Entradas etiquetadas como formación para el empleo

“No se sabe qué pasa con los cursos a parados”

SALVADOS | AVANCE

En España se invierten al año 2.100 millones de euros en la formación de los trabajadores. De esa cifra, aproximadamente la mitad se destina a los cursos para desempleados. En el programa del domingo,Salvados se fija en este sistema de formación de parados y cómo el fraude y la corrupción lo han afectado.

Parados y defraudados, en Salvados

Jordi Évole cuenta con varios testigos que han experimentado este fraude en primera persona. Sus testimonios darán a conocer la mecánica de la estafa: “El director de mi centro me acompañaba al banco a cobrar mi nómina y se quedaba una parte”, cuenta Lucía, una formadora.

Las afirmaciones de todos ellos comprueban cómo el fraude se da en distintas comunidades autónomas y se sigue produciendo hoy. Para conocer cómo funciona el sistema español, Jordi Évole visita uno de los centros que ofrecen cursos, en el que una profesora universitaria, formadores y alumnos -algunos parados de larga duración- cuentan su experiencia con el sistema.

Salvados viaja también a Dinamarca para conocer el funcionamiento de su sistema, con más control de la eficacia y un seguimiento más personalizado a los parados.

El espacio cierra con la entrevista de Jordi Évole a Mogens Lykketoft, presidente del Parlamento danés, quién hablará de este fraude de la formación en España y cómo Dinamarca ha conseguido ser uno de los países con menos corrupción en el mundo.

 

http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/sabe-que-pasa-cursos-parados_2014103100202.html

 

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Profesores de los cursos de formación devolvían en ‘B’ parte de sus nóminas

ElAlmería.es
Onda Cero saca a la luz el testimonio de uno de los formadores de empresas bajo sospecha por fraude en las subvenciones

IVÁN GÓMEZ | ACTUALIZADO 09.09.2014 – 01:00

La caja B de las empresas en el ojo del huracán al descubierto. Uno de los profesores de los cursos de formación que desde hace meses están siendo investigados por la justicia ha narrado de manera anónima a la emisora Onda Cero Almería el modus operandi de una de las empresas implicadas en el fraude de las subvenciones para cursos organizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital almeriense. Con su testimonio revela que le ingresaban una nómina muy alta a cambio de devolver la mitad de su salario en un sobre -en negro- bajo la mesa. Según cuenta este profesor que no quiso revelar su identidad a la radio almeriense, “habíamos acordado que de la nómina que me ingresarían, que era extremadamente alta, yo les devolvería el 50% del importe bajo la mesa”. Reconoce, en este sentido, que era una práctica habitual y que todas las academias que conoce piden un tanto por ciento diferente a los profesores que imparten los cursos de formación investigados por cometer presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y falsedad documental. La exclusiva de Onda Cero viene a confirmar las prácticas ilegales sobre las que se tendrán que depurar responsabilidades en los próximos meses. El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha incoado recientemente diligencias previas para investigar una denuncia particular que refiere presuntas irregularidades en relación a “unos” cursos de formación organizados por el SAE en la capital, un procedimiento penal es independiente al que instruye desde junio la titular del juzgado número 4 de Almería a raíz de la denuncia que formuló la Fiscalía Provincial en el marco de conocido como caso ‘Edu’ al apreciar indicios de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias en las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 con respecto a un total de cuatro empresas.

El Ministerio Público abrió en julio diligencias de investigación tras recibir la citada denuncia y resolvió enviarlas al Decanato de los Juzgados de Almería para solicitar la incoación de un procedimiento penal encaminado a la comprobación de los hechos denunciados y la averiguación de los responsables. La juez del caso ‘Edu’ resolvió este mes prorrogar por segunda vez durante un mes el secreto de las actuaciones que decretó en junio a la espera de recibir el informe “más en profundidad” solicitado a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF. En un segundo informe, “se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería” aunque matiza que “no se realiza una investigación profunda y detallada”. Sí hace mención a que en el citado informe se citan “varias” empresas en las que se “han detectado diversas irregularidades” y recoge cuatro en concreto: “Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL”.

