La gran estafa española

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/15/actualidad/1402842749_308339.html

La corrupción ha marcado la historia de los cursos de formación, un sistema de miles de millones que en muchos casos financia ilegalmente a los agentes sociales

Fuente: elaboración propia a partir de presupuestos de SEPE 2013 y normativa de Formación para el Empleo. / EL PAÍS

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS en marzo

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Ramilo, tras anunciar su dimisión. / EFE

LA TARTA DE LOS CURSOS

21.000 millones en 10 años

El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la administración central y de los fondos europeos. Las proporciones varían cada año, pero la mayor parte del dinero la aportan las cuotas destinadas a la Seguridad Social. Por ejemplo, en 2010, año en el que se destinaron 2.594 millones para la formación, el 84% procedía de la Seguridad Social, Europa dio un 10% (250 millones) y el Estado, un 6% (149 millones).

El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas laborales. Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.

ALUMNOS FALSOS

La estafa

Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas. Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.

Alonso Tezanos, presidente de Cecoma, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, en la firma de un convenio con Fedecam

¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración. La ley permite que se devuelva a una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de financiación a través de las ayudas públicas.

Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la subvención. Imaginemos que era de 100 euros. De ellos, 20 se destinaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10 euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados, oficinas, plataformas, publicidad… El resto (70 euros) era ganancia neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la investigación.

“HOY VIENE EL INSPECTOR”

Colaboración administrativa

La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación. Es suficiente con que la Administración mire para otro lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide anonimato, como la mayoría de las personas consultadas para esta información.

Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. ¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos

Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.

Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que impartir en 2011. El momento de justificar y entregar todos los papeles que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente, 2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen, suelen tardar algunos años más en revisarlo todo.

LOS ORÍGENES

Un sistema perverso

Es imposible saber cuánto de todo el dinero concedido desde que se inició el sistema de la formación ha sido defraudado, pero los casos se han ido repitiendo año tras año. El sistema empezó a fraguarse en el año 1984. Patronal y sindicatos firmaron entonces el Acuerdo Económico y Social, un documento en el que se diagnosticaba que la causa del deficiente mercado laboral era la falta de formación de los trabajadores. La solución fue fijar unas cuotas que trabajadores y empresarios aportarían a la Seguridad Social y que se destinarían a cursos de formación.

Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El sistema empezó a dar problemas desde el principio.

La Guardia Civil registra la sede de UGT Andalucía. / JULIAN ROJAS (EL PAÍS)

Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, saltó el caso del Imefe en 1998, en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones. En 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la organización que presidía.

Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100 millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. El caso acabó prescribiendo. El escándalo se repitió: “Después de la Forcem, pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía experto en este tipo de fraudes.

LOS ROBOTS DE ANERI

Los alumnos perfectos

El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012.

En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún mayor. Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri, detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos.

Fidel Pallerols saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona. / © MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)

HERRAJES PARA CABALLOS

La utilidad de los cursos

Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde plataformas online demuestra que, aun sin fraudes, el sistema no cumple su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de España, que firmó acuerdos con Aneri por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas mecánica para conductores o el uso del GPS. Pero también se ofrecían cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear alumnos”, asegura el empresario.

OTRA VUELTA DE TUERCA

La nueva reforma

Los últimos casos de corrupción —el más reciente en Málaga, donde la UDEF investiga a 20 empresas que recibieron 1,7 millones del Gobierno andaluz— coinciden con la negociación que el Ministerio de Empleo ha abierto con sindicatos y patronal para la enésima reforma de los cursos.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral

Francia modificó en marzo su normativa tras un escándalo de 2007 en la gestión de los fondos de formación por una patronal metalúrgica que malversó unos 20 millones. Se creó una comisión parlamentaria, se elaboró un informe muy crítico y diseñaron un sistema de financiación transparente de los agentes sociales separado de la formación.

En Alemania, la formación profesional de los trabajadores se realiza sobre todo dentro de las empresas y en su jornada laboral. Allí, el gasto público tiene poca importancia en los programas. Los costes directos los paga el participante. Y, desde 2007, existe un programa adicional de financiación por el que los beneficiarios están obligados a invertir al menos el mismo dinero que reciben.

