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El Gobierno fuerza a los agentes sociales a cambiar el modelo de formación para acabar con el fraude y hacerlo eficaz

lainformacion.com

Quique Rodríguez

viernes, 01/08/14 – 22:28

  • Sindicatos, empresarios y Empleo negocian desde hace más de medio año una reforma del sistema de formación para el empleo anunciada por Rajoy.
  • La intención era alcanzar un acuerdo en julio, pero los agentes sociales lo rechazaron y Empleo ha buscado una fórmula para introducir los cambios de facto.
Engracia Hidalgo
Se acabó el monopolio de los agentes sociales en la impartición de la formación continua de los trabajadores. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado ya en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación la intención de su Ejecutivo de reformar el sistema de formación para el empleo de nuestro país en busca de mayor eficacia y transparencia. Un  modelo cuya eficiencia ha sido cuestionada de forma casi permanente desde su nacimiento y cuyo prestigio social está en caída libre debido a los numerosos escándalos de corrupción y fraude que vienen detectándose desde hace tiempo.

Ya en 2012, el Gobierno Popular introdujo cambios para que las entidades de formación debidamente acreditadas pudieran competir con los agentes sociales en la adjudicación de estos planes de formación, que cuentan en la actualidad con un presupuesto anual de 180 millones de euros, sufragados casi en su totalidad a través de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional de trabajadores (0,6%) y empresas (0,1%). Hace tan sólo unos años, antes de la caída del número de cotizantes por la destrucción de empleo y de las políticas de austeridad en los presupuestos públicos, esos planes de formación recibían más del doble de financiación, unos 400 millones de euros anuales.

El pasado año, en torno al 30% del presupuesto ya se sometió a la libre concurrencia de los centros de formación autorizados, por lo que los agentes sociales perdieron parte de su monopolio. Pero según ha podido saber Lainformacion.com, la convocatoria de este año 2014 no se había aprobado hasta el mediodía de este viernes 1 de agosto porque estaba supeditada al acuerdo sobre la reforma del sistema, el porcentaje del presupuesto que se abrirá a la libre competencia de cualquier centro de formación, en competencia con los agentes sociales, será el 50% en la formación denominada de oferta (la que proponen las organizaciones sociales, con un presupuesto de 140 millones de euros). A ello hay que añadir que en los planes de formación dirigidos a los jóvenes, de 40 millones de euros, se adjudicarán al 100% mediante esa política de libre concurrencia en los concursos.

Negociaciones sin acuerdo por el momento

La intención del departamento de Empleo, en unas negociaciones que está liderando de manera personal la secretaria de Estado de Empleo,Engracia Hidalgo, era tener perfilada la reforma del modelo de formación durante este mes de julio, antes de la interrupción del curso político por las vacaciones, como ha sucedido con la nueva Ley de Mutuas, el portal único de ofertas de empleo o el modelo de colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.

No obstante, desde el Ejecutivo se ha priorizado que esa reforma del modelo de formación de los trabajadores se lleve a cabo de forma consensuada con losinterlocutores sociales. Pero éstos han rechazado los términos del acuerdo en los últimos contactos mantenidos esta misma semana. Y ello a pesar del pacto entre Gobierno y los mismos agentes sociales para poner en marcha un plan de crecimiento y empleo que aludía a la reforma de este sistema de formación, y que tuvo su puesta de largo el pasado martes 29 de julio en una reunión al más alto nivel en Moncloa con la presencia de Rajoy, la ministra Báñez, Rosell, Toxo, Méndez y Terciado (presidente de Cepyme).

Así las cosas, esta misma mañana se ha convocado una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias, las mismas que se reunieron con Rajoy el martes.

En esa reunión se ha abordado la convocatoria pendiente de los planes de formación para este año 2014 y en ella se han introducido, de facto, los cambios sobre los que el acuerdo había sido imposible horas antes y que cambian a partir de ahora el modelo de formación de trabajadores 

Libre competencia entre centros de formación y fin al monopolio de los agentes sociales

Además de la citada ampliación de la libre competencia al 50% de los planes para este año 2014, en el documento aprobado hoy por unanimidad por el patronado de la Tripartita se adelanta que “la presente convocatoria será la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo”. Y se añade que “con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos”. Es decir, a partir del próximo año, los agentes sociales pierden por completo el monopolio de este tipo de formación y el 100% del presupuesto estará abierto a la libre competencia entre los centros de formación autorizados.