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El Gobierno fuerza a los agentes sociales a cambiar el modelo de formación para acabar con el fraude y hacerlo eficaz

lainformacion.com

Quique Rodríguez

viernes, 01/08/14 – 22:28

  • Sindicatos, empresarios y Empleo negocian desde hace más de medio año una reforma del sistema de formación para el empleo anunciada por Rajoy.
  • La intención era alcanzar un acuerdo en julio, pero los agentes sociales lo rechazaron y Empleo ha buscado una fórmula para introducir los cambios de facto.
Engracia Hidalgo
Se acabó el monopolio de los agentes sociales en la impartición de la formación continua de los trabajadores. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado ya en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación la intención de su Ejecutivo de reformar el sistema de formación para el empleo de nuestro país en busca de mayor eficacia y transparencia. Un  modelo cuya eficiencia ha sido cuestionada de forma casi permanente desde su nacimiento y cuyo prestigio social está en caída libre debido a los numerosos escándalos de corrupción y fraude que vienen detectándose desde hace tiempo.

Ya en 2012, el Gobierno Popular introdujo cambios para que las entidades de formación debidamente acreditadas pudieran competir con los agentes sociales en la adjudicación de estos planes de formación, que cuentan en la actualidad con un presupuesto anual de 180 millones de euros, sufragados casi en su totalidad a través de las cotizaciones a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional de trabajadores (0,6%) y empresas (0,1%). Hace tan sólo unos años, antes de la caída del número de cotizantes por la destrucción de empleo y de las políticas de austeridad en los presupuestos públicos, esos planes de formación recibían más del doble de financiación, unos 400 millones de euros anuales.

El pasado año, en torno al 30% del presupuesto ya se sometió a la libre concurrencia de los centros de formación autorizados, por lo que los agentes sociales perdieron parte de su monopolio. Pero según ha podido saber Lainformacion.com, la convocatoria de este año 2014 no se había aprobado hasta el mediodía de este viernes 1 de agosto porque estaba supeditada al acuerdo sobre la reforma del sistema, el porcentaje del presupuesto que se abrirá a la libre competencia de cualquier centro de formación, en competencia con los agentes sociales, será el 50% en la formación denominada de oferta (la que proponen las organizaciones sociales, con un presupuesto de 140 millones de euros). A ello hay que añadir que en los planes de formación dirigidos a los jóvenes, de 40 millones de euros, se adjudicarán al 100% mediante esa política de libre concurrencia en los concursos.

Negociaciones sin acuerdo por el momento

La intención del departamento de Empleo, en unas negociaciones que está liderando de manera personal la secretaria de Estado de Empleo,Engracia Hidalgo, era tener perfilada la reforma del modelo de formación durante este mes de julio, antes de la interrupción del curso político por las vacaciones, como ha sucedido con la nueva Ley de Mutuas, el portal único de ofertas de empleo o el modelo de colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos de empleo.

No obstante, desde el Ejecutivo se ha priorizado que esa reforma del modelo de formación de los trabajadores se lleve a cabo de forma consensuada con losinterlocutores sociales. Pero éstos han rechazado los términos del acuerdo en los últimos contactos mantenidos esta misma semana. Y ello a pesar del pacto entre Gobierno y los mismos agentes sociales para poner en marcha un plan de crecimiento y empleo que aludía a la reforma de este sistema de formación, y que tuvo su puesta de largo el pasado martes 29 de julio en una reunión al más alto nivel en Moncloa con la presencia de Rajoy, la ministra Báñez, Rosell, Toxo, Méndez y Terciado (presidente de Cepyme).

Así las cosas, esta misma mañana se ha convocado una reunión del patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, fundación pública que gestiona este sistema de formación, que es dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y está integrada por la Administración central, y los sindicatos y organizaciones empresariales mayoritarias, las mismas que se reunieron con Rajoy el martes.

En esa reunión se ha abordado la convocatoria pendiente de los planes de formación para este año 2014 y en ella se han introducido, de facto, los cambios sobre los que el acuerdo había sido imposible horas antes y que cambian a partir de ahora el modelo de formación de trabajadores 

Libre competencia entre centros de formación y fin al monopolio de los agentes sociales

Además de la citada ampliación de la libre competencia al 50% de los planes para este año 2014, en el documento aprobado hoy por unanimidad por el patronado de la Tripartita se adelanta que “la presente convocatoria será la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo de formación profesional para el empleo”. Y se añade que “con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos”. Es decir, a partir del próximo año, los agentes sociales pierden por completo el monopolio de este tipo de formación y el 100% del presupuesto estará abierto a la libre competencia entre los centros de formación autorizados.