España quiere ahora aplicar una adjudicación de cursos por concurso público y un sistema en el que participen directamente, sin intermediarios, tanto organizaciones sin ánimo de lucro como consultoras privadas. El tiempo dirá si es el cambio definitivo o una vez más todo cambia para que todo siga igual.

 

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Formación para el empleo

diariodesevilla.es
La tribuna

Jesús Cruz Villalón | Actualizado 10.05.2014 – 01:00

  EL sistema de formación profesional para el empleo (es decir para los que ya están fuera del sistema reglado de formación, bien ya trabajando o bien parados) se ha vuelto a poner en discusión, con críticas importantes respecto de los resultados materiales producidos, aparte de los ya recurrentes y desgraciados asuntos de sospechas de posible corrupción en el uso de los fondos destinados al efecto. Dejando al margen este último asunto, por cuanto que los datos disponibles en estos momentos son confusos e insuficientes como para poder hacer una valoración, resulta especialmente importante afrontar la cuestión de fondo relativa a los objetivos y eficacia de las políticas públicas en materia de formación para el empleo.
No cabe la menor duda de que el sistema que ha venido rigiendo hasta el presente ha dejado mucho que desear y, a pesar de la cantidad de fondos destinados a tales políticas y del elevado número de cursos impartidos, los resultados han sido muy inferiores a los esperables y deseables. Eso sí, con todas las críticas que merezca el sistema actual, debe partirse de tres advertencias previas: una, que los problemas de eficacia del sistema son comunes a todas las comunidades autónomas, incluso a la propia gestión estatal, sin que las cosas sean muy diferentes en Andalucía más allá de que el punto de partida es el de unos niveles formativos de base inferiores derivados de tasas de fracaso escolar más intensas; dos, que la efectividad de la formación profesional no puede calibrarse sólo a resultas de las tasas de desempleo existentes, porque por mucha preparación que tengan los parados no vamos a lograr superiores tasas de ocupación, dado que las oportunidades de empleo dependen principalmente del crecimiento económico y no la empleabilidad de los demandantes de trabajo; tres, que los malos resultados de la formación para el empleo no deben llevarnos a la conclusión de que ésta resulte innecesaria, ya que existen intensas carencias formativas en la población en edad de trabajar que perjudican la productividad de las empresas, que la crisis del sector de la construcción exige todavía de un importante proceso de reciclaje de los parados que necesariamente tendrán que buscar empleo en otras actividades profesionales, así como que un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación requiere de una formación permanente de la población ocupada.

Por lo demás, los problemas se aprecian con independencia del modelo de gestión existente, que es lo único que se discute en estos momentos. Se trate de gestión pública, privada o por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, las ineficiencias y uso poco positivo de los fondos destinados a la formación se detectan por igual. Por ello, es necesario ir más al fondo del asunto, para romper ciertas prácticas y culturas que están lastrando el sistema.

Así, ante todo se aprecia una escasa cultura de la formación, más allá de lo que se diga públicamente, de modo que ninguno de los agentes y destinatarios asumen internamente su real utilidad. Las empresas en las más de las ocasiones no se sienten involucradas en la mejor formación de sus trabajadores, entre otras razones porque existe una muy alta rotación de sus empleados que no les incentiva a formarlos, porque de manera inmediata en las más de las ocasiones no asumen los costes de la formación y porque no perciben realmente la necesidad de incorporar cambios innovadores que les lleven a exigir mayor formación a sus empleados. Los trabajadores porque asisten desmotivados a los cursos, pues no acaban de percibir que su formación real esté conectada en la práctica con sus expectativas de estabilidad en el empleo, de recolocación o de progreso profesional, de modo que acuden a los cursos para cumplir un trámite burocrático o simplemente para obtener un título que incorporar a su currículo. Las empresas de formación porque están poco controladas en cuanto a la calidad de la formación ofrecida y sólo respecto de los datos cuantitativos de horas impartidas y trabajadores inscritos. A la propia Administración, por cuanto que está más interesada en los datos estadísticos del número de cursos impartidos y de la ratio que ello representa respecto del conjunto de la población activa, que a los resultados efectivos en términos de mejora de la formación de los trabajadores.