El documento también señala que “el nuevo modelo deberá estar operativoy resultar de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015”. De esta forma se pone fecha máxima para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo.Las negociaciones con los agentes sociales se retomarán en septiembrey si no se alcanzase un acuerdo para la definitiva reforma del sistema de formación, el Ejecutivo ha asegurado en público en sucesivas ocasiones que legislará por su cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que a finales de año nos encontraremos ante las puertas de un año electoral, por lo que está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si no llega a ese pacto con los agentes sociales.

Los cambios introducidos en el sistema de formación para el empleo

No obstante, el resto de cambios principales que se introducirían en el modelo para luchar contra el fraude y buscar una mayor eficacia de la formación para el empleo, ya se han incluido de facto en la convocatoria aprobada hoy, en una reunión que ha sido tensa, larga e intensa.

Sindicatos y patronales ya no serán juez y parte

Entre estos cambios destaca que los sindicatos y organizaciones empresariales dejan de formar parte del órgano colegiado que supervisa los concursos de los planes de formación, de forma que dejan de ser juez y parte, una de las principales acusaciones que se les han hecho históricamente.

Nueva unidad especializada de la Inspección de Trabajo para evitar fraudes

Además, se recoge en el documento aprobado hoy la futura creación de unaunidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude: “Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya, entre otras cuestiones, la imposibilidad para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo”.

No se adelantará el 100% del importe de la subvención y habrá que acreditar su ejecución

Hasta ahora las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían por adelantado el cien por cien del presupuesto de los proyectos, algo que ya no sucederá. Ya en este año 2014, los adjudicatarios percibirán de entrada el 50% de la financiación y dos plazos del 25% cuando se comuniquen los participantes en las acciones formativas una vez hayan comenzado a desarrollarse, y cuando se acredite su total ejecución.

No hay que olvidar que una de las formas de fraude consistía en recibir esas subvenciones para cursos que no llegaban a celebrarse y en los que se inscribía a falsos alumnos.

Límites a la subcontratación de cursos

Por último, la convocatoria de este año recoge otro cambio importante en aras de la lucha contra la corrupción y en busca de la efectividad de los planes de formación. Hasta ahora, las entidades adjudicatarias solían subcontratar a terceras empresas de formación la ejecución de los planes, generando unasituación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios necesarios y creando una red de pleitesías, dependencias, favores e intereses.

Para poner coto a esta situación se limita al 50% el importe de las subvenciones para cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar a terceros, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación sin subcontratarlos. En ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-gobierno-fuerza-a-los-agentes-sociales-a-cambiar-el-modelo-de-formacion-para-acabar-con-el-fraude-y-hacerlo-eficaz_d0uaXf3VVlYT9J6eCXaGi2/

 

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Formación para el empleo

diariodesevilla.es
La tribuna

Jesús Cruz Villalón | Actualizado 10.05.2014 – 01:00

  EL sistema de formación profesional para el empleo (es decir para los que ya están fuera del sistema reglado de formación, bien ya trabajando o bien parados) se ha vuelto a poner en discusión, con críticas importantes respecto de los resultados materiales producidos, aparte de los ya recurrentes y desgraciados asuntos de sospechas de posible corrupción en el uso de los fondos destinados al efecto. Dejando al margen este último asunto, por cuanto que los datos disponibles en estos momentos son confusos e insuficientes como para poder hacer una valoración, resulta especialmente importante afrontar la cuestión de fondo relativa a los objetivos y eficacia de las políticas públicas en materia de formación para el empleo.
No cabe la menor duda de que el sistema que ha venido rigiendo hasta el presente ha dejado mucho que desear y, a pesar de la cantidad de fondos destinados a tales políticas y del elevado número de cursos impartidos, los resultados han sido muy inferiores a los esperables y deseables. Eso sí, con todas las críticas que merezca el sistema actual, debe partirse de tres advertencias previas: una, que los problemas de eficacia del sistema son comunes a todas las comunidades autónomas, incluso a la propia gestión estatal, sin que las cosas sean muy diferentes en Andalucía más allá de que el punto de partida es el de unos niveles formativos de base inferiores derivados de tasas de fracaso escolar más intensas; dos, que la efectividad de la formación profesional no puede calibrarse sólo a resultas de las tasas de desempleo existentes, porque por mucha preparación que tengan los parados no vamos a lograr superiores tasas de ocupación, dado que las oportunidades de empleo dependen principalmente del crecimiento económico y no la empleabilidad de los demandantes de trabajo; tres, que los malos resultados de la formación para el empleo no deben llevarnos a la conclusión de que ésta resulte innecesaria, ya que existen intensas carencias formativas en la población en edad de trabajar que perjudican la productividad de las empresas, que la crisis del sector de la construcción exige todavía de un importante proceso de reciclaje de los parados que necesariamente tendrán que buscar empleo en otras actividades profesionales, así como que un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación requiere de una formación permanente de la población ocupada.