El documento también señala que “el nuevo modelo deberá estar operativoy resultar de aplicación a todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral a partir del 1 de enero de 2015”. De esta forma se pone fecha máxima para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo.Las negociaciones con los agentes sociales se retomarán en septiembrey si no se alcanzase un acuerdo para la definitiva reforma del sistema de formación, el Ejecutivo ha asegurado en público en sucesivas ocasiones que legislará por su cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que a finales de año nos encontraremos ante las puertas de un año electoral, por lo que está por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno si no llega a ese pacto con los agentes sociales.

Los cambios introducidos en el sistema de formación para el empleo

No obstante, el resto de cambios principales que se introducirían en el modelo para luchar contra el fraude y buscar una mayor eficacia de la formación para el empleo, ya se han incluido de facto en la convocatoria aprobada hoy, en una reunión que ha sido tensa, larga e intensa.

Sindicatos y patronales ya no serán juez y parte

Entre estos cambios destaca que los sindicatos y organizaciones empresariales dejan de formar parte del órgano colegiado que supervisa los concursos de los planes de formación, de forma que dejan de ser juez y parte, una de las principales acusaciones que se les han hecho históricamente.

Nueva unidad especializada de la Inspección de Trabajo para evitar fraudes

Además, se recoge en el documento aprobado hoy la futura creación de unaunidad especializada en la Inspección de Trabajo para luchar contra el fraude: “Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya, entre otras cuestiones, la imposibilidad para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad; así como de un buzón de denuncias de malas prácticas e irregularidades en el ámbito de la formación para el empleo”.

No se adelantará el 100% del importe de la subvención y habrá que acreditar su ejecución

Hasta ahora las entidades que resultaban adjudicatarias de los planes de formación recibían por adelantado el cien por cien del presupuesto de los proyectos, algo que ya no sucederá. Ya en este año 2014, los adjudicatarios percibirán de entrada el 50% de la financiación y dos plazos del 25% cuando se comuniquen los participantes en las acciones formativas una vez hayan comenzado a desarrollarse, y cuando se acredite su total ejecución.

No hay que olvidar que una de las formas de fraude consistía en recibir esas subvenciones para cursos que no llegaban a celebrarse y en los que se inscribía a falsos alumnos.

Límites a la subcontratación de cursos

Por último, la convocatoria de este año recoge otro cambio importante en aras de la lucha contra la corrupción y en busca de la efectividad de los planes de formación. Hasta ahora, las entidades adjudicatarias solían subcontratar a terceras empresas de formación la ejecución de los planes, generando unasituación de privilegio para los agentes sociales como intermediarios necesarios y creando una red de pleitesías, dependencias, favores e intereses.

Para poner coto a esta situación se limita al 50% el importe de las subvenciones para cursos que los adjudicatarios podrán subcontratar a terceros, lo que obliga a tener potencial suficiente para poner en marcha, al menos, la mitad de los planes de formación sin subcontratarlos. En ocasiones, los adjudicatarios carecían de la infraestructura y logística necesaria para acometer esos planes de formación. Por ello, ya desde el año pasado se les exigía que contasen con una estructura mínima de personal estable durante el último año de al menos dos empleados.

http://noticias.lainformacion.com/espana/el-gobierno-fuerza-a-los-agentes-sociales-a-cambiar-el-modelo-de-formacion-para-acabar-con-el-fraude-y-hacerlo-eficaz_d0uaXf3VVlYT9J6eCXaGi2/

 

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Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA

  • El sindicato llevaba ‘años sin justificar’ los cursos pero siguió obteniendo ayudas

  • La CEA impidió de facto revisar sus aulas al convocar 100 cursos la víspera de su inicio

  • UGT-A ordenó borrar el nombre de Manuel Pastrana en la factura de un viaje

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco...

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco Carbonero (CCOO), la semana pasada. J. M.

La confesión de un alto funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto en el disparadero judicial no sólo a UGT y sus facturas falsasdestapadas por EL MUNDO, sino también a CCOO y a la patronal andaluza, a los que el empleado autonómico acusa también de irregularidades en los cursos de formación.

Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional -adscrito ahora a la Consejería de Educación de la Junta que dirige el socialista Luciano Alonso-, denunció en agosto de 2013 (justo en medio de las revelaciones de EL MUNDO sobre la financiación ugetista) las “graves irregularidades” en la gestión de los cursos de formación que habrían consentido los sucesivos gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.