El resultado de todo ello es que se organizan cursos de carácter general, que son los más fáciles de ofrecer y que pueden dirigirse a un mayor número de empresas y trabajadores, cuando se constata que son los más ineficaces al tiempo que se muestra que los realmente efectivos son los especializados. En definitiva, no se acaban de tomar como referencia los estudios sobre previsiones de demanda de cualificaciones profesionales para la anticipación de las demandas de formación tanto de los ocupados como de los desempleados.


http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1769532/formacion/para/empleo.html


 

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El precio de la paz social

El Mundo

CARLOS CUESTA

Actualizado: 26/04/2014 11:33 horas

ERE, fondos de formación, subvenciones en general. Todo un universo de recursos carentes de control que debían pasar por unas mismas manos: las sindicales. Manos que repartían con políticos y empresas, como sostiene la acusación; o que directamente se financiaban con los fondos, como apunta la juez. Y manos que ya hoy desfilan ante Alaya como imputados, tanto de CCOO como de UGT.

Y es ahí donde surge la gran pregunta: ¿cuál era el poder de los sindicatos para convertirse en eje de ese triángulo? Y la respuesta no debe buscarse sólo en el patio socialista, sino en el del PP y del resto de formaciones con poder en cada territorio español. Porque la moneda de cambio ofrecida por los sindicatos ha sido la misma en todos los casos: la supuesta paz social. Una moneda que han comprado nuestros políticos de una manera tan generalizada como irresponsable y que ha permitido llegar a los actuales escándalos.

Los fraudes estallan ahora porque la gente denuncia al verse fuera del barco

Porque resulta impensable que fraudes como los que ahora explotan hayan permanecido invisibles durante décadas a los ojos, sí, de los gobernantes autonómicos, pero también de los nacionales; de la Fiscalía; o de los cargos municipales de unos y otros partidos. Y porque si ahora estallan no es por un alarde de celo investigador, sino porque la crisis y el inevitable recorte de subvenciones han llevado a los gigantescos aparatos sindicales a tener que despedir gente: gente que ha denunciado las tramas al verse fuera del barco.

Por eso hoy descubrimos que un sindicato como CCOO, junto a algunos de sus principales sindicalistas, han llegado a sumar activos empresariales por más de 292 millones de euros. Activos distribuidos en una red societaria que supera las 110 empresas, capaz justificar una facturación anual de 63,6 millones. ¿Es posible juntar semejante estructura en dos noches sin que nadie se entere? ¿Es posible ocultarlo cuando los datos se pueden comprobar en el Registro Mercantil?

O descubrimos que UGT, más algunos de sus grandes afiliados, comparten la afición empresarial hasta el punto de rebasar los 314 millones en activos en un centenar de sociedades muy, pero que muy eficaces: su facturación anual alcanza los 68,5 millones.

¿Tampoco nadie se enteraba? ¿A nadie le extrañaba semejante capacidad para generar beneficios en áreas tan dispares como los seguros, hoteles, promoción inmobiliaria, reprografía, programación informática, contratación de valores mobiliarios, servicios televisivos, comercio al por menor de alimentación o bebidas, salones recreativos o arquitectura?

Nos ha salido cara la pretendida paz social. Muy cara.

http://www.elmundo.es/espana/2014/04/26/535ac1a522601d614e8b4582.html

¿Una paz social o empresarial?

Sindicatos, patronal y gobierno configuran el sistema tripartito.

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La Junta comenzó a investigar los cursos por los “mentideros políticos”

Diario de Sevilla

En septiembre, la parlamentaria Ruiz Sillero (PP) pidió al consejero de Educación que investigase de oficio caso por caso.