Por lo demás, los problemas se aprecian con independencia del modelo de gestión existente, que es lo único que se discute en estos momentos. Se trate de gestión pública, privada o por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, las ineficiencias y uso poco positivo de los fondos destinados a la formación se detectan por igual. Por ello, es necesario ir más al fondo del asunto, para romper ciertas prácticas y culturas que están lastrando el sistema.

Así, ante todo se aprecia una escasa cultura de la formación, más allá de lo que se diga públicamente, de modo que ninguno de los agentes y destinatarios asumen internamente su real utilidad. Las empresas en las más de las ocasiones no se sienten involucradas en la mejor formación de sus trabajadores, entre otras razones porque existe una muy alta rotación de sus empleados que no les incentiva a formarlos, porque de manera inmediata en las más de las ocasiones no asumen los costes de la formación y porque no perciben realmente la necesidad de incorporar cambios innovadores que les lleven a exigir mayor formación a sus empleados. Los trabajadores porque asisten desmotivados a los cursos, pues no acaban de percibir que su formación real esté conectada en la práctica con sus expectativas de estabilidad en el empleo, de recolocación o de progreso profesional, de modo que acuden a los cursos para cumplir un trámite burocrático o simplemente para obtener un título que incorporar a su currículo. Las empresas de formación porque están poco controladas en cuanto a la calidad de la formación ofrecida y sólo respecto de los datos cuantitativos de horas impartidas y trabajadores inscritos. A la propia Administración, por cuanto que está más interesada en los datos estadísticos del número de cursos impartidos y de la ratio que ello representa respecto del conjunto de la población activa, que a los resultados efectivos en términos de mejora de la formación de los trabajadores.

El resultado de todo ello es que se organizan cursos de carácter general, que son los más fáciles de ofrecer y que pueden dirigirse a un mayor número de empresas y trabajadores, cuando se constata que son los más ineficaces al tiempo que se muestra que los realmente efectivos son los especializados. En definitiva, no se acaban de tomar como referencia los estudios sobre previsiones de demanda de cualificaciones profesionales para la anticipación de las demandas de formación tanto de los ocupados como de los desempleados.


http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1769532/formacion/para/empleo.html


 

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La Junta comenzó a investigar los cursos por los “mentideros políticos”

Diario de Sevilla

En septiembre, la parlamentaria Ruiz Sillero (PP) pidió al consejero de Educación que investigase de oficio caso por caso.

J. M. M. P., sevilla | Actualizado 23.04.2014 – 10:35

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sostuvo ayer que la Consejería de Educación inició la revisión de todos los cursos de formación para parados desde el año 2007 ante “las denuncias en los mentideros políticos”, pero rechazó que el motivo fuera una declaración del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal implicado del caso de los ERE, ante la juez Mercedes Alaya. Guerrero había explicado que los cursos de formación constituían un segundo “fondos de reptiles”, aún mayor que el de los ERE, según apuntó. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, Vázquez explicó que la presidenta andaluza Susana Díaz había decidido dar un vuelco al método de concesión de los cursos de formación, que hasta entonces no requería de una concurrencia competitiva; la Consejería de Empleo se había convertido en un dolor constante para el entonces presidente Griñán a causa de los ERE, aunque ya entonces se habían trasladado las competencias de Formación Profesional a la Consejería de Educación.

