto de la formación para el empleo no procede de los impuestos, sino de una cuota que para ese fin acordaron pagar los empresarios y los trabajadores. El Gobierno no aporta ningún recurso complementario; antes bien, utiliza parte de esos ingresos, que según el Tribunal Constitucional solo deben destinarse al “mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcanzadas y que capacitaron para acceder al puesto de trabajo”, a la financiación de otras actividades, como la intermediación laboral, el impulso del emprendimiento o las bonificaciones a la contratación. Por tanto, no se trata, como sugiere alguna prensa, de que los sindicatos se estén quedando con un dinero público que podría tener usos alternativos, sino de lo contrario, ya que de no ser por esa cuota no podría financiarse la formación de los empleados públicos, que en buena parte no cotizan por ese concepto, la de los autónomos, que tampoco lo hacen, y bastantes de las medidas de los Planes Anuales de Política de Empleo.

    Además, en los últimos dos años, coincidiendo con el estancamiento de la concertación social, la inversión total en este capítulo ha descendido de manera notable.

    Con todo, la legitimación de los sindicatos para intervenir en formación no hay que buscarla en que los cursos se paguen con la cuota de formación profesional que aportan sus afiliados y representados, sino en que hacen un bien al sistema. La literatura académica enseña que la participación de los representantes de los trabajadores aumenta la inversión empresarial en cualificación y procura un reparto más equitativo de las oportunidades de aprendizaje. Los políticos europeos piensan lo mismo y en toda la Unión, salvo Letonia, existen acuerdos bipartitos o tripartitos en esta materia y no es infrecuente que los agentes sociales gestionen directamente los fondos (Bélgica, Francia, Holanda) ni que los sindicatos dispongan de grandes centros de enseñanza (la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB).

    Por último, no se dan datos sobre las características de las personas que participan en los cursos y, por consiguiente, parece que los recursos económicos adjudicados a los sindicatos no generan ningún servicio ni se exige por ellos ninguna contrapartida o justificación. Esta suerte de “deshumanización” de la formación delata el escaso interés de esos diarios por su impacto en las trayectorias personales y profesionales de los trabajadores. Tal vez sea útil saber, por ejemplo, que según la memoria de la Fundación Tripartita, nueve de cada diez alumnos consideraba, en el año 2010, que había ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional gracias a acciones formativas impulsadas por los agentes sociales, o que casi la mitad de los alumnos de IFES, el centro de formación de UGT, eran personas ocupadas no cualificadas, las más sensibles a los procesos de reconversión y las más reacias a “volver a la escuela”.

    Entiendo que ciertos periódicos y revistas se sientan más confortables relatando presuntas corrupciones que mencionando estadísticas e informes. Es obvio, por otra parte, que se debe investigar a fondo cualquier presunto fraude, lo cometa un sindicato, una patronal, una academia privada o una congregación religiosa. Sin embargo, no creo que nada de eso justifique la impúdica presunción de culpabilidad que se aplica estos días a cualquier asunto relacionado con la UGT.

    Corren tiempos difíciles para la formación. El Gobierno la utiliza como coartada para abaratar el coste de la mano de obra joven, aumentando los supuestos contractuales en los que la precariedad laboral se disfraza de aprendizaje. Ciertos medios la utilizan para deteriorar la imagen de sindicatos y conseguir que lo que ahora es un derecho, se convierta en una mercancía. Hay quien cree que lo hacen por ideología, yo creo que lo hacen solo por dinero.

    Yolanda Ponce es socióloga y coordinadora de la Asistencia Técnica de CCOO en la Fundación Tripartita

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    CONTROL DE LA FORMACIÓN

    LOS SINDICATOS

    Estos días se habla mucho del lucro de los sindicatos con los cursos de formación ocupacional.

    De una entrevista del 17/11/2013 al líder de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo, llama especialmente la atención esta afirmación:

    “No soy un experto en contabilidad, pero es muy complicado manipular las ayudas de formación. Se hacen inspecciones a fondo sobre los cursos de formación y sería muy difícil camuflar una parte.”

    ¿Que se hacen inspecciones a fondo? Valiente afirmación.

    A mí, como inspector de estos cursos (20 años) me prohibieron expresamente entrar en temas de dinero y preguntar a los formadores sobre sus retribuciones.
    “¿No ves que nos dejas a todos con el culo al aire?” me espetó una vez mi jefa directa.


    Relacionado con sindicatos, explico una anécdota, que ilustra hasta qué punto han aterrizado e influyen los sindicatos en las asambleas de parados.

    En Barcelona, concretamente el 22/2/2011, se estaba decidiendo en asamblea hacer un estudio de campo sobre el fraude en la formación ocupacional, sobre ese negocio con los parados.

    Al conocer el tema me ofrecí a ayudar.

    Sin embargo, intervino el líder de la asamblea (sindicalista) diciendo que antes de hacer nada, habría que hablar con los abogados del Colectivo Ronda (agrupación famosa en Cataluña por su activismo social).

    Manifesté mi interés por asistir a esa reunión, a la que llevaría multitud de documentos probatorios.

    Pasó un año y el líder no me decía nada de la reunión. Por ello, el 16/2/2012 le envié un correo preguntándole al respecto.

    Me respondió ese mismo día escribiéndome:

    “Yo no estuve en las gestiones con el colectivo ronda y lo que se por comentarios de quienes se vieron con los abogados es que era necesario aportar pruebas. Saludos. Diosdado Toledano”.”

    Sorprendido de que no me hubieran invitado -y de no haberse podido aportar pruebas-, le pregunté quién había ido a esa reunión del Colectivo Ronda. Me dio el nombre de dos personas.
    Pregunté a las dos. Ninguno sabía nada al respecto.
    Uno me dijo: “¿Pero cómo iba a ir yo, si de formación no entiendo?”

    En el Colectivo Ronda nunca se había hecho una reunión sobre fraude en F.O.

    De esta manera, con esta maniobra de distracción, se consiguió paralizar aquello que se estaba decidiendo en la asamblea del 22/2/2011, en que los parados iban a empezar a tomar cartas en el asunto.


    (Dicho esto, comentar que las patronales aún se embolsan muchos más fondos F.O. que los sindicatos, según pude ver en las inspecciones)

    http://www.cursosytutoriales.es/index.php/foro/32-opinion/9-reivindicacion-honorarios-formadores-fpo?start=204#312

     

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    Fondos públicos ¿Que responderemos?

    Llegará el momento en el que la pregunta será:

    Y usted sabiendo lo que sucedia con los fondos públicos ¿Qué hizo al respecto?

    Si sabes lo que sucede en el sistema y hablas, eres expulsado.

    Si no hablas y sabes lo que sucede eres cómplice.

    Si miras para otro lado y callas, consientes.

    Si consientes, refuerzas el sistema.

    ¿Dónde están los técnicos de la administración que tanto saben?

    Algunos realizan su trabajo con honestidad y contra el lucro indebido.

    http://www.youtube.com/watch?v=I5qe3PXUC9E

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    Derechos laborales, formadores y transparencia en la gestión

    La situación de indefensión en la que se encuentran los formadores, en la formación para el empleo, queda clara en la respuesta que Gobierno Vasco proporciona a la solicitud de información de Afaci Euskadi.

    Interesante que los técnicos de Lanbide no tengan que analizar la organización de los cursos, por lo visto no es necesario conocer posibles irregularidades.

    Todo ello con dinero público.

    Podeis realizar comentarios sobre el tema el la página de “Gobierno Abierto” Irekia.

    https://irekia.euskadi.net/es/proposals/969-situacion-profesional-irregular-formadores-para-empleo

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