J. M. M. P., sevilla | Actualizado 23.04.2014 – 10:35

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sostuvo ayer que la Consejería de Educación inició la revisión de todos los cursos de formación para parados desde el año 2007 ante “las denuncias en los mentideros políticos”, pero rechazó que el motivo fuera una declaración del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal implicado del caso de los ERE, ante la juez Mercedes Alaya. Guerrero había explicado que los cursos de formación constituían un segundo “fondos de reptiles”, aún mayor que el de los ERE, según apuntó. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, Vázquez explicó que la presidenta andaluza Susana Díaz había decidido dar un vuelco al método de concesión de los cursos de formación, que hasta entonces no requería de una concurrencia competitiva; la Consejería de Empleo se había convertido en un dolor constante para el entonces presidente Griñán a causa de los ERE, aunque ya entonces se habían trasladado las competencias de Formación Profesional a la Consejería de Educación.

Pero el 26 de septiembre de 2013, a los pocos días de que Luciano Alonso tomara posesión como consejero de Educación, la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero le preguntó por qué no revisaba cada uno de los cursos, caso por caso. Ruiz Sillero denunció en esa sesión, y así consta en el diario de sesiones del Parlamento, que el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda facturó 50 millones de euros entre 2009 y 2011, y que sólo en el caso de los cursos de Dephi, sus empresas manejaron 34 millones de los 64 totales. También mantuvo que la entonces directora general de Formación, Teresa Florido, era cuñada de este ex consejero del mandato de Rodríguez de la Borbolla. No obstante, la queja de la parlamentaria popular era doble, porque si bien denunciaba lo que ella entendía como un caso de corrupción, urgió al nuevo consejero a pagar las deudas a las empresas de cursos y a sacar una nueva convocatoria en 2013-2014.

Esto es, precisamente, lo que no hizo la Consejería de Educación. Como Susana Díaz había anunciado, la Formación Profesional iba a tener un nuevo marco legal, más estricto y público, por lo que, de momento, no han vuelto a concederse más cursos.

Luciano Alonso informó al Parlamento el 12 de febrero pasado que fue en noviembre, dos meses después de la denuncia de Ruiz Sillero, cuando comenzó a revisar todos los cursos desde 2007, fruto de ello es que, hasta ahora, hay 480 requerimientos de información a empresas y 56 expedientes de reintegro de la subvención, parcial o total. La Junta lleva siete meses investigando la concesión de estos cursos, que también están en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef), aunque, de momento, centrado en 17 empresas de la provincia de Málaga.

Hasta el momento, la Consejería de Educación, ni ayer el portavoz del Gobierno andaluz, han facilitado la cantidad de dinero que se le está pidiendo a las empresas subvencionadas por esos 56 cursos.


http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1756830/la/junta/niega/fraude/los/fondos/formacion/para/empleo/porque/procedimiento/sigue/abierto.html

 

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PSOE-A pide a Interior que investigue los fondos de formación de todas las comunidades autónomas

 EUROPA PRESS. 20.04.2014 El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, ha instado este domingo al Ministerio del Interior, y a su titular, Jorge Fernández Díaz, que se investigue los fondos de formación de todas las comunidades autónomas para “que queden despejadas todas las dudas” de que la investigación abierta en Andalucía sea “un encargo político para favorecer intereses electorales del PP”.

En declaraciones a los medios en Cazorla (Jaén), Jiménez se ha pronunciado así sobre la investigación de los cursos de formación en Andalucía, y ha defendido que “se ha puesto en marcha una cortina de humo” por parte del Ministerio del Interior “para intentar desviar la atención de que está haciendo una utilización perversa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado” ya que, a su entender, “intentan desviar la atención de las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha acusado en estos días al PP de tener contabilidad B en cada provincias y comunidad de España”.

En este punto, ha recordado que “no es la primera vez” que el ministro “hace una utilización indebida de su cargo”, ya que en las últimas elecciones catalanas apareció “un informe fantasma” sobre el president, Artur Mas, y sus cuentas en Suiza, que incluso llevó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a decir que “si alguien en el PP tenía dinero en Suiza tendría que dimitir; al final, había dinero del PP y de su extesorero Luis Bárcenas en Suiza, pero nada se sabe del informe fantasma sobre Artur Mas”. Así, ha advertido de que ahora “es igual” y Fernández Díaz hace “una utilización indebida de su cargo poniéndose al servicio de las estrategias electorales del PP”, con el único objetivo de “sembrar dudas sobre el Gobierno de la Junta”.