Pero el 26 de septiembre de 2013, a los pocos días de que Luciano Alonso tomara posesión como consejero de Educación, la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero le preguntó por qué no revisaba cada uno de los cursos, caso por caso. Ruiz Sillero denunció en esa sesión, y así consta en el diario de sesiones del Parlamento, que el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda facturó 50 millones de euros entre 2009 y 2011, y que sólo en el caso de los cursos de Dephi, sus empresas manejaron 34 millones de los 64 totales. También mantuvo que la entonces directora general de Formación, Teresa Florido, era cuñada de este ex consejero del mandato de Rodríguez de la Borbolla. No obstante, la queja de la parlamentaria popular era doble, porque si bien denunciaba lo que ella entendía como un caso de corrupción, urgió al nuevo consejero a pagar las deudas a las empresas de cursos y a sacar una nueva convocatoria en 2013-2014.

Esto es, precisamente, lo que no hizo la Consejería de Educación. Como Susana Díaz había anunciado, la Formación Profesional iba a tener un nuevo marco legal, más estricto y público, por lo que, de momento, no han vuelto a concederse más cursos.

Luciano Alonso informó al Parlamento el 12 de febrero pasado que fue en noviembre, dos meses después de la denuncia de Ruiz Sillero, cuando comenzó a revisar todos los cursos desde 2007, fruto de ello es que, hasta ahora, hay 480 requerimientos de información a empresas y 56 expedientes de reintegro de la subvención, parcial o total. La Junta lleva siete meses investigando la concesión de estos cursos, que también están en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef), aunque, de momento, centrado en 17 empresas de la provincia de Málaga.

Hasta el momento, la Consejería de Educación, ni ayer el portavoz del Gobierno andaluz, han facilitado la cantidad de dinero que se le está pidiendo a las empresas subvencionadas por esos 56 cursos.


http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1756830/la/junta/niega/fraude/los/fondos/formacion/para/empleo/porque/procedimiento/sigue/abierto.html

 

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PSOE-A pide a Interior que investigue los fondos de formación de todas las comunidades autónomas

 EUROPA PRESS. 20.04.2014 El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, ha instado este domingo al Ministerio del Interior, y a su titular, Jorge Fernández Díaz, que se investigue los fondos de formación de todas las comunidades autónomas para “que queden despejadas todas las dudas” de que la investigación abierta en Andalucía sea “un encargo político para favorecer intereses electorales del PP”.

En declaraciones a los medios en Cazorla (Jaén), Jiménez se ha pronunciado así sobre la investigación de los cursos de formación en Andalucía, y ha defendido que “se ha puesto en marcha una cortina de humo” por parte del Ministerio del Interior “para intentar desviar la atención de que está haciendo una utilización perversa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado” ya que, a su entender, “intentan desviar la atención de las declaraciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha acusado en estos días al PP de tener contabilidad B en cada provincias y comunidad de España”.

En este punto, ha recordado que “no es la primera vez” que el ministro “hace una utilización indebida de su cargo”, ya que en las últimas elecciones catalanas apareció “un informe fantasma” sobre el president, Artur Mas, y sus cuentas en Suiza, que incluso llevó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a decir que “si alguien en el PP tenía dinero en Suiza tendría que dimitir; al final, había dinero del PP y de su extesorero Luis Bárcenas en Suiza, pero nada se sabe del informe fantasma sobre Artur Mas”. Así, ha advertido de que ahora “es igual” y Fernández Díaz hace “una utilización indebida de su cargo poniéndose al servicio de las estrategias electorales del PP”, con el único objetivo de “sembrar dudas sobre el Gobierno de la Junta”.

Por ello, reclama al ministro que aclare “todo lo sucedido con la filtración de ese informe de la Guardia Civil” que, según el socialista, “no está ni en fase judicial, sino que es el planteamiento de una investigación inicial por parte de la Guardia Civil”.

De esta manera, el PSOE pide a Interior que se investigue la formación, no solo en Andalucía sino en todas las comunidades autónomas, y “bajo los mismos parámetros y elementos, y a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), para que queden despejadas todas las dudas de que no se trata de un encargo político para favorecer intereses electorales del PP y para que se despeje cualquier sospecha”.

