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“No se sabe qué pasa con los cursos a parados”

SALVADOS | AVANCE

En España se invierten al año 2.100 millones de euros en la formación de los trabajadores. De esa cifra, aproximadamente la mitad se destina a los cursos para desempleados. En el programa del domingo,Salvados se fija en este sistema de formación de parados y cómo el fraude y la corrupción lo han afectado.

Parados y defraudados, en Salvados

Jordi Évole cuenta con varios testigos que han experimentado este fraude en primera persona. Sus testimonios darán a conocer la mecánica de la estafa: “El director de mi centro me acompañaba al banco a cobrar mi nómina y se quedaba una parte”, cuenta Lucía, una formadora.

Las afirmaciones de todos ellos comprueban cómo el fraude se da en distintas comunidades autónomas y se sigue produciendo hoy. Para conocer cómo funciona el sistema español, Jordi Évole visita uno de los centros que ofrecen cursos, en el que una profesora universitaria, formadores y alumnos -algunos parados de larga duración- cuentan su experiencia con el sistema.

Salvados viaja también a Dinamarca para conocer el funcionamiento de su sistema, con más control de la eficacia y un seguimiento más personalizado a los parados.

El espacio cierra con la entrevista de Jordi Évole a Mogens Lykketoft, presidente del Parlamento danés, quién hablará de este fraude de la formación en España y cómo Dinamarca ha conseguido ser uno de los países con menos corrupción en el mundo.

 

http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/sabe-que-pasa-cursos-parados_2014103100202.html

 

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El Gobierno fuerza a los agentes sociales a cambiar el modelo de formación para acabar con el fraude y hacerlo eficaz

lainformacion.com

Quique Rodríguez

viernes, 01/08/14 – 22:28

  • Sindicatos, empresarios y Empleo negocian desde hace más de medio año una reforma del sistema de formación para el empleo anunciada por Rajoy.
  • La intención era alcanzar un acuerdo en julio, pero los agentes sociales lo rechazaron y Empleo ha buscado una fórmula para introducir los cambios de facto.
Engracia Hidalgo
Se acabó el monopolio de los agentes sociales en la impartición de la formación continua de los trabajadores. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado ya en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación la intención de su Ejecutivo de reformar el sistema de formación para el empleo de nuestro país en busca de mayor eficacia y transparencia. Un  modelo cuya eficiencia ha sido cuestionada de forma casi permanente desde su nacimiento y cuyo prestigio social está en caída libre debido a los numerosos escándalos de corrupción y fraude que vienen detectándose desde hace tiempo.

Ya en 2012, el Gobierno Popular introdujo cambios para que las entidades de formación debidamente acreditadas pudieran competir con los agentes sociales en la adjudicación de estos planes de formación, que cuentan en la actualidad con un presupuesto anual de 180 millones de euros, sufragados casi en su totalidad a través de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional de trabajadores (0,6%) y empresas (0,1%). Hace tan sólo unos años, antes de la caída del número de cotizantes por la destrucción de empleo y de las políticas de austeridad en los presupuestos públicos, esos planes de formación recibían más del doble de financiación, unos 400 millones de euros anuales.

El pasado año, en torno al 30% del presupuesto ya se sometió a la libre concurrencia de los centros de formación autorizados, por lo que los agentes sociales perdieron parte de su monopolio. Pero según ha podido saber Lainformacion.com, la convocatoria de este año 2014 no se había aprobado hasta el mediodía de este viernes 1 de agosto porque estaba supeditada al acuerdo sobre la reforma del sistema, el porcentaje del presupuesto que se abrirá a la libre competencia de cualquier centro de formación, en competencia con los agentes sociales, será el 50% en la formación denominada de oferta (la que proponen las organizaciones sociales, con un presupuesto de 140 millones de euros). A ello hay que añadir que en los planes de formación dirigidos a los jóvenes, de 40 millones de euros, se adjudicarán al 100% mediante esa política de libre concurrencia en los concursos.

Negociaciones sin acuerdo por el momento

La intención del departamento de Empleo, en unas negociaciones que está liderando de manera personal la secretaria de Estado de Empleo,Engracia Hidalgo, era tener perfilada la reforma del modelo de formación durante este mes de julio, antes de la interrupción del curso político por las vacaciones, como ha sucedido con la nueva Ley de Mutuas, el portal único de ofertas de empleo o el modelo de colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.

