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La semana que viene, más Salvados… Con el fraude de los cursos de formación a los parados ( y a los no parados)

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Profesores de los cursos de formación devolvían en ‘B’ parte de sus nóminas

ElAlmería.es
Onda Cero saca a la luz el testimonio de uno de los formadores de empresas bajo sospecha por fraude en las subvenciones

IVÁN GÓMEZ | ACTUALIZADO 09.09.2014 – 01:00

La caja B de las empresas en el ojo del huracán al descubierto. Uno de los profesores de los cursos de formación que desde hace meses están siendo investigados por la justicia ha narrado de manera anónima a la emisora Onda Cero Almería el modus operandi de una de las empresas implicadas en el fraude de las subvenciones para cursos organizados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la capital almeriense. Con su testimonio revela que le ingresaban una nómina muy alta a cambio de devolver la mitad de su salario en un sobre -en negro- bajo la mesa. Según cuenta este profesor que no quiso revelar su identidad a la radio almeriense, “habíamos acordado que de la nómina que me ingresarían, que era extremadamente alta, yo les devolvería el 50% del importe bajo la mesa”. Reconoce, en este sentido, que era una práctica habitual y que todas las academias que conoce piden un tanto por ciento diferente a los profesores que imparten los cursos de formación investigados por cometer presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y falsedad documental. La exclusiva de Onda Cero viene a confirmar las prácticas ilegales sobre las que se tendrán que depurar responsabilidades en los próximos meses. El Juzgado de Instrucción 6 de Almería ha incoado recientemente diligencias previas para investigar una denuncia particular que refiere presuntas irregularidades en relación a “unos” cursos de formación organizados por el SAE en la capital, un procedimiento penal es independiente al que instruye desde junio la titular del juzgado número 4 de Almería a raíz de la denuncia que formuló la Fiscalía Provincial en el marco de conocido como caso ‘Edu’ al apreciar indicios de supuestos fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias en las resoluciones de 20 de enero de 2010 y 26 de enero de 2011 con respecto a un total de cuatro empresas.

El Ministerio Público abrió en julio diligencias de investigación tras recibir la citada denuncia y resolvió enviarlas al Decanato de los Juzgados de Almería para solicitar la incoación de un procedimiento penal encaminado a la comprobación de los hechos denunciados y la averiguación de los responsables. La juez del caso ‘Edu’ resolvió este mes prorrogar por segunda vez durante un mes el secreto de las actuaciones que decretó en junio a la espera de recibir el informe “más en profundidad” solicitado a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF. En un segundo informe, “se alude a que irregularidades similares a las detectadas en la provincia de Málaga se han producido en la provincia de Almería” aunque matiza que “no se realiza una investigación profunda y detallada”. Sí hace mención a que en el citado informe se citan “varias” empresas en las que se “han detectado diversas irregularidades” y recoge cuatro en concreto: “Quintaeventos SL; Ormar Informatic SL; Inmecamar SL; y Academia Infosol SL”.

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Un alto funcionario de la Junta implica en el fraude a CCOO y CEA

  • El sindicato llevaba ‘años sin justificar’ los cursos pero siguió obteniendo ayudas

  • La CEA impidió de facto revisar sus aulas al convocar 100 cursos la víspera de su inicio

  • UGT-A ordenó borrar el nombre de Manuel Pastrana en la factura de un viaje

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco...

Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT-A) y Francisco Carbonero (CCOO), la semana pasada. J. M.

La confesión de un alto funcionario de la Junta de Andalucía ha puesto en el disparadero judicial no sólo a UGT y sus facturas falsasdestapadas por EL MUNDO, sino también a CCOO y a la patronal andaluza, a los que el empleado autonómico acusa también de irregularidades en los cursos de formación.

Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional -adscrito ahora a la Consejería de Educación de la Junta que dirige el socialista Luciano Alonso-, denunció en agosto de 2013 (justo en medio de las revelaciones de EL MUNDO sobre la financiación ugetista) las “graves irregularidades” en la gestión de los cursos de formación que habrían consentido los sucesivos gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.

En su declaración ante los especialistas en Delincuencia Económica de la Guardia Civil -que figura en el segundo tomo del sumario que terminó asumiendo el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla tras pasar por las manos de la juez Mercedes Alaya-, no deja títere con cabeza.

Despreciar la inspección

Además de señalar con el dedo a UGT, Montes acusa en firme al otro sindicato mayoritario, CCOO, y a la patronal andaluza, la CEA, dedespreciar y burlar sin ningún complejo a los funcionarios de la Administración regional encargados de inspeccionar y controlar los cursos de formación, principalmente porque «los informes negativos o con impedimentos» que elevaban a los antiguos responsables de la Consejería de Empleo no tenían «ningún efecto», puesto que, «al contrario de lo que pudiera pensarse», la Junta les beneficiaba «con más adjudicaciones» de cursos al año siguiente.

Esa impunidad ha provocado que, según este jefe de departamento, «CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones». Cobra sentido que los responsables de UGT de Andalucía hayan estado presumiendo, desde que estallara el caso de las facturas falsas, de haber sido la organización que más cursos había realizado y justificado ante la Junta: una forma sutil de acusar al resto de firmantes de los acuerdos de la concertación social impulsados sucesivamente por los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Mucho antes de comprobar la justificación efectiva de los cursos celebrados, la Administración regional tenía que homologar los centros de formación donde se iban a impartir aquéllos. Pero esa fase de control previa tampoco era efectiva, entre otras razones por artimañas de los agentes sociales. Ahí Montes señala con el dedo a la patronal andaluza, ya que la CEA habría llegado a presentar «más de cien cursos justo el día anterior» de su comienzo, «lo que impide la labor de homologación de los centros por falta material de tiempo».

Malos controles

El funcionario resalta que, paradójicamente, sindicatos y empresarios han llegado a alegar ante la Junta que, si iniciaban los cursos sin tener los centros homologados, era «por el mal funcionamiento del departamento de control». Y al final salían ganando, ya que los responsables de la Consejería de Empleo mantuvieron abierto el generoso grifo de las ayudas para la formación mientras internamente se dedicaban a dar «órdenes» para poner «todo tipo de impedimentos» a la labor inspectora.

El Gobierno andaluz también habría ajustado la ley a la medida de los presuntos infractores. Como las ayudas concedidas eran multimillonarias, se comprobó que «los agentes sociales no eran capaces de gestionar todas las acciones formativas, lo que motivó que cambiara la legislación permitiendo la subrogación, incluso dos veces, de la asignación de las acciones formativas». Con esa reforma, asegura el alto funcionario, se permitió a sindicatos y empresarios cobrarle a las subcontratas una «comisión cuya cuantía no especifica la norma, pero que normalmente asciende al 20%», justo el porcentaje al que apelaba el pasado viernes la líder de UGT-A, Carmen Castilla.

En el resumen de la declaración de Montes remitido por la Guardia Civil al juzgado, se resalta que «pone en evidencia la existencia de presuntas irregularidades en todos los órdenes», destacando los agentes de la UCO que éstas «permitían que los fondos dedicados a cursos de formación se adjudicaran de manera arbitraria a determinados agentes sociales, fundaciones y empresas relacionadas políticamente, e incluso familiarmente, con altos cargos del PSOE en Andalucía, así como de la propia Junta».

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/07/22/53ce0197e2704e35058b456c.html

 

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