Por ello, reclama al ministro que aclare “todo lo sucedido con la filtración de ese informe de la Guardia Civil” que, según el socialista, “no está ni en fase judicial, sino que es el planteamiento de una investigación inicial por parte de la Guardia Civil”.

De esta manera, el PSOE pide a Interior que se investigue la formación, no solo en Andalucía sino en todas las comunidades autónomas, y “bajo los mismos parámetros y elementos, y a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), para que queden despejadas todas las dudas de que no se trata de un encargo político para favorecer intereses electorales del PP y para que se despeje cualquier sospecha”.

Jiménez cree que esa investigaciones en todas las comunidades del país es “imprescindible” para “eliminar las sospechas de que se esté cometiendo un uso fraudulento de los medios del Ministerio del Interior”.

http://www.20minutos.es/noticia/2117751/0/

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Aneri: “Yo solo era el relaciones públicas”

El empresario cordobés echa la culpa a su hermano de las presuntas irregularidades

“No suscribí ningún contrato con las asociaciones empresariales”

  Madrid 9 ABR 2014

SCIAMMARELLA

José Luis Aneri, empresario y dueño de Sinergia Empresarial, el único encarcelado por la macroestafa de los cursos de formación subvencionados con dinero público, dice que no se acuerda prácticamente de nada, echa la culpa de todo a su hermano Joaquín y a su contable, Santiago P. Añade que su único cometido en la compañía que gestionó los cursos era “hacer de relaciones públicas”.

Ese es, en resumen, el contenido de la declaración que prestó Aneri el pasado 5 de marzo ante la juez de Madrid que instruye el caso. De su testimonio, se deduce que la memoria le flaquea cuando se le pregunta por asuntos que le inculpan y, en cambio, se muestra nítida cuando le exculpan.

Ante la juez, Aneri insistió en que él solo era un relaciones públicas encargado de “captar clientes” y que su trabajo en Sinergia siempre había estado al margen de las cuentas. Pero algunos correos internos de Sinergia, a los que ha tenido acceso este diario, y testimonios de extrabajadores indican lo contrario: que era él quien daba las órdenes, quien organizaba los cursos y el que elaboraba el papeleo.

Aneri era el dueño de un entramado de sociedades (una veintena de empresas cuya matriz es Sinergia Empresarial) que dieron cursos on linea miles de alumnos inventados. Cuantos más alumnos más cuantiosa era la cantidad de la subvención. La investigación policial eleva lo sustraído al erario público por los falsos cursos, de momento, a unos 16 millones de euros, unos 11 millones de dinero estatal y otros cinco de la Comunidad de Madrid.

Sus clientes eran una treintena de asociaciones empresariales que recibían esas subvenciones para hacer cursos que finalmente encomendaban a las empresas de formación de Aneri. El empresario admitió ser el “dueño y administrador” de Sinergia, pero dijo que no sabía quiénes eran los otros socios. “Solo sé que está mi hermano, pero del resto no sé nada”, declaró.

A través de Sinergia como empresa matriz (y de otras sociedades tejidas supuestamente para blanquear el dinero público), se canalizaban los cursos de formación con alumnos fantasma. El dinero llegaba por adelantado de la Administración a las asociaciones, que muchas veces ponían a Aneri como persona de contacto.

El empresario admitió que cuando se creó Sinergia, en 2007, él era el encargado de todo y habló también de sus socios, Alfonso Tezanos y Víctor Porta, actualmente en libertad con cargos. “Yo mismo llevaba a cabo todas las funciones”, dijo Aneri refiriéndose a esos años. “Los socios eran Tezanos, a través de su hija, Ángela Tezanos, y también Víctor Porta Chacón, que creo que participaba con un 25%, aunque no recuerdo si participaba a través de su esposa”, declaró.

Tezanos y Porta fueron las dos personas que introdujeron a Aneri en el mundo empresarial madrileño en 2007. Ambos ocupaban cargos en la Cámara de Comercio y en la patronal CEIM antes de que estallara el caso.