No obstante, desde el Ejecutivo se ha priorizado que esa reforma del modelo de formación de los trabajadores se lleve a cabo de forma consensuada con losinterlocutores sociales. Pero éstos han rechazado los términos del acuerdo en los últimos contactos mantenidos esta misma semana. Y ello a pesar del pacto entre Gobierno y los mismos agentes sociales para poner en marcha un plan de crecimiento y empleo que aludía a la reforma de este sistema de formación, y que tuvo su puesta de largo el pasado martes 29 de julio en una reunión al más alto nivel en Moncloa con la presencia de Rajoy, la ministra Báñez, Rosell, Toxo, Méndez y Terciado (presidente de Cepyme).

Así las cosas, esta misma mañana se ha convocado una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias, las mismas que se reunieron con Rajoy el martes.

En esa reunión se ha abordado la convocatoria pendiente de los planes de formación para este año 2014 y en ella se han introducido, de facto, los cambios sobre los que el acuerdo había sido imposible horas antes y que cambian a partir de ahora el modelo de formación de trabajadores 

Libre competencia entre centros de formación y fin al monopolio de los agentes sociales

Además de la citada ampliación de la libre competencia al 50% de los planes para este año 2014, en el documento aprobado hoy por unanimidad por el patronado de la Tripartita se adelanta que “la presente convocatoria será la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo”. Y se añade que “con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos”. Es decir, a partir del próximo año, los agentes sociales pierden por completo el monopolio de este tipo de formación y el 100% del presupuesto estará abierto a la libre competencia entre los centros de formación autorizados.

El documento también señala que “el nuevo modelo deberá estar operativoy resultar de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015”. De esta forma se pone fecha máxima para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo.Las negociaciones con los agentes sociales se retomarán en septiembrey si no se alcanzase un acuerdo para la definitiva reforma del sistema de formación, el Ejecutivo ha asegurado en público en sucesivas ocasiones que legislará por su cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que a finales de año nos encontraremos ante las puertas de un año electoral, por lo que está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si no llega a ese pacto con los agentes sociales.

Los cambios introducidos en el sistema de formación para el empleo

No obstante, el resto de cambios principales que se introducirían en el modelo para luchar contra el fraude y buscar una mayor eficacia de la formación para el empleo, ya se han incluido de facto en la convocatoria aprobada hoy, en una reunión que ha sido tensa, larga e intensa.

Sindicatos y patronales ya no serán juez y parte

Entre estos cambios destaca que los sindicatos y organizaciones empresariales dejan de formar parte del órgano colegiado que supervisa los concursos de los planes de formación, de forma que dejan de ser juez y parte, una de las principales acusaciones que se les han hecho históricamente.

Nueva unidad especializada de la Inspección de Trabajo para evitar fraudes

Además, se recoge en el documento aprobado hoy la futura creación de unaunidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude: “Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya, entre otras cuestiones, la imposibilidad para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo”.

No se adelantará el 100% del importe de la subvención y habrá que acreditar su ejecución

Hasta ahora las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían por adelantado el cien por cien del presupuesto de los proyectos, algo que ya no sucederá. Ya en este año 2014, los adjudicatarios percibirán de entrada el 50% de la financiación y dos plazos del 25% cuando se comuniquen los participantes en las acciones formativas una vez hayan comenzado a desarrollarse, y cuando se acredite su total ejecución.

No hay que olvidar que una de las formas de fraude consistía en recibir esas subvenciones para cursos que no llegaban a celebrarse y en los que se inscribía a falsos alumnos.

Límites a la subcontratación de cursos

Por último, la convocatoria de este año recoge otro cambio importante en aras de la lucha contra la corrupción y en busca de la efectividad de los planes de formación. Hasta ahora, las entidades adjudicatarias solían subcontratar a terceras empresas de formación la ejecución de los planes, generando unasituación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios necesarios y creando una red de pleitesías, dependencias, favores e intereses.