En su declaración ante los especialistas en Delincuencia Económica de la Guardia Civil -que figura en el segundo tomo del sumario que terminó asumiendo el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla tras pasar por las manos de la juez Mercedes Alaya-, no deja títere con cabeza.

Despreciar la inspección

Además de señalar con el dedo a UGT, Montes acusa en firme al otro sindicato mayoritario, CCOO, y a la patronal andaluza, la CEA, dedespreciar y burlar sin ningún complejo a los funcionarios de la Administración regional encargados de inspeccionar y controlar los cursos de formación, principalmente porque «los informes negativos o con impedimentos» que elevaban a los antiguos responsables de la Consejería de Empleo no tenían «ningún efecto», puesto que, «al contrario de lo que pudiera pensarse», la Junta les beneficiaba «con más adjudicaciones» de cursos al año siguiente.

Esa impunidad ha provocado que, según este jefe de departamento, «CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones». Cobra sentido que los responsables de UGT de Andalucía hayan estado presumiendo, desde que estallara el caso de las facturas falsas, de haber sido la organización que más cursos había realizado y justificado ante la Junta: una forma sutil de acusar al resto de firmantes de los acuerdos de la concertación social impulsados sucesivamente por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mucho antes de comprobar la justificación efectiva de los cursos celebrados, la Administración regional tenía que homologar los centros de formación donde se iban a impartir aquéllos. Pero esa fase de control previa tampoco era efectiva, entre otras razones por artimañas de los agentes sociales. Ahí Montes señala con el dedo a la patronal andaluza, ya que la CEA habría llegado a presentar «más de cien cursos justo el día anterior» de su comienzo, «lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo».

Malos controles

El funcionario resalta que, paradójicamente, sindicatos y empresarios han llegado a alegar ante la Junta que, si iniciaban los cursos sin tener los centros homologados, era «por el mal funcionamiento del departamento de control». Y al final salían ganando, ya que los responsables de la Consejería de Empleo mantuvieron abierto el generoso grifo de las ayudas para la formación mientras internamente se dedicaban a dar «órdenes» para poner «todo tipo de impedimentos» a la labor inspectora.

El Gobierno andaluz también habría ajustado la ley a la medida de los presuntos infractores. Como las ayudas concedidas eran multimillonarias, se comprobó que «los agentes sociales no eran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas». Con esa reforma, asegura el alto funcionario, se permitió a sindicatos y empresarios cobrarle a las subcontratas una «comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%», justo el porcentaje al que apelaba el pasado viernes la líder de UGT-A, Carmen Castilla.

En el resumen de la declaración de Montes remitido por la Guardia Civil al juzgado, se resalta que «pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes», destacando los agentes de la UCO que éstas «permitían que los fondos dedicados a cursos de formación se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta».

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/22/53ce0197e2704e35058b456c.html

 

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Formación para el empleo

diariodesevilla.es
La tribuna

Jesús Cruz Villalón | Actualizado 10.05.2014 – 01:00

  EL sistema de formación profesional para el empleo (es decir para los que ya están fuera del sistema reglado de formación, bien ya trabajando o bien parados) se ha vuelto a poner en discusión, con críticas importantes respecto de los resultados materiales producidos, aparte de los ya recurrentes y desgraciados asuntos de sospechas de posible corrupción en el uso de los fondos destinados al efecto. Dejando al margen este último asunto, por cuanto que los datos disponibles en estos momentos son confusos e insuficientes como para poder hacer una valoración, resulta especialmente importante afrontar la cuestión de fondo relativa a los objetivos y eficacia de las políticas públicas en materia de formación para el empleo.
No cabe la menor duda de que el sistema que ha venido rigiendo hasta el presente ha dejado mucho que desear y, a pesar de la cantidad de fondos destinados a tales políticas y del elevado número de cursos impartidos, los resultados han sido muy inferiores a los esperables y deseables. Eso sí, con todas las críticas que merezca el sistema actual, debe partirse de tres advertencias previas: una, que los problemas de eficacia del sistema son comunes a todas las comunidades autónomas, incluso a la propia gestión estatal, sin que las cosas sean muy diferentes en Andalucía más allá de que el punto de partida es el de unos niveles formativos de base inferiores derivados de tasas de fracaso escolar más intensas; dos, que la efectividad de la formación profesional no puede calibrarse sólo a resultas de las tasas de desempleo existentes, porque por mucha preparación que tengan los parados no vamos a lograr superiores tasas de ocupación, dado que las oportunidades de empleo dependen principalmente del crecimiento económico y no la empleabilidad de los demandantes de trabajo; tres, que los malos resultados de la formación para el empleo no deben llevarnos a la conclusión de que ésta resulte innecesaria, ya que existen intensas carencias formativas en la población en edad de trabajar que perjudican la productividad de las empresas, que la crisis del sector de la construcción exige todavía de un importante proceso de reciclaje de los parados que necesariamente tendrán que buscar empleo en otras actividades profesionales, así como que un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación requiere de una formación permanente de la población ocupada.