A preguntas de la juez, Aneri precisó que él prestaba “servicios de asesoramiento a asociaciones de empresas respecto a calidad y formación. Y que, en aquel momento, pesaban, más que la formación, los [cursos de prevención de] riesgos laborales”. Sinergia hacía los cursos con las asociaciones pero “sin suscribir ningún contrato con ellas, salvo que alguna lo pidiera expresamente”, dijo. Es el caso de la Confederación del Taxi, que firmó un convenio con Aneri en 2012 que incluía una cláusula con una gratificación del 20% de la facturación, lo que distintas fuentes de la investigación consideran una mordida en toda regla.

Según Aneri, el objeto siempre era impartir acciones formativas concretas para trabajadores. Las asociaciones solicitaban subvenciones a la Comunidad y, si se las concedían, llamaban a Sinergia dando los detalles e instrucciones. “Y yo me encargaba de que se hicieran los cursos con mi empresa”, admitió Aneri en el juzgado. Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Aneri daba instrucciones a sus trabajadores para diseñar los cursos con manuales plagiados y obtenidos de Google.

El empresario cordobés señaló ante la jueza que los cursos “los planificaba Víctor Porta”. “En 2011 yo no me encargaba de esos detalles. Era Joaquín [su hermano] [SU HERMANO]y antes Felipe Granados Martínez, que se apoyaba en su pareja [Ionela Oraca, que trabajaba en Sinergia y figura como profesora en algunos cursos]. Granados tenía mi confianza plena”. Felipe Granados, también imputado, es cuñado de Alfonso Tezanos y exempleado de Sinergia.

Los investigadores policiales han comprobado que los alumnos, algo más de 10.000, eran inventados, así como la mayoría del profesorado. ¿Quién y cómo se seleccionaban los alumnos?, le preguntó la juez. Aneri contestó que eran las asociaciones las que lo organizaban y que él solo hacía “tareas operativas”.

Aneri declaró que su empresa justificaba que los cursos se hacían: “Había que comunicar antes de siete días los alumnos, el temario y aportar una clave para poder operar en Internet. Estas gestiones las hacía Joaquín Aneri Molina [SU HERMANO]y para ello cobraba un gran salario”. [SU HERMANO]Él asegura que nunca tuvo sueldo, aunque admite: “Yo participaba en los beneficios, pero no puedo precisar la cifra” de ganancias. <TB>

Aneri insistió varias veces en que es su hermano el que tiene toda la documentación de la empresa, que vive en Córdoba, y que se la ha pedido. “Pero no he obtenido repuesta”, subrayó.

El descontrol y ausencia de justificación de los fondos públicos obtenidos por las empresas de Aneri para los cursos ha llevado a Hacienda a levantar actas por fraude; y a la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a pedir justificaciones de que esos cursos fueron impartidos y que los alumnos eran reales. De ninguno de estos organismos recuerda Aneri haber recibido “comunicación alguna”.

“Cuando llegaba algo de estos organismos, automáticamente se daba [la documentación] a las personas encargadas”. En su intento de difuminar su huella de las operaciones de Sinergia, Aneri señaló que no “recuerda” haber “suscrito ningún contrato como administrador único” de esas empresas, “salvo uno con la asociación Nacional de Empresas de Internet, y otro con Transobras [una de las asociaciones que recibió subvenciones]”.

“Los precios lo acordaban los clientes [las sociedades que encargaban los cursos]. La subvención para Sinergia era irrelevante: el precio era impuesto por la asociación y mi empresa aceptaba el precio y daba el servicio. Y se facturaba por alquiler de plataforma tecnológica, de contenido digital, alojado en esa plataforma…”. Según fuentes de la investigación, de cada 100 euros, Aneri y sus socios se quedaban con unos 70 tras pagar mordidas y sobres en negro y gastos de infraestructura.