Para poner coto a esta situación se limita al 50% el importe de las subvenciones para cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar a terceros, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación sin subcontratarlos. En ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-gobierno-fuerza-a-los-agentes-sociales-a-cambiar-el-modelo-de-formacion-para-acabar-con-el-fraude-y-hacerlo-eficaz_d0uaXf3VVlYT9J6eCXaGi2/

 

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Formación para el empleo

diariodesevilla.es
La tribuna

Jesús Cruz Villalón | Actualizado 10.05.2014 – 01:00

  EL sistema de formación profesional para el empleo (es decir para los que ya están fuera del sistema reglado de formación, bien ya trabajando o bien parados) se ha vuelto a poner en discusión, con críticas importantes respecto de los resultados materiales producidos, aparte de los ya recurrentes y desgraciados asuntos de sospechas de posible corrupción en el uso de los fondos destinados al efecto. Dejando al margen este último asunto, por cuanto que los datos disponibles en estos momentos son confusos e insuficientes como para poder hacer una valoración, resulta especialmente importante afrontar la cuestión de fondo relativa a los objetivos y eficacia de las políticas públicas en materia de formación para el empleo.
No cabe la menor duda de que el sistema que ha venido rigiendo hasta el presente ha dejado mucho que desear y, a pesar de la cantidad de fondos destinados a tales políticas y del elevado número de cursos impartidos, los resultados han sido muy inferiores a los esperables y deseables. Eso sí, con todas las críticas que merezca el sistema actual, debe partirse de tres advertencias previas: una, que los problemas de eficacia del sistema son comunes a todas las comunidades autónomas, incluso a la propia gestión estatal, sin que las cosas sean muy diferentes en Andalucía más allá de que el punto de partida es el de unos niveles formativos de base inferiores derivados de tasas de fracaso escolar más intensas; dos, que la efectividad de la formación profesional no puede calibrarse sólo a resultas de las tasas de desempleo existentes, porque por mucha preparación que tengan los parados no vamos a lograr superiores tasas de ocupación, dado que las oportunidades de empleo dependen principalmente del crecimiento económico y no la empleabilidad de los demandantes de trabajo; tres, que los malos resultados de la formación para el empleo no deben llevarnos a la conclusión de que ésta resulte innecesaria, ya que existen intensas carencias formativas en la población en edad de trabajar que perjudican la productividad de las empresas, que la crisis del sector de la construcción exige todavía de un importante proceso de reciclaje de los parados que necesariamente tendrán que buscar empleo en otras actividades profesionales, así como que un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación requiere de una formación permanente de la población ocupada.

Por lo demás, los problemas se aprecian con independencia del modelo de gestión existente, que es lo único que se discute en estos momentos. Se trate de gestión pública, privada o por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, las ineficiencias y uso poco positivo de los fondos destinados a la formación se detectan por igual. Por ello, es necesario ir más al fondo del asunto, para romper ciertas prácticas y culturas que están lastrando el sistema.

Así, ante todo se aprecia una escasa cultura de la formación, más allá de lo que se diga públicamente, de modo que ninguno de los agentes y destinatarios asumen internamente su real utilidad. Las empresas en las más de las ocasiones no se sienten involucradas en la mejor formación de sus trabajadores, entre otras razones porque existe una muy alta rotación de sus empleados que no les incentiva a formarlos, porque de manera inmediata en las más de las ocasiones no asumen los costes de la formación y porque no perciben realmente la necesidad de incorporar cambios innovadores que les lleven a exigir mayor formación a sus empleados. Los trabajadores porque asisten desmotivados a los cursos, pues no acaban de percibir que su formación real esté conectada en la práctica con sus expectativas de estabilidad en el empleo, de recolocación o de progreso profesional, de modo que acuden a los cursos para cumplir un trámite burocrático o simplemente para obtener un título que incorporar a su currículo. Las empresas de formación porque están poco controladas en cuanto a la calidad de la formación ofrecida y sólo respecto de los datos cuantitativos de horas impartidas y trabajadores inscritos. A la propia Administración, por cuanto que está más interesada en los datos estadísticos del número de cursos impartidos y de la ratio que ello representa respecto del conjunto de la población activa, que a los resultados efectivos en términos de mejora de la formación de los trabajadores.

El resultado de todo ello es que se organizan cursos de carácter general, que son los más fáciles de ofrecer y que pueden dirigirse a un mayor número de empresas y trabajadores, cuando se constata que son los más ineficaces al tiempo que se muestra que los realmente efectivos son los especializados. En definitiva, no se acaban de tomar como referencia los estudios sobre previsiones de demanda de cualificaciones profesionales para la anticipación de las demandas de formación tanto de los ocupados como de los desempleados.


http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1769532/formacion/para/empleo.html


 

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