Por lo demás, los problemas se aprecian con independencia del modelo de gestión existente, que es lo único que se discute en estos momentos. Se trate de gestión pública, privada o por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, las ineficiencias y uso poco positivo de los fondos destinados a la formación se detectan por igual. Por ello, es necesario ir más al fondo del asunto, para romper ciertas prácticas y culturas que están lastrando el sistema.

Así, ante todo se aprecia una escasa cultura de la formación, más allá de lo que se diga públicamente, de modo que ninguno de los agentes y destinatarios asumen internamente su real utilidad. Las empresas en las más de las ocasiones no se sienten involucradas en la mejor formación de sus trabajadores, entre otras razones porque existe una muy alta rotación de sus empleados que no les incentiva a formarlos, porque de manera inmediata en las más de las ocasiones no asumen los costes de la formación y porque no perciben realmente la necesidad de incorporar cambios innovadores que les lleven a exigir mayor formación a sus empleados. Los trabajadores porque asisten desmotivados a los cursos, pues no acaban de percibir que su formación real esté conectada en la práctica con sus expectativas de estabilidad en el empleo, de recolocación o de progreso profesional, de modo que acuden a los cursos para cumplir un trámite burocrático o simplemente para obtener un título que incorporar a su currículo. Las empresas de formación porque están poco controladas en cuanto a la calidad de la formación ofrecida y sólo respecto de los datos cuantitativos de horas impartidas y trabajadores inscritos. A la propia Administración, por cuanto que está más interesada en los datos estadísticos del número de cursos impartidos y de la ratio que ello representa respecto del conjunto de la población activa, que a los resultados efectivos en términos de mejora de la formación de los trabajadores.

El resultado de todo ello es que se organizan cursos de carácter general, que son los más fáciles de ofrecer y que pueden dirigirse a un mayor número de empresas y trabajadores, cuando se constata que son los más ineficaces al tiempo que se muestra que los realmente efectivos son los especializados. En definitiva, no se acaban de tomar como referencia los estudios sobre previsiones de demanda de cualificaciones profesionales para la anticipación de las demandas de formación tanto de los ocupados como de los desempleados.


http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1769532/formacion/para/empleo.html


 

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El precio de la paz social

El Mundo

CARLOS CUESTA

Actualizado: 26/04/2014 11:33 horas

ERE, fondos de formación, subvenciones en general. Todo un universo de recursos carentes de control que debían pasar por unas mismas manos: las sindicales. Manos que repartían con políticos y empresas, como sostiene la acusación; o que directamente se financiaban con los fondos, como apunta la juez. Y manos que ya hoy desfilan ante Alaya como imputados, tanto de CCOO como de UGT.

Y es ahí donde surge la gran pregunta: ¿cuál era el poder de los sindicatos para convertirse en eje de ese triángulo? Y la respuesta no debe buscarse sólo en el patio socialista, sino en el del PP y del resto de formaciones con poder en cada territorio español. Porque la moneda de cambio ofrecida por los sindicatos ha sido la misma en todos los casos: la supuesta paz social. Una moneda que han comprado nuestros políticos de una manera tan generalizada como irresponsable y que ha permitido llegar a los actuales escándalos.

Los fraudes estallan ahora porque la gente denuncia al verse fuera del barco

Porque resulta impensable que fraudes como los que ahora explotan hayan permanecido invisibles durante décadas a los ojos, sí, de los gobernantes autonómicos, pero también de los nacionales; de la Fiscalía; o de los cargos municipales de unos y otros partidos. Y porque si ahora estallan no es por un alarde de celo investigador, sino porque la crisis y el inevitable recorte de subvenciones han llevado a los gigantescos aparatos sindicales a tener que despedir gente: gente que ha denunciado las tramas al verse fuera del barco.