Aneri señala que los cursos con los alumnos “se han realizado” y que ello se puede comprobar con el resto de las plataformas, a no ser que se hubieran borrado los datos por un informático por encargo de Joaquín Aneri”. La policía, que ha hecho un muestreo con entrevistas personales entre los supuestos alumnos, ha revelado que prácticamente todos los alumnos eran falsos o se les habían asignado muchos más cursos de los que realmente hicieron.

En su estrategia por tratar de quitarse responsabilidad en la empresa de la que era dueño, José Luis Aneri reconoció haber convocado asambleas para aprobar las cuentas, pero que quien “sabía de todo ese asunto era Santiago P.”. “Es en quien confiaba yo y quien me indicaba dónde debía firmar. He firmado muchas cosas, pero no era consciente de todo, confiaba en las personas que lo elaboraban”. Añadió que ignoraba los beneficios de Sinergia y dijo que la empresa matriz no tuvo ningún auditor de cuentas. “Y si Hacienda no me embargaba nada, era que todo iba bien”.

A preguntas del fiscal, indicó que sí recibió beneficios de las empresas, pero “el especialista[/SU HERMANO] era Santiago y yo firmaba sin conocimiento”. Y que de la operativa general de las empresas se encargaba su hermano Joaquín desde Córdoba: que venía a Madrid una vez a la semana para, [HABLAR]con la personas de confianza en Madrid (Felipe Granados), ultimar asuntos y dar las especificaciones oportunas, ya que era él “el único que dirigía a todos los empleados”.

Sinergia llegó a tener 20 trabajadores. Algunos de ellos han señalado las irregularidades. “No sé cómo dicen que no se han dado los cursos, y me gustaría que me dijeran quiénes son esos miles de alumnos que dicen que no han recibido los cursos”. En los expedientes que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) envió a la policía, aparecían decenas de alumnos de listados procedentes de asociaciones de vendedores ambulantes. Este periódico contactó con el presidente de estos colectivos, Lisardo Hernández Barrul, que aseguró que había facilitado esos listados a Aneri y negó que se hubieran dado esos cursos.

Aneri añade en su defensa que no era Sinergia la encargada de efectuar las gestiones ante la Comunidad de Madrid para obtener subvenciones. Y lo justifica en que desde hace más de tres años hay que tener un certificado digital para firmar esa solicitud y entregar todo el papeleo digitalmente. Es la Cámara de Comercio quien concedía esas firmas. Para ello es necesario que un representante de las organizaciones empresariales lo rubrique. Algunas de las organizaciones han señalado que Aneri había falsificado sus firmas y aseguran que él poseía los certificados digitales para encargarse de la gestión de las subvenciones.

A preguntas de su abogado defensor, Aneri señaló, a modo de resumen: “Ni mi empresa ni yo hemos recibido ninguna cantidad de subvenciones públicas ni he sido requerido para que devuelva dinero alguno de subvenciones públicas de las Administraciones. No tengo poder de ninguna asociación para recibir subvenciones, ni he tramitado en nombre de terceros solicitudes de subvenciones, ni tampoco las he recibido en su nombre. Tampoco mi empresa, Sinergia, ha firmado ningún contrato donde se comprometa a gestionar o tramitar subvenciones. El único contrato que he podido firmar era para impartir cursos, la mayoría de forma verbal. Las indicaciones y el precio de los cursos los ponía el cliente. Tampoco he recibido ningún requerimiento judicial o extrajudicial por incumplimiento de contrato de servicios de ninguna de las asociaciones ni de ninguna administración. La plataforma de cursos on line la dirigía David de T., el informático, y mi hermano desde Córdoba. La parte contable se llevaba desde Córdoba, bajo la supervisión directa de Santiago P. y Leornardo R. Unas asociaciones se implicaban más en los cursos y otras menos, pero nadie me comunicó ninguna irregularidad al respecto”.

Con información de Pilar Álvarez y Álvaro de Cózar

La Tripartita ni inspecciona ni controla los fondos cedidos

FELIPE BETIM

El gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo Álvarez, compareció ayer en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid a petición de IU para aclarar el papel del organismo que dirige en el llamado caso Aneri.