Jiménez cree que esa investigaciones en todas las comunidades del país es “imprescindible” para “eliminar las sospechas de que se esté cometiendo un uso fraudulento de los medios del Ministerio del Interior”.

http://www.20minutos.es/noticia/2117751/0/

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Aneri: “Yo solo era el relaciones públicas”

El empresario cordobés echa la culpa a su hermano de las presuntas irregularidades

“No suscribí ningún contrato con las asociaciones empresariales”

  Madrid 9 ABR 2014

SCIAMMARELLA

José Luis Aneri, empresario y dueño de Sinergia Empresarial, el único encarcelado por la macroestafa de los cursos de formación subvencionados con dinero público, dice que no se acuerda prácticamente de nada, echa la culpa de todo a su hermano Joaquín y a su contable, Santiago P. Añade que su único cometido en la compañía que gestionó los cursos era “hacer de relaciones públicas”.

Ese es, en resumen, el contenido de la declaración que prestó Aneri el pasado 5 de marzo ante la juez de Madrid que instruye el caso. De su testimonio, se deduce que la memoria le flaquea cuando se le pregunta por asuntos que le inculpan y, en cambio, se muestra nítida cuando le exculpan.

Ante la juez, Aneri insistió en que él solo era un relaciones públicas encargado de “captar clientes” y que su trabajo en Sinergia siempre había estado al margen de las cuentas. Pero algunos correos internos de Sinergia, a los que ha tenido acceso este diario, y testimonios de extrabajadores indican lo contrario: que era él quien daba las órdenes, quien organizaba los cursos y el que elaboraba el papeleo.

Aneri era el dueño de un entramado de sociedades (una veintena de empresas cuya matriz es Sinergia Empresarial) que dieron cursos on linea miles de alumnos inventados. Cuantos más alumnos más cuantiosa era la cantidad de la subvención. La investigación policial eleva lo sustraído al erario público por los falsos cursos, de momento, a unos 16 millones de euros, unos 11 millones de dinero estatal y otros cinco de la Comunidad de Madrid.

Sus clientes eran una treintena de asociaciones empresariales que recibían esas subvenciones para hacer cursos que finalmente encomendaban a las empresas de formación de Aneri. El empresario admitió ser el “dueño y administrador” de Sinergia, pero dijo que no sabía quiénes eran los otros socios. “Solo sé que está mi hermano, pero del resto no sé nada”, declaró.

A través de Sinergia como empresa matriz (y de otras sociedades tejidas supuestamente para blanquear el dinero público), se canalizaban los cursos de formación con alumnos fantasma. El dinero llegaba por adelantado de la Administración a las asociaciones, que muchas veces ponían a Aneri como persona de contacto.

El empresario admitió que cuando se creó Sinergia, en 2007, él era el encargado de todo y habló también de sus socios, Alfonso Tezanos y Víctor Porta, actualmente en libertad con cargos. “Yo mismo llevaba a cabo todas las funciones”, dijo Aneri refiriéndose a esos años. “Los socios eran Tezanos, a través de su hija, Ángela Tezanos, y también Víctor Porta Chacón, que creo que participaba con un 25%, aunque no recuerdo si participaba a través de su esposa”, declaró.

Tezanos y Porta fueron las dos personas que introdujeron a Aneri en el mundo empresarial madrileño en 2007. Ambos ocupaban cargos en la Cámara de Comercio y en la patronal CEIM antes de que estallara el caso.

A preguntas de la juez, Aneri precisó que él prestaba “servicios de asesoramiento a asociaciones de empresas respecto a calidad y formación. Y que, en aquel momento, pesaban, más que la formación, los [cursos de prevención de] riesgos laborales”. Sinergia hacía los cursos con las asociaciones pero “sin suscribir ningún contrato con ellas, salvo que alguna lo pidiera expresamente”, dijo. Es el caso de la Confederación del Taxi, que firmó un convenio con Aneri en 2012 que incluía una cláusula con una gratificación del 20% de la facturación, lo que distintas fuentes de la investigación consideran una mordida en toda regla.