Por eso hoy descubrimos que un sindicato como CCOO, junto a algunos de sus principales sindicalistas, han llegado a sumar activos empresariales por más de 292 millones de euros. Activos distribuidos en una red societaria que supera las 110 empresas, capaz justificar una facturación anual de 63,6 millones. ¿Es posible juntar semejante estructura en dos noches sin que nadie se entere? ¿Es posible ocultarlo cuando los datos se pueden comprobar en el Registro Mercantil?

O descubrimos que UGT, más algunos de sus grandes afiliados, comparten la afición empresarial hasta el punto de rebasar los 314 millones en activos en un centenar de sociedades muy, pero que muy eficaces: su facturación anual alcanza los 68,5 millones.

¿Tampoco nadie se enteraba? ¿A nadie le extrañaba semejante capacidad para generar beneficios en áreas tan dispares como los seguros, hoteles, promoción inmobiliaria, reprografía, programación informática, contratación de valores mobiliarios, servicios televisivos, comercio al por menor de alimentación o bebidas, salones recreativos o arquitectura?

Nos ha salido cara la pretendida paz social. Muy cara.

http://www.elmundo.es/espana/2014/04/26/535ac1a522601d614e8b4582.html

¿Una paz social o empresarial?

Sindicatos, patronal y gobierno configuran el sistema tripartito.

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La Junta comenzó a investigar los cursos por los “mentideros políticos”

Diario de Sevilla

En septiembre, la parlamentaria Ruiz Sillero (PP) pidió al consejero de Educación que investigase de oficio caso por caso.

J. M. M. P., sevilla | Actualizado 23.04.2014 – 10:35

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sostuvo ayer que la Consejería de Educación inició la revisión de todos los cursos de formación para parados desde el año 2007 ante “las denuncias en los mentideros políticos”, pero rechazó que el motivo fuera una declaración del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal implicado del caso de los ERE, ante la juez Mercedes Alaya. Guerrero había explicado que los cursos de formación constituían un segundo “fondos de reptiles”, aún mayor que el de los ERE, según apuntó. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, Vázquez explicó que la presidenta andaluza Susana Díaz había decidido dar un vuelco al método de concesión de los cursos de formación, que hasta entonces no requería de una concurrencia competitiva; la Consejería de Empleo se había convertido en un dolor constante para el entonces presidente Griñán a causa de los ERE, aunque ya entonces se habían trasladado las competencias de Formación Profesional a la Consejería de Educación.

Pero el 26 de septiembre de 2013, a los pocos días de que Luciano Alonso tomara posesión como consejero de Educación, la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero le preguntó por qué no revisaba cada uno de los cursos, caso por caso. Ruiz Sillero denunció en esa sesión, y así consta en el diario de sesiones del Parlamento, que el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda facturó 50 millones de euros entre 2009 y 2011, y que sólo en el caso de los cursos de Dephi, sus empresas manejaron 34 millones de los 64 totales. También mantuvo que la entonces directora general de Formación, Teresa Florido, era cuñada de este ex consejero del mandato de Rodríguez de la Borbolla. No obstante, la queja de la parlamentaria popular era doble, porque si bien denunciaba lo que ella entendía como un caso de corrupción, urgió al nuevo consejero a pagar las deudas a las empresas de cursos y a sacar una nueva convocatoria en 2013-2014.

Esto es, precisamente, lo que no hizo la Consejería de Educación. Como Susana Díaz había anunciado, la Formación Profesional iba a tener un nuevo marco legal, más estricto y público, por lo que, de momento, no han vuelto a concederse más cursos.

Luciano Alonso informó al Parlamento el 12 de febrero pasado que fue en noviembre, dos meses después de la denuncia de Ruiz Sillero, cuando comenzó a revisar todos los cursos desde 2007, fruto de ello es que, hasta ahora, hay 480 requerimientos de información a empresas y 56 expedientes de reintegro de la subvención, parcial o total. La Junta lleva siete meses investigando la concesión de estos cursos, que también están en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef), aunque, de momento, centrado en 17 empresas de la provincia de Málaga.

Hasta el momento, la Consejería de Educación, ni ayer el portavoz del Gobierno andaluz, han facilitado la cantidad de dinero que se le está pidiendo a las empresas subvencionadas por esos 56 cursos.


http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1756830/la/junta/niega/fraude/los/fondos/formacion/para/empleo/porque/procedimiento/sigue/abierto.html

 

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