El gerente de la Tripartita —el órgano que gestiona la formación y en el que participan el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos— indicó que entre las funciones de la fundación no están el reparto de fondos, ni la “inspección, seguimiento y control de las ayudas”. “Son las administraciones públicas las que lo hacen”, dijo. Distintos altos cargos regionales arremetieron contra esta fundación por la supuesta falta de control.

Según Luengo, los convenios firmados con la Comunidad de Madrid establecen que la fundación tiene que poner a disposición del Gobierno regional la aplicación informática para que los beneficiados por las ayudas puedan rellenar los campos para pedir las subvenciones. Entre las funciones de la Comunidad se encuentran, mantuvo, “fiscalizar y gestionar las subvenciones”.

La fundación “no tiene la capacidad para detectar si las facturas son verdaderas o no, o si las actividades de formación son realizadas o no”, según el gerente. Eso son “competencias de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Empleo”. El gerente añadió que, pese a todo, la relación del organismo que dirige con la Comunidad “es bastante satisfactoria”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/madrid/1397068337_035005.html

 

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USO se desmarca de la propuesta conjunta de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme sobre formación

Pide que el diseño de la formación corra a cargo de los agente sociales y que la gestión y ejecución recaiga en la Administración

   MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Unión Sindical Obrera (USO) se ha desmarcado este viernes del documento consensuado por CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme en respuesta a la propuesta del Gobierno para reforma el actual sistema de formación.

En un comunicado, la organización que dirige Julio Salazar considera que sus puntos de partida proponen un modelo igual de “ineficaz” que el actual, en el que “el centro de la formación no son el conjunto de los trabajadores y desempleados, sino las instituciones que manejan los fondos y los suculentos márgenes de beneficio”.

“No se prioriza el objetivo de creación de empleo sino la propia subsistencia del sistema”, resume el sindicato, antes de añadir que los firmantes del documento “privatizan aún más el subsistema de formación”.

“Vuelven a encuadrarlo en términos de representatividad para asegurarse que no entren otras organizaciones al reparto de la tarta, desoyendo el gran volumen de sentencias al respecto”, añade.

USO también reprocha que los agentes sociales no propongan ningún organismo externo e imparcial de control, ni medidas contra el fraude o la mala gestión de los fondos, así como sanciones a las organizaciones que hagan un mal uso o cometan irregularidades con estos fondos.

“Es más, solicitan explícitamente flexibilizar el sistema, simplificar la burocracia y desregularizarlo. Cuanto menos impedimentos legales y requisitos de control, mejor”, sentencia.

Por todo ello, USO rechaza la propuesta trasladada al Gobierno a la vista de que “desprende un sospechoso tufo”, y ha hecho llegar al Ministerio de Empleo sus propias propuestas.

LA ALTERNATIVA DE USO.

En este sentido, USO plantea un sistema que priorice acciones formativas en los sectores económicos más castigados por la crisis, así como para jóvenes, parados de larga duración, mayores de 55 años y trabajadores de baja cualificación.

Igualmente, apuesta por acciones en competencias profesionales en consonancia con las nuevas demandas del mercado de trabajo, por una permanente actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones y por la utilización de los Permisos Individuales de Formación.

Asimismo, reclama “mecanismos más estrictos de control de las entidades beneficiarias para que no puedan existir malas prácticas como las acontecidas en los últimos años por parte de algunas empresas y organizaciones”.

Desde el punto de vista de la gestión y la ejecución, USO propone un modelo que esté en manos directamente de la Administración Pública, aprovechando la red de centros públicos, centros educativos o centros de formación profesional, “sin la intervención de entidades privadas ni subcontrataciones siempre que sea posible, participando el conjunto de los agentes sociales en la programación, seguimiento y evaluación de todo el proceso”.

“Pero no como ejecutores directos y sin que los fondos pasen necesariamente por las cuentas corrientes de las organizaciones”, precisa el sindicato, antes de concluir con una llamada a “reconsiderar” la Fundación Tripartita, a la que no considera “ni eficiente ni necesaria”.

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-uso-desmarca-propuesta-conjunta-ccoo-ugt-ceoe-cepyme-formacion-20140404134602.html

 

 

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