Según Aneri, el objeto siempre era impartir acciones formativas concretas para trabajadores. Las asociaciones solicitaban subvenciones a la Comunidad y, si se las concedían, llamaban a Sinergia dando los detalles e instrucciones. “Y yo me encargaba de que se hicieran los cursos con mi empresa”, admitió Aneri en el juzgado. Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Aneri daba instrucciones a sus trabajadores para diseñar los cursos con manuales plagiados y obtenidos de Google.

El empresario cordobés señaló ante la jueza que los cursos “los planificaba Víctor Porta”. “En 2011 yo no me encargaba de esos detalles. Era Joaquín [su hermano] [SU HERMANO]y antes Felipe Granados Martínez, que se apoyaba en su pareja [Ionela Oraca, que trabajaba en Sinergia y figura como profesora en algunos cursos]. Granados tenía mi confianza plena”. Felipe Granados, también imputado, es cuñado de Alfonso Tezanos y exempleado de Sinergia.

Los investigadores policiales han comprobado que los alumnos, algo más de 10.000, eran inventados, así como la mayoría del profesorado. ¿Quién y cómo se seleccionaban los alumnos?, le preguntó la juez. Aneri contestó que eran las asociaciones las que lo organizaban y que él solo hacía “tareas operativas”.

Aneri declaró que su empresa justificaba que los cursos se hacían: “Había que comunicar antes de siete días los alumnos, el temario y aportar una clave para poder operar en Internet. Estas gestiones las hacía Joaquín Aneri Molina [SU HERMANO]y para ello cobraba un gran salario”. [SU HERMANO]Él asegura que nunca tuvo sueldo, aunque admite: “Yo participaba en los beneficios, pero no puedo precisar la cifra” de ganancias. <TB>

Aneri insistió varias veces en que es su hermano el que tiene toda la documentación de la empresa, que vive en Córdoba, y que se la ha pedido. “Pero no he obtenido repuesta”, subrayó.

El descontrol y ausencia de justificación de los fondos públicos obtenidos por las empresas de Aneri para los cursos ha llevado a Hacienda a levantar actas por fraude; y a la Comunidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a pedir justificaciones de que esos cursos fueron impartidos y que los alumnos eran reales. De ninguno de estos organismos recuerda Aneri haber recibido “comunicación alguna”.

“Cuando llegaba algo de estos organismos, automáticamente se daba [la documentación] a las personas encargadas”. En su intento de difuminar su huella de las operaciones de Sinergia, Aneri señaló que no “recuerda” haber “suscrito ningún contrato como administrador único” de esas empresas, “salvo uno con la asociación Nacional de Empresas de Internet, y otro con Transobras [una de las asociaciones que recibió subvenciones]”.

“Los precios lo acordaban los clientes [las sociedades que encargaban los cursos]. La subvención para Sinergia era irrelevante: el precio era impuesto por la asociación y mi empresa aceptaba el precio y daba el servicio. Y se facturaba por alquiler de plataforma tecnológica, de contenido digital, alojado en esa plataforma…”. Según fuentes de la investigación, de cada 100 euros, Aneri y sus socios se quedaban con unos 70 tras pagar mordidas y sobres en negro y gastos de infraestructura.

Aneri señala que los cursos con los alumnos “se han realizado” y que ello se puede comprobar con el resto de las plataformas, a no ser que se hubieran borrado los datos por un informático por encargo de Joaquín Aneri”. La policía, que ha hecho un muestreo con entrevistas personales entre los supuestos alumnos, ha revelado que prácticamente todos los alumnos eran falsos o se les habían asignado muchos más cursos de los que realmente hicieron.

En su estrategia por tratar de quitarse responsabilidad en la empresa de la que era dueño, José Luis Aneri reconoció haber convocado asambleas para aprobar las cuentas, pero que quien “sabía de todo ese asunto era Santiago P.”. “Es en quien confiaba yo y quien me indicaba dónde debía firmar. He firmado muchas cosas, pero no era consciente de todo, confiaba en las personas que lo elaboraban”. Añadió que ignoraba los beneficios de Sinergia y dijo que la empresa matriz no tuvo ningún auditor de cuentas. “Y si Hacienda no me embargaba nada, era que todo iba bien”.

A preguntas del fiscal, indicó que sí recibió beneficios de las empresas, pero “el especialista[/SU HERMANO] era Santiago y yo firmaba sin conocimiento”. Y que de la operativa general de las empresas se encargaba su hermano Joaquín desde Córdoba: que venía a Madrid una vez a la semana para, [HABLAR]con la personas de confianza en Madrid (Felipe Granados), ultimar asuntos y dar las especificaciones oportunas, ya que era él “el único que dirigía a todos los empleados”.

Sinergia llegó a tener 20 trabajadores. Algunos de ellos han señalado las irregularidades. “No sé cómo dicen que no se han dado los cursos, y me gustaría que me dijeran quiénes son esos miles de alumnos que dicen que no han recibido los cursos”. En los expedientes que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) envió a la policía, aparecían decenas de alumnos de listados procedentes de asociaciones de vendedores ambulantes. Este periódico contactó con el presidente de estos colectivos, Lisardo Hernández Barrul, que aseguró que había facilitado esos listados a Aneri y negó que se hubieran dado esos cursos.

Aneri añade en su defensa que no era Sinergia la encargada de efectuar las gestiones ante la Comunidad de Madrid para obtener subvenciones. Y lo justifica en que desde hace más de tres años hay que tener un certificado digital para firmar esa solicitud y entregar todo el papeleo digitalmente. Es la Cámara de Comercio quien concedía esas firmas. Para ello es necesario que un representante de las organizaciones empresariales lo rubrique. Algunas de las organizaciones han señalado que Aneri había falsificado sus firmas y aseguran que él poseía los certificados digitales para encargarse de la gestión de las subvenciones.

A preguntas de su abogado defensor, Aneri señaló, a modo de resumen: “Ni mi empresa ni yo hemos recibido ninguna cantidad de subvenciones públicas ni he sido requerido para que devuelva dinero alguno de subvenciones públicas de las Administraciones. No tengo poder de ninguna asociación para recibir subvenciones, ni he tramitado en nombre de terceros solicitudes de subvenciones, ni tampoco las he recibido en su nombre. Tampoco mi empresa, Sinergia, ha firmado ningún contrato donde se comprometa a gestionar o tramitar subvenciones. El único contrato que he podido firmar era para impartir cursos, la mayoría de forma verbal. Las indicaciones y el precio de los cursos los ponía el cliente. Tampoco he recibido ningún requerimiento judicial o extrajudicial por incumplimiento de contrato de servicios de ninguna de las asociaciones ni de ninguna administración. La plataforma de cursos on line la dirigía David de T., el informático, y mi hermano desde Córdoba. La parte contable se llevaba desde Córdoba, bajo la supervisión directa de Santiago P. y Leornardo R. Unas asociaciones se implicaban más en los cursos y otras menos, pero nadie me comunicó ninguna irregularidad al respecto”.

Con información de Pilar Álvarez y Álvaro de Cózar

La Tripartita ni inspecciona ni controla los fondos cedidos

FELIPE BETIM

El gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo Álvarez, compareció ayer en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid a petición de IU para aclarar el papel del organismo que dirige en el llamado caso Aneri.

El gerente de la Tripartita —el órgano que gestiona la formación y en el que participan el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos— indicó que entre las funciones de la fundación no están el reparto de fondos, ni la “inspección, seguimiento y control de las ayudas”. “Son las administraciones públicas las que lo hacen”, dijo. Distintos altos cargos regionales arremetieron contra esta fundación por la supuesta falta de control.

Según Luengo, los convenios firmados con la Comunidad de Madrid establecen que la fundación tiene que poner a disposición del Gobierno regional la aplicación informática para que los beneficiados por las ayudas puedan rellenar los campos para pedir las subvenciones. Entre las funciones de la Comunidad se encuentran, mantuvo, “fiscalizar y gestionar las subvenciones”.

La fundación “no tiene la capacidad para detectar si las facturas son verdaderas o no, o si las actividades de formación son realizadas o no”, según el gerente. Eso son “competencias de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Empleo”. El gerente añadió que, pese a todo, la relación del organismo que dirige con la Comunidad “es bastante satisfactoria”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/madrid/1397068337_035005.html

 

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